Derechos civiles y políticos en la legislación cubana (II)

13Lic.Dayana Cruz Vega

Los Derechos Humanos no son eternos ni únicos y no pueden ser analizados de forma abstracta y ajena a las concepciones de clase y sociedad. La legislación nacional y las obligaciones internacionales contraídas por los Estados, establecen el marco legal para el ejercicio de los derechos y libertades de cada individuo en la sociedad.

La protección y promoción de los derechos y libertades requiere como componente decisivo la aplicación de políticas y programas gubernamentales dirigidos a su fomento y apoyo, que en Cuba se han tomado como pantalla para que los jefes y dirigentes a cargo de los “programas” se apropien de los recursos.

El análisis de la situación de derechos humanos, debe tomar en cuenta el contexto nacional, regional, el patrimonio histórico, religioso, jurídico y cultural, y en especial, su sistema político, económico y social.

La Declaración Universal en su artículo 22 establece: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por su parte, establece en su Preámbulo que No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Con relación a la promoción y protección de los Derechos Humanos, en Cuba se sigue un enfoque selectivo e individualista. La potenciación extrema del individuo conduce al soslayo de los deberes de la persona para con el resto de la sociedad e incluso, a desconocer el ámbito colectivo de disfrute de algunos derechos, como el de los pueblos a la paz, al desarrollo, a la libre determinación y a la libertad de asociación y al libre ejercicio de la abogacía.

Una concepción objetiva y justa de los Derechos Humanos, al tiempo que potencie y proteja el disfrute individual de derechos y libertades –la más amplia y plena realización de cada ser humano-, debe tener presente que el individuo no puede desarrollar su personalidad y ejercer sus derechos ajeno a las relaciones sociales y en detrimento de los intereses de la sociedad.

En Cuba se puede observar una contradicción entre lo que establece la Constitución de la República con las normas internacionalmente aceptadas en materia de democracia y derechos humanos, al no permitir la pluralidad y la participación política.

El proclamado sistema democrático cubano no cumple los requisitos de autenticidad, legitimidad, justicia y efectividad.

 

Prisión para los Pactos de la ONU

Wilfredo Vallín Almeida

Hemos hablando en múltiples ocasiones, del sistema jurídico cubano donde la policía responde al Estado, donde la Fiscalía responde al Estado, donde los Tribunales responden al Estado y donde los abogados de los Bufetes Colectivos temen enfrentarse al Estado.

A contrario sensu de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo, aquí los abogados no pueden comparecer, hasta tanto no se haya dictado una medida cautelar por la fiscalía, varios días después de la detención del acusado.

Cuando el letrado logra entrevistarse con su defendido, ya todo está hecho: no participó en las actuaciones desde el comienzo y tendrá que aceptar las cosas como se las presenten.

Esta es, a grosso modo, la situación que deberá enfrentar Antonio González Rodiles en el juicio a que será sometido por “resistencia al arresto” cuando compareció ante la Sección 21 de la Seguridad del Estado para averiguar sobre el paradero de la abogada Yaremis Flores detenida previamente.

La primera realidad que deberá aclararse en este asunto es ¿Realmente ofreció resistencia a su detención?

Los testigos presenciales, (¿serán admitidos como testigos en el juicio oral?) dicen cosas muy distintas tales como que:

  1. En ningún momento la turba vestida de civil que se abalanzó contra los allí presentes, se identificó como agentes de la autoridad.
  2. Ellos fueron los primeros en agredir a los presentes en una proporción de cuatro a uno.
  3. Rodiles recibió varios golpes en la cara y en el cuerpo que el instructor policial de su caso, los padres del detenido y su compañera vieron claramente.

La segunda y aun más importante realidad es esta otra: ¿Antonio va a ser juzgado por ese “delito” o hay más detrás de todo esto?

El asunto es que Antonio Rodiles es el coordinador nacional de la Campaña Ciudadana por Otra Cuba en la que se insta al gobierno cubano a RATIFICAR el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales derivados ambos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hace ya casi cinco años que el gobierno firmó esos Pactos en Nueva York sin que los haya publicado, ni informado a la ciudadanía sobre sus contenidos y alcance. Esa campaña crece cada día más y comienza a preocupar a los que no quieren ratificar semejantes documentos internacionales.

Y es lo que conllevaría esa ratificación lo que conduce a los preocupados a considerar,- en mi opinión, de forma absolutamente equivocada-, que con el encarcelamiento de Rodiles se resuelve el asunto porque con él entrarían también en la prisión los Pactos de la ONU.