Recurso de Casación

A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR POR CONDUCTO DE LA SALA SEGUNDA DE IGUAL MATERIA DEL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR DE CIUDAD DE LA HABANA.

REFERENCIA: Proceso Administrativo No. 338 del 2010, de la radicación de la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana.

LIC. WILFREDO VALLIN ALMEIDA, con el carácter que tengo acreditado en los autos del proceso de la referencia, comparezco y DIGO:

Que vengo por medio del presente escrito a tenor de lo establecido en el artículo 654 en relación a lo previsto en los artículos 601, 602,629 apartado 2do.; 630 y 631, todos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, tal y como quedo modificada por el Decreto-Ley No. 214 de 26 de septiembre del 2006, a IMPUGNAR el Auto Definitivo No. 164 de 18 de noviembre del 2010, dictado por la referida Sala del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, DISPONIENDO a esta altura del proceso NO HABER LUGAR A ADMITIR LADEMANDA, y a tales efectos hago constar lo siguiente:

PRIMERO: Que la Resolución que se recurre le fue notificada a esta parte con fecha 19 de noviembre del 2010, llevando este escrito la fecha de su presentación, por lo que el Recurso se interpone dentro del término de los CINCO DIAS, que a tal efecto prevé el referido artículo 631, ante la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana.

SEGUNDO: Que este escrito lleva fecha de su presentación el día 22 de noviembre del 2010.

RECURSO DE CASACION

MOTIVO PRIMERO:

PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 629 apartado 2do. de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

PRECEPTO AMPARADOR: Ordinal 1ro. del artículo 630 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS: Artículos 21, 23, 661 y 680 apartado 1ro. de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico en estrecha conexión con los preceptos legales siguientes: Dictamen No. 45 correspondiente al Acuerdo 259 ambos de 19 de diciembre de 1978, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, artículos 54,63,120 y 121 de la Constitución de la República de Cuba, artículos 4,5 y 7 inciso e), de la Ley No. 82 ´´ De los Tribunales Populares´´ de 11 de julio de 1997, artículos 3,4, 74 y 75, del Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares, tal y como fue modificado por el Acuerdo No. 28 de 10 de marzo del 2010, artículos 2 inciso d) y 8 inciso d), así como la Disposición Especial Primera de la Ley 54 ´´ De Asociaciones´´, de 27 de diciembre de 1985, artículos 10, 11, 12 inciso g), 36 inciso ch), 68, 82 inciso a) y d),85,86,87,89 y 90 de la Resolución No.53 de 14 de julio de 1986 del Ministerio de Justicia, ´´Reglamento de la Ley de Asociaciones´´; y el acápite 24 de los ´´Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados´´, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana(Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

