La legislación laboral vigente y la solución de los conflictos en la vía prejudicial.

4 QUE TRABAJEN LOS OTROS
Lic. Andrea López
Las ramas del derecho regulan relaciones que surgen en una esfera determinada de la vida, debido a vínculos entre los hombres; entre ellas se encuentran las relaciones laborales dentro de los procesos de producción o servicios, objeto de regulación del Derecho Laboral. En su ámbito pueden ocurrir suspensiones, modificaciones, o terminación de la relación que le dio origen al vínculo laboral, lo que puede producirse por diferentes causas.
Las infracciones de la disciplina pueden provocar un cambio en la relación laboral, como forma de reprimir la conducta infractora. Por su parte, el reconocimiento, concesión, o vulneración de algún derecho emanado de la legislación laboral, puede también provocar cambios en el vínculo laboral existente y todo ello generar un conflicto entre los sujetos con personalidad jurídica individual. La legislación laboral vigente sobre solución de conflictos laborales, la actuación y funcionamiento de los órganos de justicia laboral de base (OJLB), es un tema polémico, que profesionales o no del derecho incursionan. Dentro de la propia relación jurídica laboral se vulneran determinados derechos, o no se conceden otros que provocan el inicio de un conflicto en materia de derecho laboral. Los más frecuentes son los siguientes:

Admisión y promoción al empleo
La idoneidad demostrada, que con la entrada en vigor desde 1998 de la Resolución 12 “Reglamento para la política de empleo y salario en el perfeccionamiento empresarial”, abrió la posibilidad de que el OJLB resuelva el fondo del asunto y que el nuevo Reglamento de las Relaciones Laborales Resolución 8 del 2005 de 1ero de marzo, retomó.
Violaciones sobre el período a prueba y la suscripción de contratos de trabajo, siendo el de por tiempo determinado uno de los que más propicia conflictos, al no ajustarse a la norma sobre su concertación.
Procesos de disponibilidad e interrupción.
Derechos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Derechos sobre tiempo de trabajo y descanso, entre otros.

Se debe preparar a los dirigentes sindicales y a los trabajadores para el proceso de negociación con la administración, que estén instruidos en sus derechos y en lo que al procedimiento se refiere, pues este desmedido desconocimiento e ignorancia con respecto a estos temas hacen que nuestro sistema de trabajo se torne no solo injusto en algunos casos sino arbitrario en otros.

A cualquier precio

trianavallin_21Wilfredo Vallín Almeida
He visto en varias ocasiones un video en el cual se muestra una reunión del economista José Triana del Centro de Estudios de la Economía Cubana con oficiales del Ministerio del Interior.
En el video, Triana expone sus puntos de vista sobre la necesidad de determinados cambios que, a su juicio, son imprescindibles al sistema político imperante en el país.
En lo particular me gustó ese material en tanto reconoce y pretende explicar la imperiosa necesidad de tales transformaciones. Conversando con otras personas al respecto, he recibido sin embargo, distintas apreciaciones sobre ese material: unos lo aprueban, otros lo critican, unos terceros dicen que no es sino “más de lo mismo”.
Opiniones diversas aparte, sí considero que, tratándose de un economista, hay algo medular que falta en esa exposición y que el señor Triana, a mi juicio, soslaya no muy exitosamente y que no es otra cosa que la muy famosa y manida fórmula COSTO-BENEFICIO a la que tanto recurre esa importante disciplina desde tiempos de Smith y Ricardo.
En un momento de su intervención, el conferencista dice casi literalmente que lo importante es que, a pesar de los errores que hayan podido haberse cometido, (es decir, sin importar su COSTO), estamos aquí y permanecemos aquí y esto es lo realmente importante.
Independientemente de las lecturas que puedan hacerse de esas palabras, la mía es la siguiente: De acuerdo, ha habido un alto costo (en ocasiones excepcionalmente alto porque estamos hablando de la vida irrepetible de millones de personas)…pero ¿cuál ha sido el BENEFICIO para esos mismos millones de personas que han pagado semejantes COSTO?
Si el BENEFICIO puede contabilizarse a ojos vista en la pérdida de valores de toda la sociedad, en la ruina de nuestras ciudades, en la demolición de la industria azucarera cubana, en el éxodo masivo de sus ciudadanos, especialmente de los jóvenes, en el fraude en las instituciones escolares, en la detención y enjuiciamiento de jueces, fiscales y abogados y un largo etcétera más, ¿de qué beneficio podemos hablar?
¿Quienes estamos aquí a pesar de los pesares, además debemos estar contentos de que así sea?
Y, en el caso de que así fuera, lo que si me queda bien claro es que no todo el mundo está dispuesto a pagar indefinidamente algún beneficio, por satisfactorio que este pudiera ser…A CUALQUIER PRECIO.

