Prisión para los Pactos de la ONU

Wilfredo Vallín Almeida

Hemos hablando en múltiples ocasiones, del sistema jurídico cubano donde la policía responde al Estado, donde la Fiscalía responde al Estado, donde los Tribunales responden al Estado y donde los abogados de los Bufetes Colectivos temen enfrentarse al Estado.

A contrario sensu de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo, aquí los abogados no pueden comparecer, hasta tanto no se haya dictado una medida cautelar por la fiscalía, varios días después de la detención del acusado.

Cuando el letrado logra entrevistarse con su defendido, ya todo está hecho: no participó en las actuaciones desde el comienzo y tendrá que aceptar las cosas como se las presenten.

Esta es, a grosso modo, la situación que deberá enfrentar Antonio González Rodiles en el juicio a que será sometido por “resistencia al arresto” cuando compareció ante la Sección 21 de la Seguridad del Estado para averiguar sobre el paradero de la abogada Yaremis Flores detenida previamente.

La primera realidad que deberá aclararse en este asunto es ¿Realmente ofreció resistencia a su detención?

Los testigos presenciales, (¿serán admitidos como testigos en el juicio oral?) dicen cosas muy distintas tales como que:

  1. En ningún momento la turba vestida de civil que se abalanzó contra los allí presentes, se identificó como agentes de la autoridad.
  2. Ellos fueron los primeros en agredir a los presentes en una proporción de cuatro a uno.
  3. Rodiles recibió varios golpes en la cara y en el cuerpo que el instructor policial de su caso, los padres del detenido y su compañera vieron claramente.

La segunda y aun más importante realidad es esta otra: ¿Antonio va a ser juzgado por ese “delito” o hay más detrás de todo esto?

El asunto es que Antonio Rodiles es el coordinador nacional de la Campaña Ciudadana por Otra Cuba en la que se insta al gobierno cubano a RATIFICAR el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales derivados ambos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Hace ya casi cinco años que el gobierno firmó esos Pactos en Nueva York sin que los haya publicado, ni informado a la ciudadanía sobre sus contenidos y alcance. Esa campaña crece cada día más y comienza a preocupar a los que no quieren ratificar semejantes documentos internacionales.

Y es lo que conllevaría esa ratificación lo que conduce a los preocupados a considerar,- en mi opinión, de forma absolutamente equivocada-, que con el encarcelamiento de Rodiles se resuelve el asunto porque con él entrarían también en la prisión los Pactos de la ONU.

 

En Verdad

Wilfredo Vallín Almeida

Por un momento pensé que todo transcurriría sin incidentes, que el cortejo fúnebre llegaría sin percance hasta la necrópolis de Colón y los restos mortales  del Premio Sajárov de Derechos Humanos, Oswaldo Payá Sardiñas,  serían despedidos en paz.

Desde mi lugar en la larga hilera de vehículos  -quizá teníamos el puesto 16 o 17 en la columna-,  pudimos notar  que algo ocurría a la cabeza de la fila que se detuvo sin que los de atrás supiéramos con exactitud que ocurría. Varios minutos después la marcha se reanudó.

Al llegar al cementerio y darme cuenta de la ausencia de Antonio Rodiles, director de Estado de SATS y los amigos que  viajaban con él, indagué por ellos.  Así supe lo acontecido: una gran riña en Calzada del Cerro, con la intervención violenta de la policía con golpes y palos, y  la detención de alrededor de cincuenta personas, todos opositores que, en ómnibus de las Fuerzas Armadas allí casualmente, fueron conducidos a la unidad de policía de Tarará.

Ya en mi casa, me preparaba para salir en busca de los desaparecidos, cuando una llamada de la madre de Antonio me informó que, al parecer, éste y otros amigos estaban detenidos en la cuarta unidad de la Policía en Infanta y Manglar, en la barriada del Cerro.     Les dije que me encontraría con ella y su esposo, que ya salían para allá.

Una vez más empezamos a chocar con lo que dicen las leyes del país, y lo que hacen los  miembros del Departamento de la Seguridad del Estado.

Al llegar a esa unidad de la PNR, no había aun nadie conocido en los alrededores. Decidí entrar para averiguar si realmente Antonio y otros amigos estaban allí. Me atendió el oficial de guardia, con grados de Mayor.  Él buscó en un papel que tenia, respondiéndome que esas personas NO ESTABAN EN SU LISTA DE DETENIDOS:

Le dije entonces que ellos podían haber sido conducidos a esa Unidad por agentes de la Seguridad. Hizo una llamada. Luego de colgar me confirmó que, en efecto, estaban detenidos en ese lugar.

Las razones por las cuales la policía política lleva a muchos de sus detenidos o citados a las estaciones de la policía nacional en vez de hacerlo a una de sus instalaciones, no son muy evidentes, aunque existen muchas versiones.  Lo que sí está claro para nosotros es que el artículo 244 de la Ley de Procedimiento Penal establece:

Al efectuarse la detención de alguna persona se extenderá de inmediato un acta en que se consignará la hora, fecha y motivo de la detención así como cualquier otro particular que resulte de interés. El acta será firmada por el actuante y el detenido.

Cuando, alrededor de las diez de la noche el periodista independiente Julio Aleaga Pesant fue puesto en libertad, supimos que nunca le llenaron un Acta de Detención. Esto tampoco ocurrió con Ailer González Mena ni con otros muchos detenidos.

Sí lo hicieron, a la mañana con Antonio Rodiles en un Acta en la que la detención pretendía justificarse como “de interés para la CI” (Contrainteligencia)”.

Pudiera equivocarme, pero creo que esto último se debió a que ya habíamos  señalado a los oficiales de la PNR y de la Seguridad  con los que hablamos que precisamente la ausencia de  esas Actas, hacía ilegales las detenciones y los detenidos debían ser puesto de inmediato en libertad.

Desde el principio hubo dos cosas evidentes para todos los ciudadanos que nos reunimos frente a la unidad policíaca en solidaridad con los detenidos:

1)    Que la PNR de esa Unidad no estuvo muy complacida con lo que allí ocurrió. El trato de sus oficiales para con nosotros fue mesurado, correcto, sin prepotencia,  para nada irrespetuoso y trataron todo el tiempo de solucionar aquello, hasta donde les fue posible, sin violencia y en  un marco negociador.

No podemos decir lo mismo de los agentes de la Seguridad participantes.

2)    Que el nivel de decisión sobre lo que sucedido allí estuvo siempre en otra parte mucho más alta,  y donde lo regulado por un simple articulito de la Ley de Procedimiento Penal no parece tener, En Verdad, ninguna importancia.