CONCEPTO DE LA INFRACCION: Que tras ser admitida la Demanda, tal y como se consigna en la providencia de fecha 7 de julio del 2010, la Sala de Instancia, presidida en esa oportunidad por la Lic. Yanet AlfaroGuillen, concedió a esta parte un término de 10 días, a fin de que se subsanaran o corrigieran dos extremos o particulares de nuestro escrito promocional, concretamente:´´… 1) se personara el promovente a nombre propio y 2) que fuera reformulado el hecho segundo de la demanda, teniendo en cuenta que el hecho primero narraba una solicitud de certificación del Ministerio de Justiciay luego se refería una denegación de autorización para constitución de asociación, lo que resultaba incoherente…´´; reparo que fue evacuado el 12 de julio del 2010, asumiendo la representación o promoción de la demanda por mi propio derecho, amparado en el inciso b) del artículo 4 del Decreto-Ley No. 81 de 8 de junio de 1984 ,´´ Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos´´ y en cuanto al segundo particular expuse las razones de hecho y de derecho, específicamente la prevista en el inciso g) del artículo 12 de la Resolución No. 53,´´ Reglamento de la Ley de Asociaciones´´ del porque al no contar con la certificación referida en el hecho primero de la Demanda, no expedida sin fundamento legal por el Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, en franco irrespeto al derecho ciudadano que me concede el artículo 68 del supra mentado Reglamento, a solicitar y obtener esa certificación, resultaba jurídica y materialmente imposible formular la solicitud de constitución de la Asociación Jurídica Cubana, pues de hacerlo obviamente no cumplimentaría el requisito previsto en el inciso g) del citado artículo 12, precepto legal que establece con carácter de rígida observancia los particulares que a de contener tal solicitud, expresando además que la no expedición de la certificación interesada cumplía un propósito mediato: LA NO AUTORIZACION DEHECHO Y NO DE DERECHO DE LA ASCOIACION JURIDICA CUABANA, causa para esta parte del SILENCIO ADMINSITRATIVO, alegado en el hecho segundo del escrito promocional, totalmente coherente con el primero, alegato totalmente aceptado como válido por la Sala, pues con fecha 15 de julio del 2010, pronuncio proveído, teniendo por evacuado el reparo y en consecuencia tuvo por establecida la demanda administrativa por este un servidor, contra el Silencio Administrativo, teniendo por demandados entre otros al Ministerio de Justicia, disponiendo fuera reclamado de ese Órgano de la Administración Central del Estado, el expediente gubernativo( expediente nunca aportado sin razón legal alguna) y a la vez fuera Emplazado para que se personara en el proceso, mandato de la Sala materializado en la diligencia que obra a foja 15 de las actuaciones, factura de la correspondencia remitida al Ministerio de Justicia, recibida en dicho Ministerio el 27 del propio mes y año, y casi un mes después, exactamente el 18 del siguiente mes, la Sala pronuncia proveído, teniendo por personado y por parte al Licenciado Diego Fernando Cañizares Abeledo a nombre y en representación del Ministerio de Justicia, concediéndole el termino de veinte días para contestar la demanda, teniendo la Sala según providencia de 22 de septiembre del 2010, por contestada la demanda por la administración, quedando de esta forma, por cumplida o terminada esta etapa( LA EXPOSITIVA o de ALEGACIONES) del proceso, recogida en el Capítulo I De la Demanda, Emplazamiento y Contestación; del Título IV Del Procedimiento, de la Ley de Tramites Civiles, por lo que se imponía en obediencia a lo previsto en los artículos 38 y 39 de dicha Ley, que la Sala diera paso a la etapa o fase siguiente del proceso, EL RECIBIMIENTO A PRUEBA, en total concordancia con el artículo 686 de la LPCALE, solicitud hecha en el escrito promocional, a lo que no accedió, al dictar la Resolución sindicada, el Auto Numero 164, presidida también en esa oportunidad la Sala por la Lic. Alfaro Guillen, (al parecer en esta decisión tuvo algo que ver la providencia de 21 de septiembre del 2010 por la que dejo de ser la ponente titular la Lic. Pereira Basanta, en total discordancia con la Instrucción 81 de 21 de diciembre de 1988, pues no expone las razones del returno ni me fue notificada), disponiendo ,reitero a esta altura del proceso, NO HA LUGAR A ADMITIRLA DEMANDA, en franca y abierta violación de uno de los principios cardinales que informan el Derecho Procesal Civil: EL PRINCIPIO DE PRECLUSION, principio que se traduce en la perdida, extinción o consumación de una facultad procesal, este principio opera en el sentido de que las diversas etapas o fases del proceso se desarrollan de forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados, principio este, recogido en todo nuestro ordenamiento jurídico y de manera concreta en cuanto a esta materia (Del Procedimiento Administrativo), en los artículos 661 y 680 de la LPCALE, en conexión directa con los artículos 21 Y 23 del propio texto legal y con el Dictamen No. 45 correspondiente al Acuerdo 529 de 19 de diciembre de 1978, dictado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo para evacuar la consulta formulada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, Dictamen, según los artículos 121 de la Constitución de la República de Cuba y 3,74 y 75 del Reglamento de la Ley de los Tribunales Populares, de obligatorio cumplimiento para todo los tribunales y la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, no es la excepción; mediante el cual la máxima instancia de la administración de justicia de la nación cubana, ratifico la VALIDEZ JURIDICA de ese principio( LA PRECLUSION), estableciendo como oportunidad única para abstenerse de conocer por razón de incompetencia, el preciso tramite de admisión de la demanda, pues de entender otra cosa equivaldría a admitir que en lo que a los tribunales atañe, no rige LA PRECLUSION como principio cardinal de derecho procesal, que es lo que ha hecho la Sala de Instancia, DESCONOCER la PRECLUSION, principio que le impide o prohíbe a que luego de admitida, como hizo, por intermedio de la providencia de 15 de julio del 2010, a sustanciación la demanda,( momento procesal en que de haberlo estimado debió declarar su incompetencia tal y como se lo imponen los artículos 661 y 680-1), venia en el deber de continuar en el conocimiento de la misma hasta terminar la instancia, resultando inobjetable la ilegalidad de la resolución combatida, actuar contrario a derecho y a las formalidades legalmente establecidas con el que la Sala, ocasiona a esta parte un grave perjuicio y me coloca en una situación de evidente indefensión o desigualdad, resultando obligado por imperativo del articulo 40 y 178 de la Ley de Tramites, el restablecimiento de la Legalidad Socialista que ha sido quebrantada por la resolución impugnada, puesto que no le era dable a la Sala luego de haber admitido la demanda en el momento procesal oportuno, facultad agotada consumida, extinguida en ese preciso momento, por demás IMPRORROGABLE , regresar ilegalmente a esa