foto: Marcelo López Bañobre

Wilfredo Vallín Almeida

A continuación queremos publicar un fragmento de una carta recibida en la Asociación Jurídica Cubana con el propósito de comentarla en otro post.

La carta, después de identificar a su remitente y brindar su dirección, amén de que fue entregada por éste personalmente en nuestra sede, dice así:

Me dirijo a usted para quejarme de una situación que estoy viviendo en mi país desde hace varios años, situación evidentemente muy desagradable y humillante y que hoy día la misma se torna insoportable para mí.

Se trata de las multas o advertencias y maltratos que injustamente he tenido a lo largo de todos estos años por el simple hecho de relacionarme con extranjeros.

Desde hace muchos años estudio lenguas extranjeras, por ejemplo, estudié durante 10 años el francés en la Alianza Francesa de La Habana. Allí participé en una escena de teatro en francés con otros alumnos cubanos, así como varias veces en el Concurso de la Canción Francesa, concurso que cada año tiene lugar en la escuela en el mes de junio.

He participado, así como otros alumnos de dicha escuela en encuentros amistosos con alumnos de la Escuela de Economía de Francia que nos ha dado la posibilidad de poner en práctica nuestras habilidades y nuestros conocimientos en esa lengua.

En todas estas actividades culturales y sociales he podido mantener contactos con algunos de ellos que, a su vez, me han mandado amigos suyos que no hablan español, o casi nada, para que yo los oriente y los ayude…

En ocasiones me han invitado a cenar con ellos, pero esto me ha causado múltiples problemas con la policía que me ha detenido, me han hecho lo que ellos llaman ¨cacheo¨ y luego me han conducido esposado a la estación de policía, a pesar de que mis amigos extranjeros han insistido repetidas veces que soy un amigo, que no les molesto e incluso se han presentado en la unidad para confirmar lo antes expuesto, pero todo ha sido en vano ya que me han puesto arbitrariamente advertencias de asedio al turista, incluso sin haberlas firmado yo. Además, se me ha dejado encerrado durante horas en las malolientes celdas de las respectivas estaciones policiales.

Y continúa el remitente en otra parte de su misiva:

Por ejemplo, una vez tuve que pagar $ 50.00 por ello, otra vez $ 200.00 y otra $ 1500.00 por haber acompañado a una pareja a Trinidad en 1998.

Y así narra otras vicisitudes por algo que al parecer se ha dado en llamar ¨asedio turismo¨. Dejamos aquí la carta de Omar que, además junto con ella nos hace llegar un certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Sancionados con fecha 10 de enero de 2012 y donde se notifica “Hasta esta fecha no constan antecedentes penales”.

Comentaré este caso en una próxima entrada.

foto: Miriam Leyva

Lic. Veizant Boloy.

Mi abuela no lo pensó dos veces, cuando en sus primeros años pudo irse a España donde sus antecesores. Ella escogió creer como tantos otros, en las promesas del Gobierno de proporcionar una vivienda digna para todos. Hoy tras más de cinco décadas, no puede más que mirar al cielo y preguntarse: ¿cómo fue posible?

Fidel Castro, en un discurso pronunciado el 20 de febrero de 1960, manifestó que: (…) La Revolución puso fin a la explotación de la vivienda (…) esto es lo que hizo la revolución, sustituir aquel sistema de explotación por un sistema de justicia, donde las familias adquirirán la propiedad de aquella casa, cuando amortizaran el capital(…).

El Estado Cubano por mandato constitucional, en su artículo 9, debe trabajar por lograr que no haya familia sin una vivienda confortable. Si tomamos la idea de Castro de que la Constitución es hija de la Revolución, debemos asumir que en el incumplimiento de esta Ley hay una traición documentada de las expectativas del pueblo.

La situación de la vivienda en Cuba no deja de ser penosa y absurda. Las limitaciones imperantes hasta ayer, unidas a la poca voluntad del Estado, lejos de revertir la situación, la agudizan, y se culpa al embargo económico.

La crítica al Sistema Nacional de Vivienda está muy lejos de ser dulce y divertida, la triste verdad no da lugar a interrogantes.

Aunque un sector de la población da más valor a la manifestada intención de cambiar que a los errores que padecemos y criticamos durante años, el tiempo suele darme la razón. La fórmula brindada al problema de la vivienda, ha sido un fracaso, y aunque no lo reconozcan, salta a la vista; muestra de ello son las reformas que se están introduciendo en este sentido. No siempre lo nuevo es bueno, y decir que estos cambios desafían los principios de sus creadores sería ingenuo.

