¿Juristas o secretarios?

actasDAYALic. Dayamí Pestano
Todas las empresas necesitan representación de un abogado, el cual se encarga de orientar, asesorar y representar en tribunal y con otros organismos a la entidad donde se encuentra, ¿y qué es lo que sucede?
En la mayoría de los casos lo encontramos como secretario de actas del consejo de dirección, donde no se resuelven ni se desempeñan como lo que son: abogados. No tienen en cuenta que una adecuada actividad jurídica constituye un elemento de incalculable valor para prevenir ilegalidades de todo tipo y lograr un clima de orden.
Cada jefe debe de tener la habilidad y capacidad de apoyar y saber utilizar oportuna y eficazmente la asesoría jurídica, con apego a la legalidad, cuestión que hasta la fecha en la mayoría de las empresas no se cumple.
La asesoría no puede verse como un elemento meramente técnico, sino como un elemento indispensable en la toma de decisiones y con la que hay que contar permanentemente.
El jurista debe de ser capaz de argumentar y defender, buscar variantes si la norma vigente lo permite, con una postura alejada de rasgos burocráticos o servilismo, cuestión muy difícil de encontrar. En la actualidad, los asesores están considerados secretarios en las empresas.

Hablo en nombre propio (2)

1 Eliocer CutiñoLic. Eliócer Cutiño
En mi primer comentario sobre la imposición de una multa por parte de la dirección de planificación física, hice referencia al escrito dirigido a la fiscalía municipal teniendo en cuenta que por dos ocasiones apelé la decisión de dicha dirección y ésta ratificaba la multa, a las claras, improcedente e ilegal.
Esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la extrema suma de la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía a la cual pertenecí por más de seis años. Presenté mi reclamación en el término establecido, por lo que esperaba que de igual forma me notificaran la respuesta, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían dar contesta a mi inconformidad, como si el Decreto Ley 272 o cualquier otra norma diera consentimiento para dilatar el proceso.
Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otra de las razones que me llevan a pensar que el proceso de institucionalización debe, antes que todo, comenzar por el apego a la ley. Este caso demuestra que el irrespeto a ley comienza y permanece solo por los de casa.

Violencia escolar e indisciplina social y jurídica en Cuba (I)

violenciaMc Cs. Dayanara Vega
Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que se produce, bien dentro del espacio físico de las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares).
Una forma característica y extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso escolar.

Los estudios científicos señalan como principales factores de riesgo en la vida de los miembros de la comunidad educativa a la hora de posibilitar la violencia escolar los siguientes:
• La exclusión social o el sentimiento de exclusión;
• La ausencia de límites en el comportamiento social;
• La exposición continua a la violencia reflejada en los medios de comunicación; que en Cuba se observan en las series y determinadas novelas que tocan el tema muy someramente.
• La integración en bandas que hacen uso de la violencia como forma de comportamiento habitual;
• La justificación de la violencia en la sociedad o en el ámbito social al que pertenezca la persona.
• Problemas familiares como causa de violencia (separación, violencia intrafamiliar).
El acoso escolar puede llegar a ser físico.
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio del centro escolar. Los protagonistas suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
Este tipo de violencia se caracteriza, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida). El sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que la víctima viva aterrorizada con la idea de asistir a la escuela y que muestre nerviosismo, tristeza y soledad en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos suicidas e incluso su materialización, como consecuencias del hostigamiento.
En nuestro país se ha hecho habitual culpar a los medios del exterior de la indisciplina social y no nos vemos por dentro como hemos perdido valores en el seno de la familia; célula fundamental de la sociedad.
El Estado no asume la responsabilidad que le corresponde, ya que existe la Convención de Ginebra de la protección de la niñez y la juventud del cual Cuba forma parte y no instituye verdaderas acciones jurídicas encaminadas a frenar este mal social.