etapa, para en total contradicción consigo misma( juez ponente), disponer la no admisión de la demanda cuando ya había sido está admitida conforme a derecho, lo que me permite calificar el Auto No. 164, como un Acto Jurídico Ineficaz y por tanto nulo, pues su nacimiento infringe preceptos legales de rígida observancia, estos los artículos 661.680 y 21 de la LPCALE en estrecha relación con el Dictamen No. 45, la ilegalidad de que adolece la Resolución impugnada, ha sido corregida por innumerables pronunciamientos de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, reiterando la total validez jurídica del Dictamen No.45, muestra de ello, lo es la Sentencia No. 120 de 21 de abril de 1979, la que aparece en forma extractada en la página 206 del Boletín de dicho Tribunal, correspondiente al 1er, semestre de 1979, de la que solo citare este fragmento ´´… El pronunciamiento que hace la Sala de Instancia declarando su incompetencia para conocer del asunto en que se reclama la revocación de una resolución administrativa, dictada por una Comisión de Alzada Provincial del Ministerio de Justicia, en materia de Reforma Urbana, después de haber rechazado durante la tramitación del mismo, la incompetencia propuesta por la Administración demandada, infringe lo dispuesto en el Dictamen 45 de 1978 aprobado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, pues aceptada su competencia, como lo hizo en la oportunidad de dictar sentencia declarar de oficio su incompetencia, lo que impone acoger el Recurso y anular el auto recurrido…´´´, fin de la cita, que es el pronunciamiento que estamos solicitando de la Sala de Casación, pues ya admitida la demanda a sustanciación el Tribunal esta en el DEBER INELUDIBLE de continuar su conocimiento hasta el trámite de dictar sentencia, por lo que se hace forzoso la Acogida de la causal que estamos invocando y la anulación del Auto objeto de esta impugnación, devolviendo las actuaciones al Tribunal del impulso a fin de que continúe la sustanciación conforme a lo dispuesto en las aludidas providencias de fecha 7 y 15 de julio del 2010, haciendo ambas declaración expresa de tal admisión a sustanciación, careciendo de todo sustento de derecho lo que expresa la Sala de Instancia en el segundo considerando de la combatida Resolución, de que a la convicción que motiva el Considerando que antecede, no era procedente arribar por los actuantes en etapa anterior del proceso y pregunto porque, que se lo impedía, o es que para la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, carecen de valor y no son de obligatorio cumplimiento los Dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, evacuando consultas de los Tribunales trazando una interpretación y aplicación uniforme de las leyes, a pesar de que la Sala reconoce que el principio de una tutela judicial efectiva y de adecuada revisión del actuar administrativo que informa la administración de justicia en general y a la jurisdicción administrativa en particular, imponen a quienes juzgan la obligación de revisar las actuaciones gubernativas previa emisión de pronunciamiento que vete el acceso al proceso en la vía judicial, cuestión que admite la Sala, no fue verificada, no por incumplimiento de quien demanda, al contrario por no haberse incoado por la Administración expediente alguno, omitiendo la Sala con toda intención si era o no deber de la Administración haber incoado el correspondiente expediente gubernativo, si con esto incumplía alguna formalidad legal previamente establecida, incumplimiento que además gravita gravosamente sobre esta parte, que no es la obligada a incoar dicho expediente, incumplimiento de la Administración que franquea el acceso a la tutela judicial efectiva. Este criterio que he expuesto hasta aquí, ha sido ratificado por incontables sentencias y pronunciamientos de la Sala de similar materia del Tribunal Supremo Popular, un ejemplo de ello lo constituye la Sentencia No. 197 de 12 de junio de 1980, de la cual fuera ponente el Dr. Humberto Hernández Nodarse, publicada esta en las páginas de la 162 a la 165, del Boletín del Tribunal Supremo Popular, correspondiente al primer semestre del año 1980, de la que cito sus dos primeros considerandos y fallo, lo que hago ,pidiendo previamente me disculpen por extenderme, pues se ajusta con asombrosa coincidencia al caso que nos ocupa;´´…CONSIDERANDO: que conforme con lo dispuesto en los artículos 672 y 677 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o, en su defecto del de cuarenta y cinco días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado al efecto de establecer, frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso, comenzando dicho plazo a decursar al siguiente día de aquel en que debe considerarse recaída la resolución presunta que agote la vía administrativa, sin perjuicio del derecho del interesado a promover la acción administrativa contra la posterior resolución expresa, si llegara a dictarse, en el supuesto de que no hubiere impugnado oportunamente la resolución presunta; y ello sentado resulta evidente que el proceso administrativo podrá promoverse tanto cuando el recurso sea expresamente resuelto dentro del plazo legal como cuando se considere presunta o tácitamente denegado por no haber sido resuelto dentro de dicho plazo o ,en su defecto, del de cuarenta y cinco días naturales, y concurran los demás requisitos necesarios para que se produzca el supuesto de la resolución denegatoria tácita de la promoción…´´,´´…CONSIDERANDO: que la administración, no obstante los múltiples apremios de que fue objeto por parte del Tribunal, no remitió a este los expedientes administrativos directamente relacionados con la disposición o resolución impugnada, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, procede tenerla por conforme con los hechos que resultan de la exposición del actor; y constando del escrito de demanda que los actores plantearon ante la Dirección Municipal de Reforma Urbana de Camagüey reclamación ejercitando los derechos que les concede la resolución RU-15 de 25 de junio de 1973 del Ministerio de Justicia, contra su conviviente J.M.B.C. para que fuera declarado ocupante ilegal de la vivienda sita en… en dicha ciudad, de la que son ocupantes legales principales en concepto de propietarios, lo que hicieron por escrito presentado a la misma en 18 de diciembre de 1978, Registro de Entrada numero 5189; que dicha Dirección declaró tácitamente denegada dicha reclamación al disponer, sin tramitación del caso, el archivo definitivo de las actuaciones, lo que hizo por su resolución sin numero de fecha 7 de septiembre de 1979,titulada ´´ Providencia de Archivo´´, la que les fue notificada en 2 de octubre del propio año, que contra la prealudida resolución establecieron recurso de alzada para ante la Comisión de Recurso de Alzada de Camagüey, el que fue presentado en esa Dirección al número 1607 del Registro de Entrada de la misma el 12 de octubre de 1979; y que al informársele días después por dicha Comisión que su referido recurso no había sido llevado no se encontraba en la misma, por