¿Juristas o secretarios?

actasDAYALic. Dayamí Pestano
Todas las empresas necesitan representación de un abogado, el cual se encarga de orientar, asesorar y representar en tribunal y con otros organismos a la entidad donde se encuentra, ¿y qué es lo que sucede?
En la mayoría de los casos lo encontramos como secretario de actas del consejo de dirección, donde no se resuelven ni se desempeñan como lo que son: abogados. No tienen en cuenta que una adecuada actividad jurídica constituye un elemento de incalculable valor para prevenir ilegalidades de todo tipo y lograr un clima de orden.
Cada jefe debe de tener la habilidad y capacidad de apoyar y saber utilizar oportuna y eficazmente la asesoría jurídica, con apego a la legalidad, cuestión que hasta la fecha en la mayoría de las empresas no se cumple.
La asesoría no puede verse como un elemento meramente técnico, sino como un elemento indispensable en la toma de decisiones y con la que hay que contar permanentemente.
El jurista debe de ser capaz de argumentar y defender, buscar variantes si la norma vigente lo permite, con una postura alejada de rasgos burocráticos o servilismo, cuestión muy difícil de encontrar. En la actualidad, los asesores están considerados secretarios en las empresas.

Reflexiones sobre varios Decretos y una Resolución

Lic. Dayana Cruz Vega

Al cabo de treinta y seis años, se promulgó el decreto ley que modifica la Ley 1312 de 1976, la llamada Ley Migratoria. Es así que el gobierno accede, por primera vez,  a darle la libertad a los cubanos de poder viajar a cualquier país, pero con determinadas restricciones, sobre todo a los profesionales.

Nos preguntamos si es justo el hecho que por ser personal calificado y habernos dedicado a superarnos, paguemos por ello,   –nosotros también tenemos familia que no podemos ver-  y tengamos que permanecer  lejos de ella, tan sólo por cometer el crimen de estudiar en este país.

Si analizamos el cuerpo de la supra norma, nos percatamos que ahora el gobierno se lava las manos pues hace la modificación legal migratoria en los momentos más difíciles en el entorno internacional, consciente de que serán los consulados extranjeros los que denegarán el visado al pueblo cubano.

Es del conocimiento internacional la situación que ha sufrido este pueblo durante cincuenta y cuatro años, donde nos han mantenido sin derecho alguno a decidir nuestro destino , por ello ya existe comunicación oficial de Estados que se han pronunciado en cuanto a no dar visas a los ciudadanos cubanos.

Hemos tratado de ser lo más prácticos posibles en lo que se refiere al análisis de la norma. Del cuerpo de la misma se deriva la intención del estado cubano de hacer creer a la opinión pública que ya no depende de él que los ciudadanos no podamos salir de Cuba,  ni tener acceso a un intercambio con otras naciones.

Además de las restricciones a los profesionales (que son bastantes en cuanto a la autorización de salida), se hace hincapié en el Reglamento de la norma (Decreto 306), las categorías específicas que requieren un tratamiento especial.

En su artículo 1 inciso b) estipula que los graduados de educación superior están sujetos a un tratamiento especial para recibir la autorización de salida del país, ya sea como turista o por interés personal;  asimismo plasma además, la regulación hecha  por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para el otorgamiento de tal derecho que como ciudadanos deberíamos tener, independientemente de la profesión que ejerzamos.

El Estado cubano continúa con su afán de retenernos injustamente en el país.

En la Resolución 343 de Finanzas y Precios se regula el nuevo impuesto sobre los documentos del trámite de solicitud del pasaporte, el que será de 100 cuc según proceda el caso.

La realidad en Cuba es que una vez que te superas y tratas de ser culto, el gobierno te asigna  un salario insuficiente  y un sinnúmero de restricciones, impidiendo que podamos desarrollar nuestro conocimiento a plenitud y que podamos tener intercambio con profesionales de otros países, sin acceso a Internet para conocer la realidad del mundo fuera del país.

Somos los únicos abogados del mundo tan mal remunerados y sin el derecho del ejercicio libre de la abogacía, la que debe ser puesta solo en función de servir a la ciudadanía  en aras de una verdadera justicia.