Las medidas de seguridad dentro del derecho penal cubano

5 libro y balanzaMsC Dayanara Vega
Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia pacífica.[1]
Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o Procesal penal.
Las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto (prevención especial): El sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico) pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad (teoría del delito), es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos.
Por su función se pueden agrupar en:
Medidas terapéuticas: Buscan la curación.
Medidas educativas: reeducación.
Medidas asegurativas: Inocuización y resocialización.
Cuba no se acoge a la práctica internacional de las medidas de seguridad, por ello el Índice de Peligrosidad es en nuestro país un arma antijurídica que se utiliza dentro de las medidas de seguridad, que desprotege al ciudadano y lo coloca en total Estado de Indefensión.
Las medidas de seguridad que se aplican en algunos sistemas penales se dividen en:
Tratamiento de desintoxicación: Son medidas que se aplican cuando el estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a causar una afectación, esta es ejemplo de medidas de seguridad terapéuticas.
Tratamiento de inimputables en internados: Tienen como finalidad privar la libertad de tránsito y algunas otras libertades a aquellos individuos que no pueden ser sancionados con una pena, por no comprender que su conducta es prohibida penalmente. Esta está relacionada con el confinamiento y con la prohibición de asistir a ciertos lugares. Su función es educativa.
Caución de no ofender: Consiste en una fianza, que se constituye con la finalidad de que un individuo no vuelva a afectar a una misma víctima en un futuro. Su función es asegurativa.
Vigilancia de la autoridad: Consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un policía, para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un sustitutivo de prisión o algún beneficio; en algunos sistemas se utiliza también la denominada vigilancia electrónica. Esta es una medida educativa y asegurativa.
Medidas aplicables a personas jurídicas colectivas: Estas medidas se basan en la peligrosidad de una sociedad o asociación que fue utilizada con la finalidad de cometer un hecho punible, y pueden consistir en la vigilancia de funcionarios, decomisos, disolución, separación de funcionarios, multas y la reparación de daños y perjuicios. Es una medida que se aplica en algunos sistemas penales, aunque es debatida hasta la fecha su plausibilidad.
De lo antes expuesto se demuestra lo inadecuado desde el punto de vista jurídico que constituye la aplicación del Índice de Peligrosidad como medida de seguridad en Cuba, si tenemos en cuenta las alternativas legales que ofrece la praxis internacional del derecho penal.

Caballeros andantes del derecho

                                                      (Entrevista aparecida en 14ymedio.com el 12 de junio)

Wilfredo-Vallin-Presidente-AsociaciAn-JurA-dica_CYMIMA201406Wilfredo Vallín había decidido no seguir ejerciendo la abogacía dentro de las instituciones estatales, única forma legal de hacerlo, hasta que un día fue testigo de las lamentaciones de una muchacha: había sido víctima de acoso sexual por parte de un funcionario público, que no fue sancionado por la justicia. Entre sollozos, angustiada por la percepción de indefensión en que se encontraba, la joven dijo “Esto pasa porque en Cuba ya no quedan hombres”.

Vallín se sintió directamente interpelado. Empezó una cruzada casi quijotesca para ayudar a quienes habían perdido las esperanzas, muy especialmente aquellos que por una razón u otra se han visto ante la necesidad de hacer una reclamación o elevar una denuncia frente a las instituciones estatales. Fue así como a finales de 2008 surgió la Asociación Jurídica de Cuba.

Pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la AJC?

Respuesta. Empezamos 4 personas, entre quienes estaba mi esposa, Esperanza Rodríguez, que también es abogada y dos colegas más. Lo primero que hicimos fue procurar un reconocimiento de parte de las autoridades para evitar ser catalogados como una asociación ilícita. El 2 de marzo de 2009 nos dirigimos al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. Este primer paso consistía en solicitar un documento acreditativo de que en ese Registro no existía ninguna otra asociación con ese nombre ni con iguales propósitos. La batalla legal que se desencadenó a partir de ese momento aún no ha terminado, al menos para nosotros, a pesar de que hace poco el Tribunal Supremo determinó por segunda vez que nosotros duplicamos las funciones de la Unión de Juristas y del Bufete Colectivo que según ellos son ONG. En la cronología de eventos ocurridos en estos cuatro años ha habido violaciones de todo tipo, las tenemos perfectamente documentadas, pero sería largo y aburrido contarlas aquí. Lo cierto es que en la negativa que hace el Ministerio de Justicia no se apela a ningún elemento de la Ley de Asociaciones, por lo que consideramos que sus argumentos no son válidos.