lo que presumieron, que la tramitación legal del cuestionado recurso estaba siendo estorbada, hicieron uso del derecho que les concede el artículo 672 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral interponiendo este proceso; resulta evidente, ello sentado, que al transcurrir los cuarenta y cinco días que señala el precitado precepto sin que el recurso se resolviera, se produjo la denegación presunta del mismo con lo que quedo agotada la vía administrativa y franqueada la jurisdiccional, forma específica de solicitar la revocación de lo resuelto como si hubiere sido expresamente denegado el recurso, conforme con lo dispuesto en las tantas veces referido artículo 672 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que fue precisamente la utilizada por los recurrentes(,…..,) y en los que el silencio administrativo constituye una forma especial de manifestarse la voluntad del órgano competente, considerada por la ley como una desestimación tácita o presunta del recurso, la cual coloca al recurrente en actitud de alzarse ante la vía jurisdiccional…´´,´´… FALLAMOS: acogiendo el recurso, casamos y anulamos la sentencia impugnada, sin constas…´´, fin de la cita, en cuanto al caso que nos ocupa aconteció peor , que el que analiza la sentencia citada, porque digo esto, por la sencilla razón, que mi recurso de alzada interpuesto para ante la Ministra de Justicia por conducto del Registro Provincial de Asociaciones de Ciudad de la Habana, número 3342 del Registro de Entrada del mismo, el día 28 de abril del 2010, fue archivado sin ulterior tramite alguno, por decisión unipersonal del Lic. Joel Sosa Pérez, Jefe del Departamento de Asociaciones de Ciudad de la Habana, sin sustento legal alguno ni ponerlo siquiera en conocimiento de la autoridad facultada por ley para resolverlo y sin que al menos mediara una providencia de archivo, con el argumento poco serio e irrespetuoso para sí mismo, según expresa este funcionario en el certifico por él emito el 7 de octubre del 2010, a solicitud del Viceministro Primero de Justicia, de que no se dio curso al tramite presentado( recurso de Alzada) por no ser esa oficina el lugar donde debía presentarse, pero ni siquiera se me dio a conocer tal decisión, o donde debía ser presentado, a pesar de que en dicho recurso obran todas mis generales y dirección particular y sin embargo el Tribunal de Instancia legitima tan ilegal actuar, negándome de manera radical, irracional e ilegal TODO ACCESO A LA JUSTICIA, dejándome a mi suerte sin TUTELA JURIDICA alguna, frente a ese Órgano de la Administración Central del Estado, que como función cardinal tiene, asesorar jurídicamente al Gobierno y a los demás organismos de la Administración Central del Estado, Organismo que quebranta mi derecho previsto en el artículo 68 de la Resolución No. 53 Reglamento de la Ley de Asociaciones, a solicitar y obtener la certificación interesada , para lo que cuenta con la anuencia de la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial de Ciudad de la Habana, la que ni siquiera me permite alzarme en la vía judicial en correspondencia con el derecho que me franquea el artículo 672 de la LPCALE , haciéndose eco o dando como válida la afirmación poco seria hecha por el Lic. Sosa Pérez, de la inadecuada interposición del recurso de alzada, argumento que no resiste el más elemental análisis, ni siquiera jurídico, porque digo elemental, por la simple práctica común de todas las instituciones, de lo que puedo poner un cumulo extraordinario de ejemplos y es que cuando se presenta un asunto ante la institución no competente, esta opta por dos decisiones: 1) remite por si el asunto a la institución que considera competente, lo que hace saber al interesado mediante escrito y 2) le regresa el asunto al interesado haciéndole saber donde ha de presentarlo, nada de esto aconteció respecto a mi Recurso de Alzada, todavía estaría esperando el pronunciamiento de la Ministra, autoridad a la que está subordinado, según su propio dicho, el Lic., Sosa Pérez, metodológicamente, él que estaba en el deber de ponerlo en su conocimiento, por la elemental razón de ser la autoridad facultada por ley para resolverlo, no me queda más que concluir que tal derecho (artículo 68 de la Resolución No.53), es LETRA MUERTA y que los ciudadanos cubanos carecemos de tutela jurídica y estamos totalmente desprotegidos ante al actuar contrario a derecho de los funcionarios estatales y autoridades administrativas en cualesquiera de los grados de la jerarquía, pues que posibilidad me queda para en pleno ejercicio de ese derecho, obtener la certificación solicitada, la que vengo solicitando del Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, desde hace más de un año, exactamente del 21 de marzo del 2009, que me ha sugerido la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, por intermedio de la combatida Resolución, además de no hacerme saber de manera legal y convincente, ante quien era adecuada la interposición del recurso de alzada, que accione al amparo de la regulación Constitucional del recurso de queja, previsto en el artículo 63 de la Ley Fundamental como alternativa de tutela efectiva a los derechos de que considere estar asistido ante la no expedición de la certificación solicitada, en cuanto a esta sugerencia que me hace la Sala, voy a citar una porción del segundo de los considerandos de la sentencia No. 197 de 12 de junio de 1980, en el que se expone un criterio totalmente distinto a tal sugerencia, cito ´´´… sin que sea de aplicación al caso controvertido preceptos que, como los artículos 62 de la Constitución ( actual 63) y 52 inciso r) de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, están referidos exclusivamente al derecho que tiene todo ciudadano a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y al deber de los organismos de dicha Administración de prestar atención y dar respuestas pertinentes a los mismos dentro de un termino de sesenta días, esforzándose por resolver correctamente las cuestiones en ella planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias señaladas, derecho este con significación y contenido distinto al de establecer recursos, por ser esta la forma especifica que la ley regula, por lo que, no se comprende en el concepto de peticiones los recursos que se franquean en los procesos administrativos o jurisdiccionales cuya sustentación está sujeta a las normas adjetivas que los regulan y en los que el SILENCIO ADMINISTRATIVO constituye una forma especial de manifestarse la voluntad del órgano competente, considera por la ley como una manifestación tácita o presunta del recurso, la cual coloca al recurrente en actitud de ALZARSE ANTE LA VIA JURISDICCIONAL…´´ , fin de la cita, pero es que ya utilice, sin éxito alguno, el recurso de queja del artículo 63 de la Constitución, extremo acreditado con el documento acompañado al escrito promocional, marcado con el numero tres, al que la Administración ha prestado oídos sordos, que hacer ante esa denegación presunta,¿ volver a interponer un recurso de queja?, lo estimo una BURLA.