 

Prospera demanda contra Ministra de Justicia

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Licenciada Laritza Diversent

El Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana (TPP) respondió, el pasado 7 de julio, a la Asociación Jurídica Cubana (AJC), un gremio de abogados independientes, que interpuso una demanda contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González. En la respuesta, emitida con retraso por exceso de trabajo en la Sala, el juez, Lic. Alfaro Guillén, y los jueces legos, Núñez Valdés y Figueredo Ramos, exigen al demandante, modificar los términos de redacción de la petición judicial.

El tribunal consideró “improcedente”, que el Lic. Wilfredo Vallín Almeida, Presidente de la organización, actuara a nombre y en representación de una persona jurídica, que no se encuentra en la actualidad reconocida. El escrito exige al letrado, que promueva nuevamente la acción, a título personal.

El abogado interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial de la capital, la que fue radicada, bajo el número de expediente 338 del 2010, el 29 de junio. La misma intenta impugnar la decisión adoptada por el Departamento de Asociaciones -silencio administrativo- del Ministerio de Justicia (MINJUS) que impide la constitución legal del gremio.

El máximo órgano jurisdiccional en la capital, igualmente requirió al Licenciado Wilfredo Vallín Almeida para que reformulara los hechos expuestos en la demanda no aceptando el término “denegación de autorización para Constitución de Asociación”, por considerarlo incoherente. El TPP alegó que el MINJUS no contestó a una solicitud de certificaciones.

En abril de 2009 y marzo de 2010, la AJC solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS que certificara la no existencia en el país de ninguna Organización No Gubernamental (ONG) con el mismo nombre y propósitos de la asociación de letrados. El documento es imprescindible para continuar los trámites de constitución legal del gremio. La institución estatal no emitió la certificación. Los abogados, en Recurso de Alzada ante la Ministra, Reus González, elevaron queja por quebrantamiento de la formalidad legal exigida, que igualmente fue ignorada.

La AJC, se fundó el 1ro de octubre de 2008. Brinda gratuitamente, asesoría jurídica a los ciudadanos. La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización del Ministerio de Justicia. El acto administrativo (autorización), es discrecional y depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

Asociación Jurídica Cubana demanda a representante del gobierno.

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Lic: Laritza Diverzent

La Asociación Jurídica Cubana, una organización de abogados independientes, interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por denegar la autorización para la constitución legal del gremio.

El acontecimiento, calificado de excepcional por los juristas, no tiene precedentes en los 51 años de ‘Revolución’. Es la primera vez, que una organización disidente interpone una acción legal ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

La Asociación Jurídica Cubana, fundada el 1ro de octubre de 2008, brinda asesoría jurídica a ciudadanos que requieran sus servicios. Tiene además entre sus objetivos elevar el nivel de conciencia jurídica de la sociedad civil cubana. Todo ello sin ánimo de lucro.

El Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), presidido por Reus González, guardó silencio en tres momentos distintos, respecto a la solicitud de una certificación, que debía acreditar, si existía en la isla otra ONG, con el mismo nombre o fines de la Asociación Jurídica Cubana.

Las dos primera solicitudes se dirigieron al Jefe del Departamento del Registro de Asociaciones en abril de 2009 y marzo de 2010.La tercera solicitud se planteó , por medio de Recurso de Alzada, ante Reus González, por quebrantamiento de las formalidades legales.

El gremio de abogados se dio por notificado al transcurrir el término, que prevé la Constitución Estatal y la Ley de Procedimiento Civil, para dar respuesta a una petición ciudadana. El documento constituye el primer trámite en el proceso en la legalización de una organización no gubernamental (ONG), según dispone, el Reglamento de la Ley No.54, “De Asociaciones”.

La demanda fue radicada por el órgano de justicia, el 29 de junio, e intenta impugnar la decisión adoptada (silencio administrativo) por el Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS). A partir de ese momento, el tribunal tiene términos legales precisos para actuar. El juez ponente del caso, será Jolene Pereira Basanta