No hay ser prodigio para prever dónde se puede torcer el camino. Tenemos el poder de hacer cambios, éstos pueden surgir de todos, hasta de los más humildes. El Estado siempre ha mediado en todo trámite de propiedad. Inocentes los que piensen que ahora será diferente, ya vemos cómo sacarán tajada con sus gravámenes.

En resumidas cuentas, mi abuela, despojada de su vivienda por el Estado para construir una represa, y que tras una lucha dura y prolongada de veinte años pudo obtener su propiedad, fue víctima del inescrupuloso mercado negro inmobiliario, por la ausencia del Decreto Ley 288, recién puesto en vigor, referente a uno de los derechos elementales del propietario, disponer libremente del bien.

foto: Marcelo López Bañobre

Lic. Yaremis Flores.

Son las seis de la tarde. Paula toma su merienda frente al televisor mientras disfruta sus animados favoritos. De pronto tocan a la puerta tan fuerte que derramó el refresco y corrió a abrazar a su mami.

Orisel, su papá, abrió molesto la puerta y se sorprendió al ver a su Jefe de Sector con un documento que lo autorizaba a registrar su domicilio. Sin apenas tener oportunidad de verificar el escrito, entraron otros dos agentes.

- -¿Pero qué buscan?, preguntó Orisel.

–“Algo de procedencia ilícita”, respondió el agente actuante.

Con una superficialidad espantosa Orisel ha sido encasillado por su Jefe de Sector, en las categorías “delincuente, sospechoso y peligroso”. Aunque parezca una escena de una novela, secuencias como ésta ocurren, constituyendo una franca vulneración de la inviolabilidad de domicilio protegida por la Constitución.

Los policías se llevaron hasta la alcancía de Paulita, además de una computadora por no tener el certificado de propiedad.

Según lo regulado en la Ley de Procedimiento Penal el objeto del registro debe ser específico, y no “ocupar bienes de procedencia ilícita”. Además, el hecho de poseer un objeto sin su título de propiedad, no constituye delito alguno.

Es la autoridad que ostenta la carga de la prueba la encargada de probar si el bien es de procedencia lícita o no, ya sea por ser fruto de otro delito como Robo, para citar un ejemplo. De lo contrario se presume la titularidad legítima de su poseedor.

Wilfredo Vallín Almeida

En sentido estricto, la Academia Española define el concepto república como Estado que se gobierna sin monarca. Con más rigor de técnica política, puede decirse que es, en su auténtica expresión, la forma de gobierno de origen electivo y popular, caracterizado por la duración determinada de la representación o mandato…

Por otra parte, si se entiende que la república es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según una famosa frase atribuida a Abraham Lincoln, entonces se le considera un auténtico carácter popular.

Por último, la república resulta democrática cuando se dan los supuestos siguientes según los entiende el gran jurista argentino Guillermo Cabanellas:

La palabra democracia procede del griego demos, pueblo y kratos, poder. Significa el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Ya Aristóteles decía que democracia era aquella en la que la multitud gobierna para la utilidad pública y que se concibe como una forma de Estado dentro de la cual la sociedad entera participa.

Esa participación se corresponde no solamente con la organización del poder público sino que incluye, además, su ejercicio.

Resulta interesante constatar que en nuestro país, que de manera constante se comenta todo el acontecer del mundo desarrollado (sobre todo si de cosas negativas se trata); prácticamente no publica nada sobre la realidad interna de países como Corea del Norte.

Y cuando se buscan datos sobre la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) a partir de las publicaciones de ese propio país, encontramos que, a no ser información muy general, los coreanos de la parte superior del paralelo 38 prácticamente no brindan información a los organismos o revistas internacionales.

Así, por ejemplo, en el Almanaque Mundial que consulté para este artículo, vemos con relación a esa República Popular y Democrática:

• % de los principales productos de exportación: no hay datos,
• % de los principales productos de importación : no hay datos,
• % de la tasa de inflación: no hay datos,
• % de desempleo: no hay datos,

y así sucesivamente.

Y, claro está, ese “silencio” informativo no puede sino levantar suspicacias.