MOTIVO SEGUNDO:

PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 629 apartado 2do. de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

PRECEPTO AMPARADOR: Ordinal 10mo. del articulo 630 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS: Artículos 3, 672 y 677 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, en relación al Dictamen 314, correspondiente al Acuerdo 43 de 21 de agosto de 1990 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

CONCEPTO DE LA INFRACCION: Que retomando lo expuesto en la sentencia citada casi al final del motivo precedente, cita que resulta ajustada también en cuanto a este motivo, ya que de manera inobjetable confirma el derecho previsto en el artículo 672 de la LPCALE, de todo ciudadano a alzarse ante la vía judicial, cuando la autoridad administrativa en cualesquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o, en su defecto, del de cuarenta y cinco días naturales, como ha acontecido en el caso que nos ocupa, permitiendo al interesado o administrado dar por agotada la vía administrativa, franqueando la judicial, evidenciando a todas luces, Sala al pronunciar la Resolución combatida, un defecto en el ejercicio de la jurisdicción, al dejar de conocer o rehusándose a conocer, en franca violación del artículo 3 de la LPCALE, un asunto, como el que nos ocupa que es de su entera competencia, teniendo el deber de hacerlo, ante el SILENCIO ADMINISTRATIVO del órgano demando; EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, no es más que una garantía frente a la pasividad de la Administración, que permite a aquel que formulo una petición o recurso ante la Administración, acudir a la vía jurisdiccional frente a lo que se presume una denegación, constituyendo la única garantía eficaz del derecho de ACCESO A LAJUSTICIA, pues si las leyes procesales administrativas exigen de la Administración se haya pronunciado para que sea admisible la pretensión ante los tribunales, aquel derecho quedaría fácilmente BURLADO por el sencillo procedimiento de no resolver los órganos administrativos las peticiones o recursos que ante ellos se formulen, que es lo que ha acontecido respecto a la certificación solicitada y al Recurso de Alzada. La presunción de que, transcurridos ciertos plazos, se ha denegado la petición o recurso, deja abierta la vía procesal y permite acudir a los tribunales en demanda de justicia, tal criterio es confirmado por casi la totalidad de los tratadistas, que consideran que el SILENCIO ADMINISTRATIVO se construye sobre la ficción legal de considerarse producido un ACTO ADMINISTRATIVOTÁCITO desestimatorio con el objeto de impedir que la inactividad de la Administración constituya un obstáculo insuperable para acceder a la vía contenciosa por falta de decisión administrativa previa , pues si ello es así, resulta obligado entender que la doctrina de la nulidad de los actos administrativos por incumplimiento de formalidades esenciales( la no incoación de expediente gubernativo, la no resolución del recurso de alzada) es inaplicable al supuesto de actos desestimatorios tácitos en cuanto que tal incumplimiento se inscribe y forma parte de esa inactividad de la Administración, que determina la operatividad del silencio administrativo, ya que en otro caso se violentaría esta institución y se aplicaría en perjuicio del administrado, condicionando sustancialmente su finalidad de otorgarle el beneficio de acceder a una vía judicial efectiva, ante la inactividad administrativa con sus consiguientes resultados de INDEFENSION del accionante, pero lo cierto es que la Administración puede acabar con esa situación por un procedimiento simple y sencillo, resolviendo expresamente y notificando la resolución o su decisión, es decir disponiendo sea expedida la certificación interesada del jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justica, subordinado por demás de la Ministra de Justicia, en estricta observancia del artículo 68 de la Resolución No. 53. Al caducar el plazo contado desde la denegación presunta, la Administración, con falsas esperanzas de resolución estimatoria, puede engañar al administrado que de buena fe, confiado en que la Ley sirve para algo y de que es verdad eso de la obligación de la Administración de resolver expresamente, espera una resolución que nunca llega, lo que creo seriamente acontecerá con mi solicitud de certificación de hace más de un año, sin que se vislumbre solución expresa para mi pedido, quedando en total desamparo y sin tutela jurídica alguna ante la inactividad de dicho órgano de la Administración, pero como si fuera poco la Sala, en detrimento del derecho que me concede el artículo 672 de la LPCALE, se ha situado de manera insólita, en lugar y grado de la Administración y es quien en última instancia resuelve el Recurso de Alzada, liberando o dispensando a la Administración de su obligación de RESOLVER, con el argumento de que no le es posible desplegar su función revisora, a partir de lo alegado por la Administración demandada y acreditada la inadecuada interposición del recurso de alzada, y ¿ por qué es inadecuada la interposición del recurso de alzada?, advirtiendo la Sala la inexistencia del acto administrativo, pero es que la Sala no se percata que esa afirmación que hace de la no existencia del acto administrativo, es precisamente lo que la doctrina del Derecho Administrativo recoge , denomina y define como SILENCIO ADMINISTRATIVO y esto que afirmo lo ratifica el segundo considerando de la Sentencia No. 14, de septiembre de 1983, del Tribunal Supremo de España, publicada en el Boletín Oficial del Estado, Consejo General del Poder Judicial, siendo ponente el excelentísimo Sr. Díaz Eimil, el cual cito textualmente,´´…Que en una perspectiva general la aceptación de la tesis del apelante viene impuesta por la consideración de que el silencio administrativo negativo se construye sobre la ficción legal de considerarse producido un acto de desestimatorio con el objetivo de impedir que la inactividad de la administración constituya obstáculo insuperable para acceder a la vía contenciosa por falta de decisión administrativa previa, pues si ello es así resulta obligado entender que la doctrina de la nulidad de los actos administrativos por incumplimiento de formalidades esenciales es aplicable al supuesto de actos desestimatorios tácitos en cuanto que tal incumplimiento se inscribe y forma parte de esa inactividad de la Administración que determina la operatividad del silencio administrativo, ya que en otro caso se violentaría esta institución y se aplicaría en perjuicio del administrado, condicionando sustancialmente su finalidad de otorgarle el beneficio de acceder a la vía judicial efectiva e incluso podría dar lugar a un círculo cerrado de remisión a una inactividad administrativa con unos consiguientes resultados de indefensión del accionante que legalmente son inadmisibles…´´, fin de la cita, creo con esta sentencia haber dejado establecido con claridad suficiente, la existencia del Silencio Administrativo como acto administrativo tácito desestimatorio del Recurso de Alzada, presupuesto contenido en el citado artículo 672, franqueándome el beneficio de acceder a una vía judicial efectiva, estando la Sala en el deber de sustanciar y tramitar mi pretensión hasta agotar la instancia, dictando sentencia ordenando a la Administración, resolver el Recurso de Alzada. El tratadista Fernando Garrillo Falla, en su trabajo; ´´´La obligación de resolver: actos presuntos y silencio administrativo´´´, expresa que en la búsqueda de vías jurídicas, el primer tema que preocupo a la doctrina y a la jurisprudencia y en fin al legislador, fue obviamente la defensa contra el silencio administrativo, que se intento combatir; estableciendo la obligación de resolver y dando efectos jurídicos al silencio administrativo, asevera Garrido Falla, que ha de observarse que la aceptación del silencio administrativo cuya finalidad en el sentido expuesto implica sin más la aceptación de sus efectos negativos( es decir desestimatorios de la petición -o recurso- deducida por el particular), constituye el comienzo de la revisión del proceso contencioso-administrativo: del proceso al acto al proceso inter partes siendo la administración la parte demandada) y continua diciendo que el silencio negativo es una simple fictio iuris ( como si hubiera acto administrativo) para que el particular tenga contra que recurrir. Es la consecuencia obligada, según él, que se desprende del aún residuario carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa; resulta además ilustrativo del derecho que me asiste a acceder a la vía contencioso-administrativa, la Sentencia No. 330 de 20 mayo del 2002, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, referida a este tema, de la cual cito textualmente el rimero de sus ,´´´… CONSIDERANDO: Que el acceso a la justicia, como expresión de la efectividad de la defensa jurídica, se halla en el base de todo derecho, en cuanto constituye la última y definitiva garantía de su viabilidad , el artículo 4 de la Ley ochenta y dos establece que la actividad de los tribunales tiene entre sus objetivos, el amparar los intereses legítimos de los ciudadanos, y asa mismo de las entidades estatales, organizaciones políticas, sociales y de amasas, así como de las sociedades, asociaciones y demás entidades privadas que se constituyan conforme a la Ley, precepto que tiene rango constitucional al estar conectado con el articulo ciento veintitrés de la Constitución de la República tal y como quedo reformada en el año mil novecientos noventa y dos, de lo que resulta que es principio inalienable de la actividad de los órganos judiciales facilitar el acceso al debido proceso, lo que igualmente se conecta con la Ley Procesal Civil cuyo espíritu, reflejado en su sistemática tiende a impedir que incluso por meros defectos formales se imposibilite a una persona interesada de ejercitar su derecho de solicitar dl juzgador que conozca de una reclamación, siendo claro además que, solamente podrá ser rechazada una demanda de plano cuando se presente una situación que evidencie que la promoción que se efectúe no le viene atribuida su conocimiento por razón de la materia o cuantía tal y como preconiza el articulo veintiuno de la citada Ley Procesal Civil, o cuando exista una situación de caducidad del derecho o se esté en un caso de falta de jurisdicción…´´,fin de la cita; y en el presente asunto no se está en ninguno de esos supuestos, razón más que suficiente para que la Sala de instancia no rechazara ,como contrariamente a derecho hizo, la demanda, quedando sin defensa jurídica al no acceder a la última y definitiva garantía de su viabilidad , razón por la que ruego sea restablecida la legalidad quebrantada y mis derechos ciudadanos, lo que se lograría declarando la NULIDAD INOBJETABLE del instrumento jurídico que se impugna.

POR TANTO

Y reservándome el derecho de AMPLIAR en la oportunidad procesal correspondiente, los motivos de Casación alegados, así como el de agregar otro u otros motivos adicionales, tal como lo autoriza el articulo 633 párrafo primero de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

DE LA SALA INTERESO: Que habiendo por presentado este escrito con su copia, Se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Casación en materia Administrativa que por el mismo se interpone y en consecuencia previo emplazamiento de las partes, elevar las actuaciones al Tribunal Superior a los efectos de su admisión, sustanciación y resolución definitiva.

Ciudad de la Habana, a 22 de noviembre del 2010.

´´ Año 52 de la Revolución´´.

LIC. WILFREDO VALLIN ALMEIDA.

Inscripto R.G.J-MINJUS No. 13274.

Ampliación del Recurso de Casación

A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

REFERENCIA: Administrativo No. 338 del 2010 de la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana.

LIC. WILFREDO VALLIN ALMEIDA, ciudadano cubano, mayor de edad, con identidad permanente numero 46101200684, desocupado, vecino de calle Saco No. 457, apto 6 e/ Carmen y Patrocinio, Víbora, Diez de Octubre, Ciudad de la Habana, LICENCIADO ENDERECHO, inscripto en el Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia al numeral 13274, particular que acredité en el proceso de la referencia, con la correspondiente Certificación expedida por dicho Registro, acompañada al escrito promocional marcada como documento No. UNO, por mi propio derecho, amparado en el inciso b) del artículo 4 del Decreto-Ley No. 81 de 8 de junio de 1984´´ Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos´´, comparezco como PARTE RECURRENTE y DIGO:

Que vengo por medio del presente escrito a tenor de lo establecido en el articulo 654 en relación a los artículos 632 y 633, todos de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, tal y como fue modificada por el Decreto-Ley No. 241 de 26 septiembre del 2006, a evacuar el Proveído de 24 de noviembre del 2010,dictado por la referida Sala del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, dando por interpuesto en tiempo y forma, el Recurso de Casación, presentado por esta parte, disponiendo a la vez el emplazamiento de las partes, el cual me fue notificado al siguiente dia por intermedio de la tablilla de la Sala provincial, procediendo a PERSONARME como PARTE RECURRENTE ante la Sala de Casación, dentro del término de los DIEZ DIAS, concedidos a ese efecto, llevando este escrito la fecha de su presentación, 29 de noviembre del 2010 y al propio tiempo AMPLIAR los motivos en los que se apoyan las infracciones legales atribuidas a la Resolución objeto del Recurso, el Auto No. 164 de 18 de noviembre del 2010, dictado por la Sala provincial, por lo que hago constar lo siguiente:

AMPLIACION DEL MOTIVO PRIMERO DE CASACION.