La historia no siempre absuelve

la historia me absolvera1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera
En los primeros meses de este año se otorgó un Premio Nacional de Derecho, por la Unión Nacional de Juristas de Cuba al autor del alegato conocido como “La Historia me absolverá”, por cumplirse 60 años del mismo. Como abogado de estos tiempos tengo mis dudas sobre lo que se ha premiado.
Para sustentar mi tesis extraigo algunos párrafos del conocido escrito.
“Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades, Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podría reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos, y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.”
Entonces qué pasó con los condenados en el proceso conocido como La Primavera Negra donde hubo condenas de hasta 25 años, ¿Es justo, lógico y humano sancionar a ciudadanos cubanos por pensar diferente?
En otro párrafo se expresó….”Es un principio elemental de derecho penal que el hecho imputado tiene que ajustarse exactamente al tipo de delito prescrito por la ley. Si no hay ley exactamente aplicable al punto controvertido, no hay delito… “.
“…El artículo en cuestión dice textualmente: Se impondrá una sanción de privación de libertad de tres a diez años al autor de un hecho dirigido a promover un alzamiento de gentes armadas contra los Poderes Constitucionales del Estado. La sanción será de privación de libertad de cinco a veinte años si se llevase a efecto la insurrección.”
En el caso de las penas de muertes y cadena perpetua del año 2003, ¿es justo, lógico y humano sancionar a penas de muerte y privación perpetua de libertad por secuestrar una lancha para abandonar el país sin derivar heridos ni muertos en esa acción? Hace 60 años el fiscal pidió 26 y la condena fue de 16 años.
Otros párrafos del referido alegato hablan sobre promesas incumplidas…. “La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla, y a los efectos de su implantación y castigo ejemplar a todos los que la habían traicionado, no existiendo órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movimiento revolucionario, como encarnación momentánea de esa soberanía, única fuente de poder legislativo, asumía todas las facultades que le son inherentes a ella, excepto de legislar, facultad de ejecutar y facultad de juzgar. “
“La tercera ley revolucionaria otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del treinta por ciento de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareros. Se exceptuaban las empresas meramente agrícolas en consideración a otras leyes de orden agrario que debían implantarse. “
La constitución de 1940 jamás fue restaurada; además se fueron cercenando garantías jurídicas presentes en todo Estado de Derecho como el Tribunal de Garantías Constitucionales y el ejercicio de la abogacía independiente. En el otro caso huelgan los comentarios pues conocemos y padecemos lo que sucede con el salario en Cuba.
De los problemas fundamentales tratados en aquel programa: La tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud; los cuatro primeros no han sido cumplidos después de 60 años. Si le sumamos otras mutilaciones al derecho como la prohibición de entrar y salir del país, derecho de propiedad, invertir, emprender y sindicalizar, entre otros, estaremos más cerca de otra condena que de un premio. Vuelvo a cuestionar el premio, además porque esa Unión de Juristas otorgante es la organización a que se nos obliga a pertenecer para no reconocer ni certificar nuestra AJC.

Necesidad del Tribunal Constitucional en Cuba (primera parte)

2 balanza_de_la_justicia 1MsC Dayanara Vega
De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad.
Teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos que pueden incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencia entre los poderes constituidos.
El Tribunal Constitucional es el órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad en el país. La regulación del Tribunal Constitucional tiene que estar prescrita en la Constitución de la República, determinando las líneas de funcionamiento, la independencia y sometimiento exclusivo del órgano jurisdiccional a la Constitución.
Entra sus competencias y decisiones se encuentran:
1) Protección de derechos y garantías integrantes del bloque de constitucionalidad.
2) Control normativo de la constitucionalidad de los actos del Gobierno.
3) Control del ejercicio del poder estatal.
Las sentencias que emita el Tribunal Constitucional de Cuba no deben permitir recurso ulterior para su consideración, han de ser vinculantes en función a las reglas de vinculatoriedad que la jurisprudencia constitucional Cubana desarrolle.

Desempleados no, sub empleados si

1 (2)Noel 2Lic. Noel Rodríguez Ávila
No existe país en el mundo que escape al flagelo del desempleo, es una realidad en contexto, las causas son disímiles, pero la principal está unida por un cordón umbilical de causa y efecto: La crisis económica financiera.