P. ¿Eso quiere decir que ya se agotaron las herramientas legales para obtener un reconocimiento?

R. Las vías internas se han agotado y debo confesar que nunca tuve mucha fe en que por ese camino pudiéramos obtener algo, pero por razones de índole política, no legales. Nos queda la vía externa que consiste en acudir a organizaciones internacionales de las que Cuba forma parte. Ese es el camino que vamos a recorrer a partir de ahora. A donde quiera que viajan los funcionarios de justicia cubanos, se llenan la boca para decir que el ejercicio de la abogacía es libre en Cuba pero eso es falso, porque aunque el Gobierno ha firmado documentos aceptando eso, luego en la práctica resulta un requisito obligatorio pertenecer a los Bufetes Colectivos estatales para atender un caso ante los tribunales.

P. ¿De que se ha ocupado la AJC en todo este tiempo?

R. Son cuatro nuestros propósitos declarados: El primero, la educación jurídica de la población. El desconocimiento de las leyes no afecta solamente a los ciudadanos, sino también a muchos funcionarios, a la policía y especialmente a la Seguridad del Estado. Recuerdo que un día, en medio de un interrogatorio, un oficial de la seguridad al que yo le explicaba nuestra función educativa, me dijo “pero eso es darle armas al enemigo” ¿Cómo es posible que enseñarle al pueblo las leyes que ha hecho la propia revolución pueda beneficiar al enemigo?

El segundo propósito ha sido la atención de casos puntuales. Somos el último recurso de mucha gente. Eso nos ha permitido tener un conocimiento amplio de la situación real que tiene el pueblo de Cuba.

Los otros dos frentes de que nos ocupamos son la promoción de los Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales y de lo que se relaciona con la vida interna de la abogacía.

P. ¿Cuánto ha crecido la AJC en estos últimos 6 años?

R. Llegó un momento en que hasta nuestra sede, aquí en la capital, venían ciudadanos con problemas de toda Cuba. Eso nos llevó a crear filiales en otras provincias y hoy tenemos representaciones en Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Si en un principio luchábamos por llegar a 33 abogados, que es el número que la ley exige para ser reconocidos como una asociación, hoy ya hemos sobrepasado esa cifra, aunque no pretendemos ser una organización de masas ni mucho menos.

“Las normas son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato”

P. Si le preguntamos ¿Cuál es el hoy gran problema de Cuba? a un economista, a un político, o a un sociólogo, cada cual seguramente arrimará la respuesta a su especialidad. ¿Qué responde un jurista ante esa cuestión?

R. Nosotros estamos totalmente convencidos de que si a partir de mañana el Gobierno de Cuba se hiciera el firme propósito de que las leyes que ellos mismos han hecho fueran respetadas a rajatabla, no solo por los ciudadanos, sino por las entidades oficiales, y que la ley fuera obligatoria para todos por igual, las cosas mejorarían rápido y mucho.

P. ¿De su respuesta se pudiera deducir que usted es de las personas que cree se le debe conceder al menos cierto grado de legitimidad a las instituciones oficiales.

R. Lo que pienso es que hay algo que no se puede negar: En Cuba existe lo que llamamos “un derecho positivo” que es lo que está vigente y escrito en las leyes y que se debe acatar por la población y que las autoridades imponen como obligatorio. Cerrar los ojos a eso y actuar como si no existiera a mí me parece descabellado y hasta suicida. Lo que no quiere decir que no podamos sentarnos en otro fuero, en otro nivel, a cuestionar si ese derecho positivo implantado es o no el mejor derecho para el pueblo de Cuba o que no podemos discutir las normas que están establecidas, que a nuestro juicio son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato.

P. ¿Existe algún camino para cuestionar la ley desde la ley,?

R. Teóricamente sí, pero en la práctica no. Todos recordamos lo que pasó con el Proyecto Varela, se recogieron las firmas requeridas y no se le hizo el menor caso. Lo que establece la ley cubana al respecto es en realidad letra muerta.