La discordancia del instrumento jurídico que se impugna, con la Ley, el Derecho y la Legalidad Socialista, es tal, que se torna ININTELIGIBLE y ANTAGONICO en sí mismo, para desarrollar este criterio voy a tomar el concepto que de LEGALIDAD SOCIALISTA ofrece el Teniente Coronel Pedro L. González Chávez, juez profesional de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular, en su ´´ Glosario Mínimo de Términos Jurídicos´´, cito,´´…Constituye uno de los principios cardinales de nuestro sistema político. Es un elemento de la democracia socialista y expresa la igualdad ante la ley; el carácter obligatorio de la ley para todos y la obediencia por igual de todos a la ley única…´´, fin de la cita, principio este puesto a un lado por la Sala de Instancia, para a como diera lugar permitir que sea quebrantado tan cardinal principio por el Ministerio de Justicia, Organismo que tiene como función primordial, la de asesorar jurídicamente al Gobierno y a los restantes Organismos de la Administración Central del Estado Cubano y dirigir el funcionamiento entre otros, del Registro Nacional de Asociaciones, así como orientar y controlar la política en materia de asociaciones y fundaciones, labor que le es impuesta según Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 26 de marzo del 2001, numero 3950 para el control Administrativo, particular o extremo corroborado como cierto por intermedio de la Resolución No. 215, pronunciada el 6 de agosto del 2010, por la Dra. María Esther Reus González, la Ministra, designando al Dr. Diego Fernando Cañizares Abeledo y a la Lic. Nelia Caridad Aguado López, especialistas en Derecho de la Direccion de Legislación y Asesoría de ese Ministerio, como sus representantes legales en el proceso de la referencia, Resolución que obra de la foja 16 a la 18 del Administrativo 338 del 2010, pues al parecer para la Sala del impulso, la Administración demandada no debe en modo alguno obediencia a la Ley, ya no a la de Asociaciones y a su Reglamento, además a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, en sus artículos 232 y del 454 al 459,Titulo VI DE LOS INCIDENTES, porque hago tal aseveración, muy simple, tomando lo que afirma la Sala de Instancia en el Segundo Resultado de la combatida Resolución ,´´… Que admitida la demanda y dispuesta su sustanciación en el plazo conferido para ello, fue contestada la demanda por la Administración interponiendo las cuestiones previas de falta de competencia de la Sala para el conocimiento del asunto…´´, es provechoso aclarar a la Administración demandada y a la Sala provincial, que si el Dr. Cañizares Abeledo, estableció como cuestión previa la falta de competencia como excepción dilatoria, no le era permitido como lo hizo , establecer la cuestión previa y a la vez contestar la demanda, tal proceder quebranta de manera inobjetable el ya mencionado artículo 232, pero la ilegalidad y violación de las formalidades legales no acaba ahí, la Sala con total parcialidad infringe lo que le ordena el párrafo segundo del artículo 232,que ´´… Admitida la cuestión previa se sustanciara por los trámites de los incidentes y quedará desde ese momento en suspenso el termino de contestación. Si se declarase no haber lugar a la admisión de la cuestión o sin lugar está en definitiva, el término interrumpido continuara corriendo por el tiempo que reste para contestar…´´, tal formalidad legal fue obviada por la Sala por intermedio del proveído de 22 de septiembre del 2010, dando ilegalmente por contestada la demanda, estimé que al no haber obrado conforme al artículo 232, no había tenido por admitida la cuestión previa por haber sido interpuesta conjuntamente con la contestación de la demanda, cuestión que a ultranza, finalmente declaró haber lugar, disponiendo sin sustento fáctico y de derecho, la Nulidad de las Actuaciones, hasta la providencia de 7 de julio del 2010, colocándome por medio de ese ´´ ab irato ´´ ,en el más extremo ESTADO DE INDEFENSION, pues quebranto para ello todo lo regulado en el citado Titulo referente a los incidentes y su tramitación, de manera precisa en los artículos 456,457 y 458, preceptos legales de rígida observancia, los que establecen que los incidentes que sobrevengan después de iniciado el proceso, como es el caso que nos ocupa, cualquiera que sea el tramite en que se encuentre, se sustanciaran en pieza separada, sin interrumpir el curso de aquel, salvo que una disposición legal expresamente ordene suspenderlo, esa disposición legal lo es el párrafo segundo del artículo 232 citado, la pieza separada a de contener el escrito en que se promueve el incidente, los documentos relativos al incidente que se haya presentado con dicho escrito , testimonio de particulares relativos a las actuaciones principales que señalen las partes y el Tribunal acuerde y la prueba que se proponga, que admitida la cuestión incidental, se conferirá traslado a las demás partes, trámite que respecto a quien demanda no fue realizado, pues no me dio traslado, como debía, la Sala, imposibilitándome sin fundamento legal alguno de ejercer mis derechos legalmente establecidos, como parte en este proceso, era tal el propósito de la Sala de negarme todo acceso a la justicia, que ni siquiera se habilitó la pieza separada ,no le hacía falta, de cualquier manera iba a dar al traste con mi pretensión. y la muestra evidente de tal afirmación, lo es la inobservancia de lo que dispone el artículo 6 de la Ley No. 82, de 11 de julio de 1997, ´´De los Tribunales Populares´´, el deber de los tribunales de poner en conocimiento de la Fiscalía las infracciones de la ley que adviertan durante la tramitación o examen de los procesos y actos judiciales, a fin de que aquella actué para que se restablezca la legalidad, obligación esta también refrendada por el artículo 4 del Reglamento de dicha Ley e implementada de manera precisa por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en la Instrucción 171 de 19 de marzo del 2003,la que le impone el deber a los jueces ponentes, en este caso a la Lic. Alfaro Guillen, de analizar y advertir al resto de los jueces actuantes, las posibles infracciones de la ley en que hayan incurrido las personas naturales o jurídicas que sean partes en los procesos judiciales que se tramiten, en las respectivas secciones y salas de los tribunales, definiendo además que pueden ser consideradas infracciones de la Ley, en el sentido lato, aquellas acciones u omisiones que reflejen el incumplimiento de disposiciones de cualquier clase, dirigidas a la organización y ejecución de actividades de la producción o de los servicios y las correspondientes a las tareas administrativas de estas, así como las referidas a las actividades propias de la administración estatal, deber con el que incumplió la juez ponente para con este caso, pues son incontables las infracciones de la legalidad en que ha incurrido la Administración demandada, no voy a enumerarlas todas, solo las más trascendentes: 1) en total irrespeto del artículo 681 de la LPCALE , el Dictamen 314 de 21 de agosto de 1990 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y el mandato de la Sala, no remitió el expediente administrativo como era su deber, argumentando que no había incoado tal expediente, aceptado como totalmente válido por la Sala y me pregunto ¿ que hizo la Administración, con la solicitud de certificación que presentara con fecha 21 de marzo ante el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, con el escrito presentado con fecha 4 de marzo del 2010, al amparo del artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba?,¿ a donde fue a parar el Recurso de Alzada interpuesto por quien suscribe el 28 de abril del 2010, ante el Registro Provincial de Asociaciones de Ciudad de la Habana, que su Jefe, Lic. JOEL SOSA PEREZ, sin amparo legal alguno decidió, no tramitar y archivar?,2) la violación de los artículos 36-ch) y 68 del Reglamento de la Ley de Asociaciones, la tacita negativa a la expedición de la certificación solicitada, en relación al Resuelvo Segundo de dicho Reglamento, que faculta al Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia para dictar cuantas disposiciones complementarias sean necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento de lo establecido en dicho Reglamento , 3) la no resolución expresa del Recurso de Alzada y 4) la inobservancia del Acuerdo No 3950 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, ninguna de estas infracciones de la legalidad fueron puestas por la juez ponente en conocimiento de la Fiscalía correspondiente y el Auto que se impugna talmente parece una autorización expresa de la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana, concedida a la Ministra para desobedecer la Ley.