CASO RESUELTO

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Licenciado Wilfredo Vallín

A pesar de los muchos casos que van llegando a la Asociación Jurídica Cubana con problemas y absurdos jurídicos de muchos tipos, ya no nos asombrarnos demasiado con lo que nos toca leer a menudo, aunque hay algunos ejemplos que sobresalen. El siguiente es uno de ellos.
El ciudadano Walfrido atendía cierta mañana a una colega, abogada como él en la sala de su casa. Hablaban animadamente María, esposa de Walfrido, éste y Maritza, la visita. En lo más interesante de la conversación tocaron a la puerta. Al parecer, personal de la campaña antiaegypti.
María, se levantó para atender a los recién llegados en tanto que su esposo y la colega visitante permanecieron conversando en la sala.
María creyó que se trata de una visita rutinaria de los inspectores y los llevó al patio trasero donde tiene su tanque de agua, pero… no era una visita rutinaria. Los campañistas habían venido porque se detectó un foco con vectores en el patio aledaño al edificio provocado al parecer por restos de basura vertidos por algunos inquilinos . La esencia de la visita era para comunicar que todos los apartamentos que dan a ése patio aledaño serían multados, sin excepción, con 100.00 pesos.
Hasta aquí esto parecería ser muy natural, pero…
Ni lentos ni perezosos, los abogados le pidieron a los de la campaña la resolución que les autorizaba semejante medida. Los segundos les muestraron un papel muy deteriorado que apenas podía leerse y donde no quedaba claro nada. Al final de la discusión que se generó, los de salud pública terminaron diciendo que ellos “sabían que no podían aplicar esa multa”.
¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en un lugar donde las personas hubiesen sido incapaces de reconocer y exigir sus derechos?
Lo más probable es que les hubiesen impuesto esa medida que aún sigue estando muy nebulosa para los visitados por estos “representantes” del Ministerio de Salud Pública.
Hasta donde sabemos, en derecho la responsabilidad (sobre todo en la esfera de lo penal) es total y absolutamente individual. Imagínense ustedes el caso de un asesinato cometido en una cuadra. Como la policía no logra encontrar pruebas para acusar al responsable, detiene a todos los ciudadanos del entorno con responsabilidad penal, que son sancionados a largas penas de prisión y… caso resuelto. Cualquier similitud con el caso narrado aquí…no es pura coincidencia.

UNA ASOCIACION NECESARIA Y DIFERENTE

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“Así dijo el Señor: Guardad
derecho y haced justicia…”
(Isaías 56:1)

Argelio M. Guerra

Si de algo tendrían que jactarse y lamentarse, respectivamente, el gobierno y pueblo cubanos al cabo de 50 años de revolución, es por el mantenido desinterés en la promoción y divulgación de las leyes nacionales por parte del primero, y de la total indiferencia respecto al conocimiento de sus derechos, deberes y de las leyes y disposiciones que los gobiernan por parte del segundo, todo lo cual ha conducido a un estado de cosas donde, tanto gobierno como pueblo, conviven por provecho propio al margen del cumplimiento de la ley, hundiéndose al país en un profundo abismo de incoherencia y anarquía social.

Media centuria de penurias y penalidades, en la mayoría de los casos añadidas por la ignorancia, intencional o no, en materia jurídica, sobrecargan ya con toneladas de pesares la espalda del pueblo cubano. Según la clásica ortodoxia marxista, a las vicisitudes propias del imprescindible período de tránsito y etapa socialista, período por demás largo y complejo de acuerdo con los fundadores alemanes, como pasos previos para el disfrute del idílico paraíso comunista, habría que agregar en el caso cubano, las calamidades de otro periodo, el especial, no menos funesto y que a todas luces parece igualmente interminable.

Tomando en consideración estas realidades, y como parte de los esfuerzos que desde la sociedad civil se articulan para intentar de algún modo enderezar el torcido tronco social, es que coinciden un grupo de abogados en la brillante y plausible idea de dar vida a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) con la original motivación de mitigar la orfandad jurídica en el seno del tejido social y exigir el respeto a la ley tanto por los gobernantes como por los gobernados. Si tendría que caracterizar a la aún joven asociación, no se me ocurren mejores calificativos que necesaria y diferente. Necesaria, por cuanto inevitablemente para el mantenimiento del orden ciudadano y dada la determinación de su propia naturaleza es indispensable que los actores cumplan con las reglas establecidas del juego social.

Diferente, por apropiarse del espíritu evangélico de no hacer distinción de personas y poner sus servicios en las manos de quien los necesite sin importar la filiación ideológica de cada cual, eso si, con la invariable premisa -como sello distintivo- de apostar por el respeto y protección a los derechos de la persona humana, y especialmente de los más vulnerables.
Con tales credenciales, como cristiano y cubano levanto las dos manos para agradecer a Dios por contar, enhorabuena, con tal asociación con tan nobles propósitos.