Si a lo anterior es posible sumar que:

- en ese país el poder se transmite de padres a hijos y nietos, como en las más rancias monarquías feudales,

- la participación popular en la gestión de gobierno es nula,

- los coreanos que salen al extranjero tienen que llevar, hasta cuando están en camiseta, un sello del Kim de turno; aun dentro de sus habitaciones (esto no es una exageración o algo que me llegara de oídas, sino que vi personalmente),

- y un sinfín de cosas más.

Entonces no será aventurado concluir que la Corea del Norte contemporánea no resulta ni República, ni Popular, ni Democrática.

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Wilfredo Vallín Almeida

Desde Europa, una abogada nos pregunta sobre la pena de muerte la que, según sus palabras,  constituye “una disposición arcaica”. Nos agrega que en su país (y en muchos otros del viejo continente y de otras latitudes), la pena de muerte ha sido proscrita y su aplicación, en los países que aun la aplican, es vista como una reminiscencia antediluviana.

Esa letrada nos pidió nuestras opiniones por escrito, así es que aquí le va (a ella y a todos los que les interese el tema).

Con la motivación de marras, examinamos el actual código penal cubano y sólo éste (Ley 62 modificada) y de lo que “dice” esa herramienta del derecho positivo nacional, se sacaron las conclusiones que siguen a continuación.

En la Perla de Las Antillas, el código penal tiene 348 artículos, 18 de los cuales están sancionados con la pena capital.

De las 18 sanciones anteriores, 13 corresponden al Título I de dicho código en su Parte Especial, a saber, Delitos contra la Seguridad del Estado, Título que incluye 37 artículos en total. Esto implica que el 35% de los artículos de ese Título están sancionados de la forma más fuerte posible, o sea, con la muerte.

Los restantes,

Artículo 263…………………………………………………….. Asesinato

Artículo 298 ……………………………………………………. Violación

Artículo 299 ……………………………………………………. Pederastia con Violencia

Artículo 310 ……………………………………………………. Corrupción de Menores

Artículo 327 ……………………………………………………. Robo con Violencia o Intimidación

se diseminan entre otros 223 artículos, por lo que sólo hacen apenas un 2.3% del total.

De creer fríamente en los números, la conclusión sería que la relación por excelencia que el legislador revolucionario consideró oportuno proteger a toda costa era la del Estado con aquellos ciudadanos que no lo quisiesen bien, y para ello era menester tener en alza permanente sobre sus cabezas la espada de Damocles del poder.

Pero por si nuestra colega europea no lo sabe, hace ya algún tiempo, existe una “moratoria” sobre la aplicación de la pena de muerte. La última de tales ejecuciones transcurrió en circunstancias sumarísimas y ejemplarizantes que han sido en extremo cuestionadas… y lo siguen siendo.

Para nosotros el problema no termina aquí. Esa “moratoria” puede suspenderse en cualquier momento, y puede caer la espada. Por ello el problema está en eliminar, junto al mundo civilizado, esa terrible pena que, como bien dice nuestra amiga, es toda una “disposición arcaica”,  propia de los tiempos de Torquemada, añadimos nosotros.

Foto: vitolario.com

Lic. E. Javier Hernández

Mi desempeño como comercial, especialista de recursos humanos y asesor jurídico, me produjeron la siguiente duda; insatisfecha a pesar de mi búsqueda, ¿Cuál es el salario real en Cuba?

Como me gustan las preguntas para el desarrollo, también me pregunto:

¿Cómo se nombra y cuál es el límite de la plusvalía cubana?

¿La remuneración es justa, de acuerdo con el trabajo socialmente útil, la responsabilidad, la calificación y la productividad?

Según Marx, plusvalía es el valor que el trabajo no remunerado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia el capitalista y constituye la base de la acumulación de capital. Es el trabajo realizado que no se le paga al trabajador.

En mi experiencia laboral, una vez mencioné el derecho de pago de horas extra para unos operadores de montacargas, alegando el monto de la venta que se realizaría y el marco jurídico aplicable según el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, Derecho de sindicalización y negociación colectiva de 1949, ratificado en 1998; casi me despiden.

En otra ocasión, ante funcionarios de una agencia empleadora, invoqué el derecho de los trabajadores de definir la cuantía de la propina (voluntaria y altruista), que cederían para obras de interés social, y no una cifra impuesta por los funcionarios superiores, y este fue el primer paso de un calvario laboral que terminaría en despido.