La justicia como medio de hacer posible y asegurar la convivencia social, lo que el Dr. Carlos Manuel Díaz Tenreiro, llama Sinergia Social, no requiere indefectiblemente de la constitución de un órgano especial para la decisión de los conflictos que surjan entre partes, pues a veces, al igual que un individuo reconoce el derecho de su contrario, un órgano del Estado puede llegar a declarar, por si la existencia de un derecho sin requerimiento de una autoridad judicial o gestión ante ella. De lo dicho se infiere que, dentro de la Administración es posible que el particular deduzca sus reclamaciones y obtenga declaraciones favorables a sus pedimentos sin necesidad de acudir a la vía judicial, de igual modo, se deduce que los individuos no deben quedar frente a la Administración-que no puede ser arbitraria- desprovistos de medios legales para reclamar el reconocimiento de sus derechos, lo que responde al denominado ´´ Estado de Derecho´´( un Estado de garantía a favor del ciudadano y de responsabilidad del Poder Público), que ha dado lugar al establecimiento de una serie de reglas, más o menos extensas y complicadas que, por su identidad jurídica con las que se aplican en la esfera judicial, han merecido ser calificadas, en su conjunto, como un derecho procesal administrativo; que su objeto es el de mantener en si misma, la actividad de la Administración dentro de ciertos límites y el de proporcionar a los particulares medios legales para hacer valer ante ella sus derechos, así que les resulten lesionados o desconocidos. Respecto a quien suscribe ha sido lesionado y desconocido por el Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, el derecho que me otorga el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Asociaciones, a solicitar y obtener la certificación interesada, razón de hecho y de derecho, que para no quedar desprovisto de medios legales para reclamar el reconocimiento de ese mi derecho, ante el actuar arbitrario e ilegal de dicha autoridad, era legitimo y mas que viable en derecho, la interposición del tan debatido Recurso de Alzada; con las palabras ´´ RECURSO DEALZADA´´, se califica el acto mediante el cual una persona, que se considera agraviada, mi caso, por una resolución, tacita no expresa, puede someter al superior jerárquico del que debió haberla dictado o expedido, el conocimiento de la certificación solicitada; para José María Villar Romero, autor del Tratado ´´ Derecho Procesal Administrativo´´, Madrid, España, 1944, página 162, el Recurso de Alzada puede calificarse como el remedio ordinario de que se sirve el ordenamiento administrativo para conseguir la justicia y adecuación de decisiones y actos adoptados por las autoridades y organismos administrativos. Concepto doctrinal al que ha estado afiliada la judicatura cubana en todo tiempo, muestra lo es la Sentencia No. 555 de 22 de mayo de 1941 de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia de la Habana, publicada en el Repertorio Judicial (Sentencias y Autos), 1942, página 242, la que ratifica que, ´´Recurso es el medio instituido por la ley, para obtener la subsanación de un estado de hecho que ocasiona un perjuicio, desconociendo una situación jurídica preexistente´´. Como ha quedado demostrado sin lugar a dudas, la Administración demandada desconoció y continúa desconociendo mi derecho preestablecido a obtener la tan mencionada certificación. Para lo que no tengo porque reclamar tutela, por lo ya expuesto en el recurso, al amparo del artículo 63 de la Constitución de la República, puesto que las leyes adjetivas específicas para esta materia me franquean el derecho de Alzarme ante la Administración; esto que he expresado no es nada nuevo, en la judicatura cubana existe una vasta historia en tal sentido, lo evidencia así la Sentencia No. 217 de 18 de abril de 1949 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, expresando que esa norma constitucional (en aquel entonces artículo 36 de la Constitución), se contrae a las peticiones, de cuyo concepto no participan los recursos que tienen su tramitación propia, y que la cita del invocado precepto era inadecuada en relación con los recursos; careciendo de toda seriedad y virtualidad jurídica la sugerencia que me hiciera la Sala provincial en tal sentido.

AMPLIACION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION.