“El Código Penal (…) tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva”

P. ¿Entonces qué es lo que hace falta cambiar?

R. Habría que cambiar la Constitución que, como dijera Martí, es un elemento vivo y no puede ser construida sobre la base de elementos ideológicos. Hay que desideologizar la Constitución y para eso no queda más remedio que hacer una nueva. La actual tiene tantos problemas que si te pones a quitarle lo que le sobra te quedas con un esqueleto. La de 1940 adolece de una impronta paternalista que no se aviene a nuestro futuro y no estoy hablando de la implantación de un liberalismo constitucional ramplón de sálvese el que pueda.

La que venga ha de ser dinámica, sencilla y con capacidad de durar. Una constitución que todo el mundo entienda, una en que la gente confíe y sea el motor para el cambio, pero sin despojarla de la protección que debe ofrecerle al ciudadano, que permita el desarrollo de Cuba con la finalidad de tener un país estable, que funcione y tienda al progreso.

P. ¿Sólo cambiar la Constitución o todo el entramado jurídico?

R. En el Código Penal hay menos que cambiar, pero también tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva. El Código civil hay que hacerlo nuevo porque carece del tema de la propiedad, y de reglamentaciones mercantiles, que no existen hoy para la ciudadanía. Habrá que renovar el procesamiento penal, derogar, modificar y establecer leyes. Hay mucho trabajo por realizar.

Los cambios deben ir de la ley a la ley. Esto sería lo mejor, ya sabemos lo que pasa cuando se rompe abiertamente con todo. Esa es mi opinión y sé que muchos la comparten, pero no puedo hablar por la contrapartida. Quizás las élites de poder creen que no es recomendable dialogar. Ojala que ellos de forma racional se convenzan de que lo mejor para ellos, para nosotros y para el futuro del país es que conversemos.

Sobre los actos ilícitos

5 MéridaLic. Mérida de la C. Pastor Masson
Las personas naturales están obligadas a reparar los daños o perjuicios que causen o que sean causados por aquellos por quienes deben responder, pero el tribunal en su arbitrio, si el responsable es un trabajador o un jubilado o pensionado que no tiene bienes propios o no son suficientes los que posee para pagar con satisfacción total o parcialmente el valor del daño causado o el perjuicio, tiene la facultad de adecuar la cuantía exigida de la indemnización a un 20% del salario de la persona que debe indemnizar o también de cualquier otro ingreso que éste reciba sin que el término para liquidar la deuda exceda de los diez años. La limitación antes mencionada se dispone, cualquiera que sea el contenido económico de la responsabilidad.
En el caso de daños a los recursos materiales o financieros de una entidad por alguno de sus trabajadores, estos indemnizarán en la cantidad y mediante el proceso legalmente establecido.
Los padres o los tutores son responsables de los daños o perjuicios que los menores o los incapacitados ocasionen, siempre que estén bajo su guarda y cuidado. Pero sin importar si son sus padres o tutores, si los menores o incapacitados están bajo el cuidado de una persona, ésta es responsable por ellos de lo que puedan hacer.

Precios minoristas para las minorías. (Comentario al Decreto 320)

cubano-autoargelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Hace un tiempo se publicó con carácter extraordinario en la Gaceta Oficial de la República, el Decreto 320 sobre la Transmisión de la propiedad de vehículos de motor y la Comercialización minorista de los mismos a personas naturales, que deroga al anterior Decreto 292 referido a la transmisión de la propiedad de vehículos entre particulares mediante actos de compraventa y donación.

Lo primero que llama la atención, y que no sin razón ha provocado innumerables comentarios, son los precios para la venta minorista a particulares, además del análisis de los precios que se exponen en el Anexo final del mencionado decreto a titulo de valores referenciales mínimos, y que según se interpreta del artículo 20.2 son los precios, que a los efectos tributarios, deberán considerar los particulares para el pago del impuesto mínimo por concepto de transmisión de bienes y sobre los ingresos personales, entiéndase por ejemplo, que para un auto de paseo en dependencia del año de fabricación habrá que pagar una cuota de impuesto mínima sobre la base de un precio que oscila desde los 51 000 pesos (cup) hasta casi un cuarto de millón de pesos.

Con la implementación del decreto 320, las recaudaciones mínimas por concepto de impuesto ya quedan garantizadas por fuerza de ley; lo que no queda tan claro es el tiempo que tardará en mejorar el transporte público (para la mayoría) con el Fondo destinado para su desarrollo y que, según la letra del decreto, debe engrosarse como resultado de la comercialización de autos a tal precio minorista (para las minorías).

El seguro de viajero, no es un contrato seguro.