El Estado Cubano a través de diferentes normativas jurídicas, incluyendo los Lineamientos de la Política Económica en relación al empleo y los salarios, ha pretendido realizar un proceso de reordenamiento laboral bajo el principio de idoneidad demostrada, para contribuir a eliminar las plantillas infladas unido a tratamientos paternalistas, estimulando la necesidad de trabajar y reducir los gastos y el presupuesto del estado; proyectar además la fuerza de trabajo calificada en correspondencia con las demandas actuales del país, por lo que es necesario e imprescindible corregir las deformaciones en la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y de obreros calificados.

El fin trazado dista mucho de la realidad, pues con independencia de factores objetivos, como escasez de recursos, doble moneda, falta de financiamiento y factores subjetivos, como la falta de motivación, de perspectiva , y sobre todas las cosas, desánimo en la juventud que está cursando estudios en la educación media superior, hay poco estímulo a la necesidad de trabajar, por cuanto actualmente egresan estudiantes que han obtenidos notas relevantes, y hasta títulos de oro, y son ubicados en plazas ajenas con lo que estudiaron. Motivo por el cual no se sentirán desempleados, pero sí subempleados.

La legislación laboral vigente y la solución de los conflictos en la vía prejudicial.

4 QUE TRABAJEN LOS OTROS
Lic. Andrea López
Las ramas del derecho regulan relaciones que surgen en una esfera determinada de la vida, debido a vínculos entre los hombres; entre ellas se encuentran las relaciones laborales dentro de los procesos de producción o servicios, objeto de regulación del Derecho Laboral. En su ámbito pueden ocurrir suspensiones, modificaciones, o terminación de la relación que le dio origen al vínculo laboral, lo que puede producirse por diferentes causas.
Las infracciones de la disciplina pueden provocar un cambio en la relación laboral, como forma de reprimir la conducta infractora. Por su parte, el reconocimiento, concesión, o vulneración de algún derecho emanado de la legislación laboral, puede también provocar cambios en el vínculo laboral existente y todo ello generar un conflicto entre los sujetos con personalidad jurídica individual. La legislación laboral vigente sobre solución de conflictos laborales, la actuación y funcionamiento de los órganos de justicia laboral de base (OJLB), es un tema polémico, que profesionales o no del derecho incursionan. Dentro de la propia relación jurídica laboral se vulneran determinados derechos, o no se conceden otros que provocan el inicio de un conflicto en materia de derecho laboral. Los más frecuentes son los siguientes:

Admisión y promoción al empleo
La idoneidad demostrada, que con la entrada en vigor desde 1998 de la Resolución 12 “Reglamento para la política de empleo y salario en el perfeccionamiento empresarial”, abrió la posibilidad de que el OJLB resuelva el fondo del asunto y que el nuevo Reglamento de las Relaciones Laborales Resolución 8 del 2005 de 1ero de marzo, retomó.
Violaciones sobre el período a prueba y la suscripción de contratos de trabajo, siendo el de por tiempo determinado uno de los que más propicia conflictos, al no ajustarse a la norma sobre su concertación.
Procesos de disponibilidad e interrupción.
Derechos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Derechos sobre tiempo de trabajo y descanso, entre otros.

Se debe preparar a los dirigentes sindicales y a los trabajadores para el proceso de negociación con la administración, que estén instruidos en sus derechos y en lo que al procedimiento se refiere, pues este desmedido desconocimiento e ignorancia con respecto a estos temas hacen que nuestro sistema de trabajo se torne no solo injusto en algunos casos sino arbitrario en otros.