Que reitero el pedido de declaración de NULIDAD del instrumento jurídico que se impugna, puesto que el principio de Legalidad así lo impone, criterio este compartido y tratado por la Lic. Grethel Arias Gayoso, Profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, en su trabajo titulado ´´ Reflexiones en torno al principio de legalidad y la potestad discrecional de la Administración Pública, publicado este en la Revista Jurídica, Numero 2 julio-diciembre 2008, paginas de la 4 a la 20,publicación a cargo del Ministerio de Justicia, en el que expresa que cuando a la Administración Pública nos referimos, se impone la obligación de hacer referencia al principio de legalidad, no solo porque la mayoría de los textos constitucionales modernos consagren el principio de apego a la Ley por parte de los órganos del Estado; sino también, en buena medida, porque se alza como fundamento de la actuación de aquella, resguardando que la satisfacción de los interés públicos no sea resquebrajado por la inobservancia de la norma. La Ley ha de fijar los principios y los límites de la Administración, y en virtud de esta, aquella debe de actuar; todo lo que se traduce en el simple hecho de verificar que el ejercicio del poder publico debe ser practicado conforme a los estrictos principios y normas derivadas del imperio de la Ley, que como garantía para los ciudadanos, se alza el principio de legalidad, en la medida en que constituye el límite de actuación para una Administración cuajada de prerrogativas..; De igual manera constituye garantía para los ciudadanos frente a las prerrogativas de la Administración, la doctrina del Silencio de la Administración, que tiene cabal aplicación en casos como el presente, en que ante la ausencia de resolución del órgano llamado a realizar ese acto dentro del plazo marcado al efecto, para franquearle sin demora, la vía de los recursos que procedan, como si realmente se hubiera resuelto el caso; de ahí que es absurda y carente de sustento de derecho, la exigencia de la Sala del impulso, de que es preciso se dicté una resolución expresa como presupuesto para desplegar su acción revisora, resultando un total desacierto , el negarme , coartarme y restringirme todo acceso a la justicia efectiva, como impone el articulo 4 inciso c) de la Ley 82, amparando mi legitimo derecho a obtener la certificación solicitada del Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia; que ante el SILENCIO ADMINISTRATIVO y LA INACTIVIDAD de ese funcionario, busque ,como expresa Villar Romero, el remedio ordinario de que se sirve el ordenamiento administrativo para conseguir justicia y respeto para mi derecho, ese remedio lo es, EL RECURSO DE ALZADA interpuesto ante la Ministra de Justicia por conducto del Registro Provincial de Asociaciones de Ciudad de la Habana, que la parte demandada se ha empeñado sin fundamento de ninguna clase en hacer creer, no era el lugar adecuado para su interposición, criterio del que discrepo, no por el simple hecho de disentir, sino basado en el siguiente análisis jurídico y doctrinal; para el desarrollo de la tesis que pretendo hacer llegar a la Sala de Casación, citare un fragmento del primer CONSIDERANDO de la Sentencia No. 1124, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular,´´…tampoco puede desconocerse que la citada como norma al fin prevé solo situaciones generales resultando imposible que puedan preverse en la misma situaciones especificas por ello en circunstancias especiales como la que concurre en el caso, merita de los operadores del derecho soluciones también especiales pues no puede negarse que el Derecho incorpora valores a la sociedad que fundamentalmente son dos; la justicia y la seguridad jurídica, por ello si al caso de análisis se aplica estrictamente lo que deja establecido la Resolución citada, tendríamos una solución absolutamente injusta y apartada del sentido humanista que caracteriza nuestro derecho socialista,(…),precisamente en merito de la función de impartir justicia en representación del Estado y a nombre del pueblo, nos está atribuida por el articulo ciento veinte de la citada Ley Suprema debemos adoptar en el caso una decisión racional y justa,…´´, fin de la cita, con este pronunciamiento del máximo Órgano de la Administración de Justicia del país, el que comparto en su totalidad, doy por sentado que tanto la Ley de Asociaciones y su Reglamento, solo prevén situaciones generales, dada la imposibilidad de prever todas las situaciones especificas, como es el caso de la tacita negativa del Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia a expedir certificación positiva o negativa de los asientos registrales, situación no prevista por el legislador, no solo por tratarse de una situación específica, y muy por el contrario, al no existir motivo material ,racional y de derecho determinante de la negativa del referido funcionario o autoridad administrativa, a quien el Resuelvo Segundo del Reglamento de la Ley de Asociaciones, le faculta para dictar cuantas disposiciones complementarias sean necesarias para la mejor aplicación y necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento de lo que establece dicho Reglamento, imponiéndole además el inciso d) del artículo 82, del citado texto legal, el deber de dictar cuantas más resoluciones se deriven de la Ley y el Reglamento de Asociaciones, Resolución que respecto a mi solicitud de certificación, partiendo de la garantía que significa el silencio administrativo, estime había sido denegada de forma tacita, no expresa, Resolución que de haberse pronunciado expresamente, en total conexión con el artículo 86 del mentado Reglamento, debió notificarse al que suscribe por conducto del Registro Provincial de Asociaciones de Ciudad de la Habana, pues como exprese en el escrito de fecha 27 de septiembre del 2010, solicitando de la Sala hiciera, al representante de la contraparte un llamado a la observancia de una conducta ética y de respeto para con quien les habla, resido en Ciudad de la Habana y que entendida dicha notificación hecha por el referido Registro Provincial, se imponía la presentación del Recurso de Alzada, en dicho Registro, en obediencia al párrafo segundo del artículo 87 del Reglamento, recurso que en obligado respeto a esos dos valores( justicia y seguridad jurídica) que incorpora el Derecho a la sociedad, el Lic. Joel Sosa Pérez, Jefe del Departamento de Asociaciones de Ciudad de la Habana, debió poner al conocicimiento y decisión de la Ministra, única autoridad facultada para resolverlo y no determinar como lo hizo, su archivo o mejor dicho engavetarlo, sin razón legitima alguna, impidiéndome de manera contraria a todos los valores mencionados, obtener justicia por intermedio del remedio utilizado, mi Recurso de Alzada, actos que pudieran constituirlo en posible reo de un presunto delito de Abuso de Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 133 del Código Penal; por eso estimo, que tomando como brújula cardinal de nuestras acciones en todas las esferas de la vida social del país, el concepto de Revolución dado por Fidel Castro Ruz, el 1ro. de mayo del 2000, que encabeza el ´´ Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social´´, al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual cito,´´…Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que deba ser cambiado es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo ; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo…´´,fin de la cita; continuaremos, los fundadores e iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, que nos hemos propuesto constituir, en ejercicio pleno de ese nuestro universal derecho y que pretendemos promoviendo ante las autoridades su reconocimiento jurídico, luchando por nuestros sueños de justicia para Cuba.

POR TANTO

DE LA SALA INTERESO: Que habiendo por presentado este, con su copia, Se sirva admitirlo, tenerme por PERSONADO COMO PARTE RECURRENTE, por cumplimentado el trámite de EMPLAZAMIENTO en el termino de ley, así como la AMPLIACION de los dos motivos de Casación, solicitando además la celebración de VISTA al amparo del artículo 635 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico y que finalmente dicte Sentencia Acogiendo CON LUGAR el Recurso , declarando la NULIDAD del Auto No. 164 por ser un ACTO INEFICAZ y retrotraiga las actuaciones hasta la fase o etapa del recibimiento a prueba.

Ciudad de la Habana, 29 de noviembre del 2010.

LIC. WILFREDO VALLIN ALMEIDA.

Inscripción R.G.J.-MINJUS No. 13274.

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