En 2010 participé en la revisión del sistema de pago a un grupo de tabaqueros a los cuales se les pagaba apenas un cuc por extraproducir cien tabacos de alta regalía. Revisé formas de pago similares y salarios mínimos de otros países que constituyen la competencia de Cuba en dicha área, así como el valor agregado de ese producto cubano en el mundo. Resolvimos incrementar en casi un 100%, aún así, muy por debajo de la media mundial de salario. No obstante no se desarrolló la propuesta ni se respetó el derecho de los trabajadores, ni del sindicato, ni los pactos internacionales sobre el bienestar y la función familiar-social del salario, pero sí abundó la insensibilidad y el inmovilismo.

En el sector de la Marina Mercante, por ejemplo, los contratos laborales son aberrantes, pues no se retribuye la labor socialmente útil y se desconoce la plusvalía. Igual sucede con los médicos y entrenadores deportivos y cualquier otro capital humano exportable, siendo lo más denigrante la obligación de firmar una nómina de la que reciben menos del 50% (acompañada de la respectiva amenaza y chantaje si hay protesta, pues siempre hay sustitutos).

Estas son violaciones del derecho de los trabajadores, de los estatutos de la OIT y otros convenios internacionales sobre derecho laboral de los que Cuba es firmante.

Sería interesante un análisis del tema por parte de nuestros expertos, para constatar si el esfuerzo por el aumento de la productividad es tan necesario para elevar el salario, o bien pudiera lograrse también por la vía de reducir la plantilla de controladores, inspectores, militares, políticos, responsables, jefes varios entre otros, y también, por qué no, desclasificar para siempre la “plusvalía” cubana.

Wilfredo Vallín Almeida

Termina ya el 2011 y el cable desde Venezuela que debía proporcionar INTERNET para todos los cubanos no acaba de entrar en funcionamiento y lo que sabemos en torno a eso son sólo rumores: no hay una información oficial clara y específica que nos diga qué ha sucedido y para cuándo estarán solucionados los problemas con esa instalación.

El caso que acabo de exponer es sólo un ejemplo del problema mucho mayor que los nacionales hemos estado confrontando desde el triunfo de la revolución con un aspecto tan importante de la vida moderna: la INFORMACIÓN.

El carácter absolutamente estatal de los medios de información en Cuba a raíz de su nacionalización en los primeros años de poder socialista, hicieron depender esa información de la forma, la extensión y la oportunidad que dictó el supuesto representante del pueblo a su representado: sería cómo entendiese el primero.

Así, comenzó a darse un fenómeno inusitado: los cubanos nos enterábamos de lo que sucedía (no ya en el exterior, sino dentro del país) por cualquier vía o fuente ANTES de que nos lo comunicaran los medios nacionales que evidentemente tenían que esperar orientaciones del poder político para luego informar…a su manera.

Son muchos los ejemplos que pueden mostrarse de esto. En febrero de 2008 se firmó en Nueva York, por el entonces ministro de relaciones exteriores Felipe Pérez Roque, dos pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, a saber, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ninguno de estos importantes documentos internacionales han sido publicados dentro de Cuba, no han sido explicados sus contenidos ni expuestas las razones por las cuales fueron firmados.

Algo similar aconteció con un documento del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 y, en el que, entre otras cosas, puede leerse:

Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar ya sean económicos, sociales y culturales, o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente.

Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas o detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención.

Hemos preguntado a muchos letrados sobre este documento de ONU y la inmensa mayoría confiesa no haber escuchado de su existencia, a pesar de que fue en Cuba donde encontró concreción.

Lo anterior, por demás, no puede resultar raro si cualquier ciudadano confiesa no haber tenido nunca en las manos una Constitución de la República ni nunca haberla leído.

Sí parece obligada entonces una pregunta: ¿por qué no se informa a la población en la justa medida todo esto? ¿No es ella el soberano del cual dimanan “todos los poderes del Estado” como reza la Ley de Leyes de la nación?

¿O acaso el poder delegado se considera por encima del poder constituyente?

En el plano internacional, el año que concluye nos ha deparado importantes acontecimientos que han repercutido y repercutirán en la vida de los cubanos.

Los sucesos del mundo árabe representan una gran luz de esperanza para aquellos que aún viven bajo la égida del totalitarismo y ya algunos de estos comienzan a adoptar medidas para la democratización de sus situaciones.