Cira-Garcia1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Hace unos años unos amigos me incitaron a hablar sobre los seguros de viajeros-turistas a Cuba. Qué abarcan, cómo funcionan sus parámetros de garantía, calidad y seguridad jurídica, cuáles clausulas son reclamables contractual y objetivamente.

Este tema surgió a colación de un jubilado enfermo que al no poder la familia en Nueva Jersey atenderlo debidamente por cuestiones de trabajo, coordinaron con los familiares en nuestro país; jubilados y nieta estudiante incluida, para hacer más efectivo y humano su tratamiento de recuperación. Se pagaron los carísimos seguros y demás pagos de su estancia en Cuba por seis meses.

Comenzaron a faltar medicinas, reactivos, vehículos para el traslado, etc. No quiero especificar tanto para resguardar la privacidad de la familia. El final del cuento: el sentimental abuelo se marchó antes de los tres meses.

Después de tanto tiempo me conminó la confección de este trabajo, porque recientemente acompañé a un amigo al Hospital para extranjeros Cira García, cuyos servicios, medicamentos y otras pruebas operan en moneda CUC. En dicho lugar preguntamos por la cobertura del fantasmal seguro de viajero para obtener algún servicio, y para nuestra sorpresa, no obstante antes de viajar a Cuba se firman los contratos de seguros entre la agencia extranjera y Asistur cubana, no se puede indagar nada aquí, ni directamente con esta empresa, sino que hay que llamar al país de origen para evacuar las dudas. Me quedé pasmado, después de comunicarle porqué ese gasto y pérdida de tiempo llamando al extranjero cuando la empresa cubana está en Cuba, ya se deben imaginar la respuesta.

Con alguna experiencia en contratación económica, comencé a indagar si Asistur entonces convenia con el Hosp. Cira García, para revisar algún contrato de seguro médico. También deben imaginarse el resultado.

Entre las causales de mayor peso en la pobre seguridad jurídica de la contratación en Cuba está el funcionamiento monopólico de casi todos los renglones que originan o captan divisas, los contratos son por lo general inamovibles e incuestionables, cualquier dictamen valorativo de clausulas desequilibradas a favor del oferente, son desestimadas y coercitivas, pues al no existir competencia, lo tomas o lo dejas. Por otra parte aunque aparezcan con justeza los parámetros de garantía, calidad, solución lógica y legal de solucionar conflictos, nunca ante la ausencia de estos, se inclina la balanza a favor del cliente.

El atraso y la desactualización jurídica en nuestro país es mucho más grave que lo que muchos piensan.

Y de eso se trata

ombudsmanvallin_21Wilfredo Vallín Almeida
Hay una institución que, conjuntamente con el Tribunal de Garantías Constitucionales, debe tener existencia en la vida del pueblo de Cuba como sociedad: el Ombudsman (Defensor del Pueblo).
Esta institución es de relativa nueva creación en el mundo contemporáneo. Su invención se debe a Suecia, ese gran país amante del orden, del derecho, del desarrollo económico-social y de la solidaridad internacional.
La definición que del Defensor del Pueblo brinda el diccionario Wikipedia es la que sigue:
El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Scrubman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan cometer los poderes políticos y, en su caso, legislativo de ese mismo Estado.

El Ombudsman, o Defensor del Pueblo, no goza de un poder vinculante que obligue con sus dictamen a las instituciones u otras entidades sociales pero su prestigio, su posibilidad ilimitada de acceder a los medios y la confianza de la ciudadanía en su verdadera y leal defensa de los nacionales simples le infunden una fuerza moral y ejecutiva extraordinarias.
He tenido ya la oportunidad de reunirme con varios Defensores del Pueblo de distintos países. La conclusión que saqué de estos encuentros y conversaciones (largas en ocasiones), fue que se trata de personas con un gran amor por lo que hacen y una fe a toda prueba en que, el Derecho, identificado con la Justicia, debe imperar en sus patrias.
Por todo lo anterior, me llamó poderosamente la atención cuando, en el primer encuentro entre la Mesa de la Unidad Democrática venezolana y el gobierno del presidente Maduro, oí hablar de una Defensora del Pueblo de Venezuela que, por lo que pude percibir, no llena mis expectativas creadas por los otros Defensores del Pueblo que conocí.
Cuando abogamos por un Defensor del Pueblo para Cuba –que deberá crearse en algún momento de nuestra historia–, nos referimos específicamente a un Defensor del Pueblo y no a una imagen difusa.
El Defensor del Pueblo debe serlo del pueblo y no del gobierno que lo instituya o esté en el poder en un momento dado. De lo que se trata es de la esencial, vital e inalienable defensa a ultranza de los intereses del SOBERANO (con mayúscula) y no de su representante al que el Soberano, en un momento dado, encarga de su representación.
Y de eso se trata.

