Instrucción 133 del 21-12-88

MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P.S. DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

CERTIFICO: que en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular celebrada el día veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, fue aprobada la Instrucción que es del tenor siguiente: ———————————-

POR CUANTO: El permanente y objetivo avance en los aspectos cuantitativos y cualitativos de la actividad judicial en la mayoría de los Tribunales Populares, unido al descenso que durante los últimos meses se ha observado en la radicación de asuntos penales, tornan inaceptable que, en ocasiones y con mayor o menor frecuencia, se adviertan demoras injustificadas en la tramitación de los procesos judiciales con infracción, incluso, de los términos legales establecidos.————————————–

POR CUANTO: Las demoras y dilaciones en la tramitación de los procesos judiciales afectan la buena marcha de la Administración de Justicia y los fines que la misma persigue, lo que exige la adopción de nuevas medidas tendentes a su definitiva erradicación.—————————————————————————————

POR CUANTO: A tales efectos resulta conveniente enumerar las disposiciones normativas fundamentales adoptadas por este Consejo de Gobierno, por la Presidencia de este Tribunal, complementarlas con nuevas reglas de obligatorio cumplimiento y establecer un sistema único, válido para todos los Tribunales Populares, el control de su cumplimiento y las medidas a adoptar contra los infractores responsables.——————-

POR TANTO: Este Consejo de Gobierno, con amparo a las atribuciones que le otorgan los incisos 9 y 11 del artículo 24 en relación con el inciso 3 del artículo 21 de la Ley de Organización del Sistema Judicial, imparte la siguiente:—————————————

INSTRUCCIÓN No. 133

PRIMERO: Los Tribunales Populares en todas las instancias y materias que resulten de su conocimiento deben tramitar los asuntos a su cargo con el máximo de celeridad, sin afectación de la calidad de sus actuaciones y con cumplimiento de los términos que en cada caso resulten establecidos en las respectivas leyes procedimentales, otras normas legales o en disposiciones adoptadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.———————————————————————————————

SEGUNDO: A los efectos de la celeridad en la tramitación de los procesos se entenderá que las resoluciones y diligencias judiciales se dictarán o practicarán sin dilación, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Penal, o serán fijados los términos o plazos por el Tribunal de acuerdo con las circunstancias del caso, cuando la Ley no los señale, según se establece en el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en un período de tiempo inmediato y que, en ningún caso, se extienda más allá de lo que resulte permisible racionalmente.———————————

TERCERO: Se cumplirán los términos legales establecidos, cuando lo fueren, y no se admitirá ninguna excusa de su infracción que no esté debidamente explicada en o mediante la resolución correspondiente.——————————————————————-

CUARTO: Los Tribunales Populares cuando deban señalar un acto judicial o la realización de determinada diligencia y, conforme a las circunstancias concretas u objetivas existentes, no pueda serlo dentro del término o plazo establecido legal o reglamentariamente, dejarán debida constancia de ello en la resolución que se dicte y harán el señalamiento en fecha que garantice, que el acto o diligencia se realice sin que exista dilación innecesaria.————————————————————————

QUINTO: Los Tribunales Populares en el marco de la tramitación de los procesos con adecuada celeridad, priorizarán aquellos que, por determinadas características, se les ha otorgado este carácter por la Superioridad, como lo son los juicios y causas penales en que existan acusados en prisión provisional, con cumplimiento a estos efectos de las Circulares del Presidente del Tribunal Supremo Popular número 26, de 11 de abril de 1983, 27 de 13 de abril de 1983, 50 de 25 de agosto de 1987, las Instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular número 53 de 9 de junio de 1975, 65 de 30 de junio de 1977, en cuanto resulten pertinentes, y el acuerdo número 444 de 27 de octubre de 1980 también de este Consejo de Gobierno.—————————————-

SEXTO: Para la adecuada celeridad en la tramitación de los procesos los Tribunales Populares cumplirán en materia penal además de las disposiciones legales las contenidas en la Instrucción número 102 de 16 de junio de 1981 referida a los expedientes de fase preparatoria presentados por el Fiscal con solicitud de apertura a juicio oral, en las Circulares del Presidente del Tribunal Supremo Popular número 34 de 11 de junio de 1984 y 49 de 16 de junio de 1987 referidas al juicio oral, en la Instrucción número 84 de 10 de mayo de 1979 sobre liquidación de sanciones y en materia civil la Circular del Presidente número 36 de 25 de octubre de 1984 relativa a los procesos sumarios de alimentos y el Dictamen número 165 de 2 de agosto de 1983 referido a los términos o plazos procesales de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.————-