A cualquier precio

trianavallin_21Wilfredo Vallín Almeida
He visto en varias ocasiones un video en el cual se muestra una reunión del economista José Triana del Centro de Estudios de la Economía Cubana con oficiales del Ministerio del Interior.
En el video, Triana expone sus puntos de vista sobre la necesidad de determinados cambios que, a su juicio, son imprescindibles al sistema político imperante en el país.
En lo particular me gustó ese material en tanto reconoce y pretende explicar la imperiosa necesidad de tales transformaciones. Conversando con otras personas al respecto, he recibido sin embargo, distintas apreciaciones sobre ese material: unos lo aprueban, otros lo critican, unos terceros dicen que no es sino “más de lo mismo”.
Opiniones diversas aparte, sí considero que, tratándose de un economista, hay algo medular que falta en esa exposición y que el señor Triana, a mi juicio, soslaya no muy exitosamente y que no es otra cosa que la muy famosa y manida fórmula COSTO-BENEFICIO a la que tanto recurre esa importante disciplina desde tiempos de Smith y Ricardo.
En un momento de su intervención, el conferencista dice casi literalmente que lo importante es que, a pesar de los errores que hayan podido haberse cometido, (es decir, sin importar su COSTO), estamos aquí y permanecemos aquí y esto es lo realmente importante.
Independientemente de las lecturas que puedan hacerse de esas palabras, la mía es la siguiente: De acuerdo, ha habido un alto costo (en ocasiones excepcionalmente alto porque estamos hablando de la vida irrepetible de millones de personas)…pero ¿cuál ha sido el BENEFICIO para esos mismos millones de personas que han pagado semejantes COSTO?
Si el BENEFICIO puede contabilizarse a ojos vista en la pérdida de valores de toda la sociedad, en la ruina de nuestras ciudades, en la demolición de la industria azucarera cubana, en el éxodo masivo de sus ciudadanos, especialmente de los jóvenes, en el fraude en las instituciones escolares, en la detención y enjuiciamiento de jueces, fiscales y abogados y un largo etcétera más, ¿de qué beneficio podemos hablar?
¿Quienes estamos aquí a pesar de los pesares, además debemos estar contentos de que así sea?
Y, en el caso de que así fuera, lo que si me queda bien claro es que no todo el mundo está dispuesto a pagar indefinidamente algún beneficio, por satisfactorio que este pudiera ser…A CUALQUIER PRECIO.

Las medidas de seguridad dentro del derecho penal cubano

5 libro y balanzaMsC Dayanara Vega
Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia pacífica.[1]
Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o Procesal penal.
Las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto (prevención especial): El sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico) pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad (teoría del delito), es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos.
Por su función se pueden agrupar en:
Medidas terapéuticas: Buscan la curación.
Medidas educativas: reeducación.
Medidas asegurativas: Inocuización y resocialización.
Cuba no se acoge a la práctica internacional de las medidas de seguridad, por ello el Índice de Peligrosidad es en nuestro país un arma antijurídica que se utiliza dentro de las medidas de seguridad, que desprotege al ciudadano y lo coloca en total Estado de Indefensión.
Las medidas de seguridad que se aplican en algunos sistemas penales se dividen en:
Tratamiento de desintoxicación: Son medidas que se aplican cuando el estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a causar una afectación, esta es ejemplo de medidas de seguridad terapéuticas.
Tratamiento de inimputables en internados: Tienen como finalidad privar la libertad de tránsito y algunas otras libertades a aquellos individuos que no pueden ser sancionados con una pena, por no comprender que su conducta es prohibida penalmente. Esta está relacionada con el confinamiento y con la prohibición de asistir a ciertos lugares. Su función es educativa.
Caución de no ofender: Consiste en una fianza, que se constituye con la finalidad de que un individuo no vuelva a afectar a una misma víctima en un futuro. Su función es asegurativa.
Vigilancia de la autoridad: Consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un policía, para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un sustitutivo de prisión o algún beneficio; en algunos sistemas se utiliza también la denominada vigilancia electrónica. Esta es una medida educativa y asegurativa.
Medidas aplicables a personas jurídicas colectivas: Estas medidas se basan en la peligrosidad de una sociedad o asociación que fue utilizada con la finalidad de cometer un hecho punible, y pueden consistir en la vigilancia de funcionarios, decomisos, disolución, separación de funcionarios, multas y la reparación de daños y perjuicios. Es una medida que se aplica en algunos sistemas penales, aunque es debatida hasta la fecha su plausibilidad.
De lo antes expuesto se demuestra lo inadecuado desde el punto de vista jurídico que constituye la aplicación del Índice de Peligrosidad como medida de seguridad en Cuba, si tenemos en cuenta las alternativas legales que ofrece la praxis internacional del derecho penal.