Hace apenas algunos días, en una de las ciudades de la propia China, miles de ciudadanos salieron a la calle al morir uno de ellos en circunstancias no claras; derrocaron a las autoridades del partido y expulsaron a la policía declarándose enemigos de la corrupción oficialista.

Lo último que supe  al respecto era que el ejército chino rodeaba la ciudad sin decidirse a entrar en ella. Veremos que dicen sobre esto (si es que lo hacen) los medios noticiosos nacionales.

En el plano nacional las cosas han sido también turbulentas. El cansancio de la población que no quiere seguir viviendo en un país cuyas expectativas siguen siendo oscuras para sus habitantes sencillos.

El gobierno, por una parte, con la ayuda de la iglesia católica,   se mueve en el sentido de abrir muy pequeños espacios donde puedan expresarse algunas opiniones disconformes y por otra, reprime , a los que se atreven a ir más allá y salir a la calle.

Sin embargo, la labor de los periodistas independientes continua impertérrita y aparecen nuevos espacios (Razones Ciudadanas, Estado de SATS) posibilitando que la opinión discordante y argumentada llegue a sectores de la sociedad cubana que antes no tenían ningún acceso a ella.

La reaparición de Eliécer Ávila en estos medios apunta hacia donde se mueven los ciudadanos en la medida en que se dan cuenta de la absurda intransigencia de los que quieren mantener su posición a toda costa sin comprender ni admitir el cambio de los tiempos.

No podemos obviar aquí el martirologio de que se va nutriendo la oposición política cubana. La irreparable pérdida de esa grande de la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos, Laura Pollán, me trae a la memoria aquella frase inolvidable del Maestro: “El árbol que da mejor fruto es aquel que tiene debajo un muerto”.

Para detener los acontecimientos que vendrán, quiéranlo o no los que hoy tratan de hacerlo, sería preciso parar el movimiento de rotación de la Tierra y eso no está al alcance de simples mortales, por muy grandes que se consideren a sí mismos.

Lic. Yaremis Flores Marín

Gabriel se levantó temprano. Se extrañó cuando al pretender una ducha, el divino tesoro no recorrió los oxidados conductos de su humilde vivienda. Afinó el oído para escuchar el motor del agua, y este estaba funcionando. Presagió algo andaba mal. Salió al patio y siguió el rumbo de la tubería hasta ver la cortadura en la casa colindante.

Su vecino (con quien tiene problemas de litigio por los límites del patio), cortó la cañería; en franco desafío y afirmó estar en su derecho.

Gabriel acudió a la estación policial más cercana con el objetivo de formular la correspondiente denuncia. Allí comenzó su tortuoso camino. Para comenzar, ya eran las once de la mañana, los planes de llegar al trabajo un poco más tarde se desvanecieron. “Me levanté del asiento, pues pensé que el oficial de la Carpeta se había olvidado de mí. Sin apenas levantar la vista dijo que tenía que esperar” -señala Gabriel.

Ahí permaneció tres horas, casi siglos. Ya era su turno.

No fue apercibido de su obligación de decir la verdad. El joven oficial comenzó a levantar el acta de denuncia, cuando Interrumpió el acto y salió de la oficina. Impaciente por la demora Gabriel, se dirigió a la carpeta y tras el buró el agente buscaba en un Código Penal el delito por el que debía radicar la denuncia.

El denunciante con voz temerosa le sugirió el posible delito: Ejercicio arbitrario de derechos. El agente ofendido alegó que no levantaría ninguna denuncia porque ahí no había crimen alguno y no sabía si la instalación del agua era legal. Molesto el denunciante pidió hablar con el superior; a mucha insistencia logró que se terminara el acta de denuncia. Gabriel regresó a su casa decepcionado y malhumorado.

“¿Por qué siendo yo la víctima me trataron como un acusado? Cómo un policía no conoce lo que es delito y lo que no? ” se preguntaba en su camino de regreso, ya casi a las seis de la tarde.

Historias como estas se repiten más de lo debido. Las víctimas de un delito cuando se les propone que formulen la denuncia, se encogen de brazos y responden: “Para qué, pierdo el día en eso y no resuelvo nada”.

Este incorrecto proceder viola las leyes vigentes acerca el procedimiento de una denuncia y la actuación de la policía ante el conocimiento de un delito. La falta de sensibilidad humana de los uniformados y la poca preparación jurídica hacen que se obstaculice el camino a la justicia y el pueblo pierda cada día más la confianza en los agentes de la autoridad.