SEPTIMO: Los Tribunales Populares tendrán especial cuidado en todos los procesos que resulten de su conocimiento al momento en que las partes propongan pruebas, en particular la testifical, de valorar adecuadamente su pertinencia, eliminando el mecanismo que en ocasiones predomina, toda vez que la prueba admitida o dispuesta que resulte innecesaria alarga la duración del proceso sin que beneficie en nada la calidad de la actuación judicial.———————————————————————————————

OCTAVO: Los Tribunales Populares deben evitar por todos los medios a su alcance el suspender actos judiciales por inasistencia de jueces, y en todos los casos adoptar las medidas pertinentes para que los referidos actos se lleven a cabo en la hora para la que fueron señalados.———————————————————————————-

NOVENO: Se priorizará la atención al problema que constituye la suspensión de los actos judiciales en particular en las materias penal y laboral estableciéndose las metodologías, coordinaciones y medidas que resulten necesarias, con el auxilio de los demás organismos que participan en la administración de justicia y manteniendo controles eficaces que permitan corregir, conforme a las disposiciones legales vigentes, las incomparecencias que no resulten debidamente justificadas. Se tendrán presentes las disposiciones contenidas en las Instrucciones de este Consejo de Gobierno número 59, de 3 de noviembre de 1976, sobre incompatibilidad de asistencia de abogado a diferentes actos judiciales y la 93 de 14 de junio de 1980 sobre la suspensión de los juicios orales, así como la Circular del Presidente del Tribunal Supremo Popular número 12 de 23 de marzo de 1982 que establece la obligación de citar a los acusados en prisión provisional con tiempo suficiente para garantizar su presentación al juicio oral.——————————-

DECIMO: Se cuidará erradicar la práctica, manifestada ocasionalmente, de descuidar la tramitación de las actuaciones con la debida celeridad una vez celebrado el juicio oral, la vista o la comparecencia, según el caso, debiendo existir igual rigor en la exigencia de celeridad para los trámites anteriores como para los posteriores a estos actos judiciales, con 3special é4nfasis en todos los pasos concernientes a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes con inmediata información a la Fiscalía General de la República, al nivel correspondiente, de las infracciones de la legalidad socialista que se cometan para impedir, eludir o dilatar la ejecutoria dispuesta por el Tribunal.——————————

UNDECIMO: Las disposiciones que anteceden y que tienden a garantizar la celeridad en la tramitación de los procesos judiciales mantienen su validez, en cuanto resulten pertinentes, respecto a los demás trámites que deben realizar los Tribunales Provinciales, tales como respuestas a las quejas de la ciudadanía, informe de los organismos sobre las infracciones de la legalidad socialista que se detecten, etc.

DECIMO SEGUNDO: Los Tribunales Populares cuidarán celosamente el cumplir los deberes que se vienen impuestos legalmente en cuanto al auxilio judicial que deben prestar, lo que realizarán con la mayor diligencia y calidad con cumplimiento a estos efectos de lo dispuesto en la Instrucción número 92, de 14 de junio de 1980 y en el acuerdo número 413 de 5 de octubre de 1978, aprobados por este Consejo de Gobierno.

DECIMO TERCERO: Los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares adoptarán las medidas pertinentes para garantizar que todos los jueces profesionales de sus respectivos Tribunales y de los Municipales que les estén subordinados conozcan perfectamente las disposiciones mencionadas en la presente Instrucción, con énfasis en los planes de estudio individual que serán debidamente controlados en sus resultados.

DECIMO CUARTO: Las Salas del Tribunal Supremo Popular al conocer de los recursos y procedimientos de su conocimiento así como en las visitas que efectúan a las provincias y municipios y la Dirección de Supervisión de este Tribunal en todas las inspecciones que realicé, así como los Tribunales Provinciales respectos a sus instancias subordinadas en cumplimientos de las funciones de dirección, supervisión e inspección a ejercer sobre la actividad jurisdiccional de los Tribunales inferiores, conforme lo dispone el inciso 5 del artículo 12 de la Ley de Organización del Sistema Judicial, velarán por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Instrucción y darán cuanta a este Consejo de Gobierno y a la Presidencia del Tribunal Supremo de las infracciones que adviertan.

DECIMO QUINTO: Se impondrán las medidas correctivas del orden procesal que corresponda o en el orden gubernativo o el laboral, según corresponda, cuando no existan méritos para tener por justificada una demora en la tramitación de los procesos, realización de diligencia o dictados de resolución o cualquier otra de carácter similar.

Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en La Habana, a veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, “Año 30 de la Revolución”.

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