Sanción superior a la solicitada.

Lic. Miguel Iturria Medina

Uno de los presupuestos de Derecho a la defensa, debe ser la correlación entre la acusación formulada por el fiscal, y la sentencia. No deben existir sorpresas en la solución de un proceso penal que no fueran objeto de debate durante la deposición de las partes.

En límite fundamental de este principio está dado, fundamentalmente, en la prohibición al órgano juzgador de hacer variaciones sustanciales del hecho originariamente imputado por el Ministerio Público. Además, en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento Penal se prohíbe al Tribunal sancionar por un delito más grave que el calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, agravar el concepto de participación, grado de consumación del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada.

De los presupuestos relacionados en el artículo 357 de la LPP, solo uno de ellos será objeto de debate en este breve texto. Es el referente al significado de sanción más grave que la solicitada. Este concepto se ofrece en el Dictamen No. 296 que devino en Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. En él, se establece solo una prohibición de imponer penas cualitativamente superiores sobre la base de los tres tipos de penas principales: multa, prisión temporal, perpetua o muerte. Fuera  ello no existe límite.

De acuerdo a la interpretación del Dictamen, imponer sanción más grave es variar la solicitada. No puede imponerse prisión cuando la solicitud fue de multa; ni muerte si se pretendía la privación de ; última no puede ser perpetua si se interesó temporal. Esta definición permite que el tribunal imponga penas superiores  en cuantía que las solicitadas e incluso deje de aplicar sanciones subsidiarias de penas principales.

Para ilustra lo expuesto voy a exponer  tres ejemplos:

  • El fiscal solicitó una sanción de tres años de privación de libertad, en un marco penal de tres a ocho años de esta sanción, y el tribunal impuso seis.
  • Fueron solicitados tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento, sanción subsidiaria de la Privación de Libertad que no implica el confinamiento del individuo, y se impuso esa misma cuantía, pero de prisión.
  • Se solicitan los tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento y finalmente se impusieron seis de privación de libertad.

Los defensores de este criterio exponen que mediante esta interpretación se evitan sanciones extremadamente benignas solicitadas por el fiscal y así se coadyuva a administrar justicia adecuadamente. Estimo que aunque puede que no le falte razón a este criterio, no hay que olvidar que aumentar el rol de la acusación produce sorpresa en quien se defiende  e inseguridad jurídica al articular su defensa. En otros ordenamientos jurídicos se admite la mediación entre defensor y fiscal donde se negocia incluso el límite máximo que se solicitará en juicio. Para evitar solicitudes inmerecidas deben colegiarse las decisiones de la fiscalía en lo referente a la pena a interesar. Lo contrario constituye una confusión institucional.  

 

LA LEY DICE

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Licenciada Laritza Diversent

DEL REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (II)

El registro de lugares se dispone para tratar de localizar en ellos al acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación, estando facultados para disponerlo -ya sea de dia o de noche- tanto el Instructor como el Fiscal, en cualquier edificio o lugar público del territorio nacional. (Artículo 215 de la Ley de Procedimiento Penal)

Lugares públicos para la Ley de Procedimiento Penal

La propia Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 216, define cuales son los lugares que se consideran específicamente edificios o lugares públicos, a los efectos de esta diligencia. El artículo 217 aclara que para la entrada o registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, basta pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

Domicilio para la Ley de Procedimiento Penal

A los efectos de las disposiciones de este capítulo, se reputan domicilio, de conformidad con el artículo 222:

  1. Los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;
  2. El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

La ley, en su artículo 223, aclara que los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicios no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente, pero lo son de las personas que se hallen a su frente y residan con sus familiares en la parte del edificio destinado a vivienda.

¿Cómo se procede al registro en un domicilio privado?

Luego de cumplir los trámites establecidos por la Ley de Procedimiento Penal, la autoridad puede proceder a la entrada y el registro en el domicilio, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro domiciliario se hace siempre en presencia del morador principal y si no es localizado, o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad.

En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos. Como puede apreciarse, se exige por la Ley que, salvo imposibilidad justificada, presencien el registro dos vecinos, que servirán como testigos de la forma en que se practica la diligencia y de sus resultados.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente y en presencia de las personas antes mencionadas. Del mismo se levanta acta que firman todos los participantes y si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

Excepciones

En el artículo 221 se regula, no obstante lo anterior, que los agentes de la policía pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio:

  • cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevarlo a efecto ésta se refugia en él;
  • cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito o cuando un presunto delincuente, inmediatamente perseguido, se refugie en una casa.

Para estos casos urgentes y excepcionales no son de aplicación las formalidades expuestas y la ley no exige que se confeccione acta sobre sus resultados.