Por escrito

vallin_21Wilfredo Vallín Almeida
En todos los países del mundo existe la aduana, esa institución encargada de velar y controlar la entrada y salida del país de las importaciones y exportaciones tanto de los ciudadanos o entidades nacionales como extranjeras.
Para lo anterior, las aduanas cuentan con regulaciones, muchas veces con carácter de ley, que especifican su actividad y sirven de guía a los viajeros de lo que pueden entrar o sacar del país y en qué cantidad, y también de aquellas cosas que no son permitidas en lo absoluto.
Todo lo anterior, repito, está bien explicitado en esas regulaciones y no deja lugar a dudas pues reflejan con claridad los permisos y las prohibiciones aduanales.
Hasta aquí todo sin objeciones. Unos países son más permisivos que otros en cuanto a renglones a entrar o sacar o menos amplios en las cantidades de objetos, pero, sea como sea, esa actividad tiene una regulación obligatoria tanto para los viajeros como para la aduana misma.
El problema comienza cuando un ciudadano que se ha informado de lo que puede entrar en el país y en qué cantidad, hace eso exactamente, sin violentar absolutamente nada y, a pesar de ello, es requisado en el aeropuerto y sus pertenencias son ocupadas, reservándose la aduana el derecho de mantenerlas por 30 días y (quizás) de no devolverlas a su legítimo dueño.
Aquí las interrogantes son:
1. ¿Por qué los funcionarios aduanales ocupan objetos que, conforme a las regulaciones vigentes, son entrados al país bajo absoluta legalidad?
2. ¿Por qué los aduaneros leen los documentos y papeles personales que traen esas personas? ¿Eso entra dentro de las prerrogativas que la ley les atribuye?
3. ¿Por qué estos empleados del Estado cubano muchas veces maltratan de palabra (y a veces hasta de obra) a algunos de sus compatriotas que entran o salen por esa vía?
4. ¿Es realmente personal de la aduana quien ejecuta (u ordena) semejante comportamiento?
5. ¿Están los aduaneros, o quienes les ordenan esta actitud –en mi opinión lesiva a la dignidad humana– facultados para hacer caso omiso de lo que las leyes de la nación establecen?
Me gustaría sobremanera poder recibir la respuesta a estas preguntas por parte de la Aduana General de la República… por escrito.
AJC, Cuba, Aduana General de la República, legalidad, ocupación, retención

Las fuentes del Derecho Laboral

LABORALjuan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Río
Las fuentes del Derecho Laboral surgen con el desarrollo del trabajo en las distintas formaciones económicas sociales.
En la comunidad primitiva las relaciones de trabajo estaban reguladas por normas de convivencia social.
Ya en la comunidad esclavista se dictaron algunas normas jurídicas sobre el trabajo de los esclavos en cuanto a evitar el exceso de maltrato a éstos por parte de sus amos y las sanciones que se imponían a los esclavos que se dieran a la fuga. Estas normas casi nunca se cumplían. Ejemplo: Las ordenanzas de Alonso de Cáceres en 1574, que rigieran en Cuba colonial.
En la sociedad feudal, no existían normas jurídicas que regularan las relaciones entre el Señor Feudal y el Siervo. Sí existieron referentes a las funciones y relaciones de las corporaciones y gremios del artesanado.
En la sociedad capitalista, a principios del siglo XIX, el establecimiento de las máquinas, la concentración de capitales, la utilización a gran escala de personal en las fábricas, surge el proletariado y por ende contradicciones, por lo que se requieren dictar normas jurídicas de carácter laboral para controlar las luchas obreras y otras que concedían pequeños beneficios a los trabajadores.
Las fuentes del derecho laboral pueden clasificarse en Específicas y Eventuales y a su vez de Directas e Indirectas.
Las Fuentes del Derecho se deben de clasificar así:
a) La Ley, como principal fuente.
b) Disposiciones normativas. Ejemplo: Decretos, Resoluciones, Instrucciones, Reglamentos, etc.
c) Convenios Internacionales. Ejemplo: El Convenio Internacional de Inspección del trabajo.
Y es en la Convención Constituyente de 1940 que se le da la jerarquía al Código Estatal donde se regulaba el salario mínimo, la jornada laboral de ocho (8) horas diarias y 44 semanales, descanso retribuido, etc.