Caballeros andantes del derecho

                                                      (Entrevista aparecida en 14ymedio.com el 12 de junio)

Wilfredo-Vallin-Presidente-AsociaciAn-JurA-dica_CYMIMA201406Wilfredo Vallín había decidido no seguir ejerciendo la abogacía dentro de las instituciones estatales, única forma legal de hacerlo, hasta que un día fue testigo de las lamentaciones de una muchacha: había sido víctima de acoso sexual por parte de un funcionario público, que no fue sancionado por la justicia. Entre sollozos, angustiada por la percepción de indefensión en que se encontraba, la joven dijo “Esto pasa porque en Cuba ya no quedan hombres”.

Vallín se sintió directamente interpelado. Empezó una cruzada casi quijotesca para ayudar a quienes habían perdido las esperanzas, muy especialmente aquellos que por una razón u otra se han visto ante la necesidad de hacer una reclamación o elevar una denuncia frente a las instituciones estatales. Fue así como a finales de 2008 surgió la Asociación Jurídica de Cuba.

Pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la AJC?

Respuesta. Empezamos 4 personas, entre quienes estaba mi esposa, Esperanza Rodríguez, que también es abogada y dos colegas más. Lo primero que hicimos fue procurar un reconocimiento de parte de las autoridades para evitar ser catalogados como una asociación ilícita. El 2 de marzo de 2009 nos dirigimos al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. Este primer paso consistía en solicitar un documento acreditativo de que en ese Registro no existía ninguna otra asociación con ese nombre ni con iguales propósitos. La batalla legal que se desencadenó a partir de ese momento aún no ha terminado, al menos para nosotros, a pesar de que hace poco el Tribunal Supremo determinó por segunda vez que nosotros duplicamos las funciones de la Unión de Juristas y del Bufete Colectivo que según ellos son ONG. En la cronología de eventos ocurridos en estos cuatro años ha habido violaciones de todo tipo, las tenemos perfectamente documentadas, pero sería largo y aburrido contarlas aquí. Lo cierto es que en la negativa que hace el Ministerio de Justicia no se apela a ningún elemento de la Ley de Asociaciones, por lo que consideramos que sus argumentos no son válidos.

P. ¿Eso quiere decir que ya se agotaron las herramientas legales para obtener un reconocimiento?

R. Las vías internas se han agotado y debo confesar que nunca tuve mucha fe en que por ese camino pudiéramos obtener algo, pero por razones de índole política, no legales. Nos queda la vía externa que consiste en acudir a organizaciones internacionales de las que Cuba forma parte. Ese es el camino que vamos a recorrer a partir de ahora. A donde quiera que viajan los funcionarios de justicia cubanos, se llenan la boca para decir que el ejercicio de la abogacía es libre en Cuba pero eso es falso, porque aunque el Gobierno ha firmado documentos aceptando eso, luego en la práctica resulta un requisito obligatorio pertenecer a los Bufetes Colectivos estatales para atender un caso ante los tribunales.

P. ¿De que se ha ocupado la AJC en todo este tiempo?

R. Son cuatro nuestros propósitos declarados: El primero, la educación jurídica de la población. El desconocimiento de las leyes no afecta solamente a los ciudadanos, sino también a muchos funcionarios, a la policía y especialmente a la Seguridad del Estado. Recuerdo que un día, en medio de un interrogatorio, un oficial de la seguridad al que yo le explicaba nuestra función educativa, me dijo “pero eso es darle armas al enemigo” ¿Cómo es posible que enseñarle al pueblo las leyes que ha hecho la propia revolución pueda beneficiar al enemigo?

El segundo propósito ha sido la atención de casos puntuales. Somos el último recurso de mucha gente. Eso nos ha permitido tener un conocimiento amplio de la situación real que tiene el pueblo de Cuba.

Los otros dos frentes de que nos ocupamos son la promoción de los Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales y de lo que se relaciona con la vida interna de la abogacía.

P. ¿Cuánto ha crecido la AJC en estos últimos 6 años?

R. Llegó un momento en que hasta nuestra sede, aquí en la capital, venían ciudadanos con problemas de toda Cuba. Eso nos llevó a crear filiales en otras provincias y hoy tenemos representaciones en Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Si en un principio luchábamos por llegar a 33 abogados, que es el número que la ley exige para ser reconocidos como una asociación, hoy ya hemos sobrepasado esa cifra, aunque no pretendemos ser una organización de masas ni mucho menos.

“Las normas son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato”

P. Si le preguntamos ¿Cuál es el hoy gran problema de Cuba? a un economista, a un político, o a un sociólogo, cada cual seguramente arrimará la respuesta a su especialidad. ¿Qué responde un jurista ante esa cuestión?

R. Nosotros estamos totalmente convencidos de que si a partir de mañana el Gobierno de Cuba se hiciera el firme propósito de que las leyes que ellos mismos han hecho fueran respetadas a rajatabla, no solo por los ciudadanos, sino por las entidades oficiales, y que la ley fuera obligatoria para todos por igual, las cosas mejorarían rápido y mucho.

P. ¿De su respuesta se pudiera deducir que usted es de las personas que cree se le debe conceder al menos cierto grado de legitimidad a las instituciones oficiales.

R. Lo que pienso es que hay algo que no se puede negar: En Cuba existe lo que llamamos “un derecho positivo” que es lo que está vigente y escrito en las leyes y que se debe acatar por la población y que las autoridades imponen como obligatorio. Cerrar los ojos a eso y actuar como si no existiera a mí me parece descabellado y hasta suicida. Lo que no quiere decir que no podamos sentarnos en otro fuero, en otro nivel, a cuestionar si ese derecho positivo implantado es o no el mejor derecho para el pueblo de Cuba o que no podemos discutir las normas que están establecidas, que a nuestro juicio son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato.

P. ¿Existe algún camino para cuestionar la ley desde la ley,?

R. Teóricamente sí, pero en la práctica no. Todos recordamos lo que pasó con el Proyecto Varela, se recogieron las firmas requeridas y no se le hizo el menor caso. Lo que establece la ley cubana al respecto es en realidad letra muerta.

“El Código Penal (…) tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva”

P. ¿Entonces qué es lo que hace falta cambiar?

R. Habría que cambiar la Constitución que, como dijera Martí, es un elemento vivo y no puede ser construida sobre la base de elementos ideológicos. Hay que desideologizar la Constitución y para eso no queda más remedio que hacer una nueva. La actual tiene tantos problemas que si te pones a quitarle lo que le sobra te quedas con un esqueleto. La de 1940 adolece de una impronta paternalista que no se aviene a nuestro futuro y no estoy hablando de la implantación de un liberalismo constitucional ramplón de sálvese el que pueda.

La que venga ha de ser dinámica, sencilla y con capacidad de durar. Una constitución que todo el mundo entienda, una en que la gente confíe y sea el motor para el cambio, pero sin despojarla de la protección que debe ofrecerle al ciudadano, que permita el desarrollo de Cuba con la finalidad de tener un país estable, que funcione y tienda al progreso.

P. ¿Sólo cambiar la Constitución o todo el entramado jurídico?

R. En el Código Penal hay menos que cambiar, pero también tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva. El Código civil hay que hacerlo nuevo porque carece del tema de la propiedad, y de reglamentaciones mercantiles, que no existen hoy para la ciudadanía. Habrá que renovar el procesamiento penal, derogar, modificar y establecer leyes. Hay mucho trabajo por realizar.

Los cambios deben ir de la ley a la ley. Esto sería lo mejor, ya sabemos lo que pasa cuando se rompe abiertamente con todo. Esa es mi opinión y sé que muchos la comparten, pero no puedo hablar por la contrapartida. Quizás las élites de poder creen que no es recomendable dialogar. Ojala que ellos de forma racional se convenzan de que lo mejor para ellos, para nosotros y para el futuro del país es que conversemos.