Cuando se va…

CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez
Mis padres recuerdan cuando existían los Tribunales de Garantías Constitucionales. Dicen ahora mismo mis padres, que entonces sí era respetada la Constitución de la República y cuánto reclaman la del año 1940. Por ende, todas las Leyes y todos los derechos, específicamente los Derechos Humanos, porque se cumplía aquello de “Patria es Humanidad”, como expresó el Maestro, muy atinado para estos sufridos momentos de nuestro pueblo, tan necesitados de asesoría, así como del conocimiento acerca de las más elementales Leyes y que éstas sean respetadas.
Hay una hermosa canción del cantante y compositor Alberto Cortés, que dice, “Cuando un amigo se va”, Cuando por decisión y capricho de algunos, eres privado de los pocos derechos que crees tener, y es imposible apelar a una importante instancia de la verdadera Justicia y contar con la anhelada independencia de nuestros Tribunales Populares.
En el orden personal, yo quiero que estas instituciones regresen para siempre, y para ser optimista, que mis nietos y los descendientes de ellos puedan disfrutarlas. La mayoría de nuestro pueblo está expectante y deseoso de conocer sus verdaderos derechos y que se les respeten. Queremos contribuir con esa hermosa misión, consagrados a la única y absoluta verdad: el respeto al Derecho.

La jerarquía piramidal de las leyes en Cuba

Ernesto Caballero Pérez

piramide

Anelis Marichal González, directora provincial de Planificación Física de la provincia de Camagüey apuesta por hacer tierra este principio básico del derecho que me enseñaron en la universidad en los tiempos de estudiante.

El grupo provincial de inmuebles de la provincia agramontina adoptó como acuerdo en el 2013, que no serán válidos los títulos de propiedad otorgados después del 2003 en la playa Santa Lucía, provincia de Camagüey, lo que se contradice con lo regulado en la ley general de la vivienda y cuantas disposiciones del instituto nacional de la vivienda que autorizaban la legalización de inmuebles sin distinción de una localidad en específico.

Contradictorio también con la Constitución de la república que define los derechos ciudadanos. Asimismo, no son válidas según este acuerdo, las licencias de construcción otorgadas por la unidad municipal inversionista de la vivienda. Hoy navegan en el mar de desolación un gran número de viviendas que no poseen status legal o peor todavía que sus propietarios no albergan esperanza de legalizar y actualizar su residencia como cualquier persona en el territorio nacional.

 

 

Continúa la violación de domicilios.

DAYALic. Dayami Pestano Lazo
La Constitución de la República establece en su artículo 56 que el domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la ley.
Continúa la Policía y el DTI, utilizando el registro en vivienda habitada sin los procedimientos establecidos en la ley, se personan en el lugar con el modelo en blanco sin estar firmado por la autoridad competente que es el fiscal y lo llenan allí.
Lo segundo es que no violan un domicilio sino tres. Porque penetran en las viviendas aledañas de la que tienen como objetivo.
¿Y qué pueden hacer los ciudadanos? nada, todo queda en casa, nadie actúa, no solamente por desconocimiento, ni por saber que lo que hacen es improcedente, sino porque estarían actuando en contra de la autoridad, y podían tener entonces más problemas por desacato a la autoridad.
¿Quién puede parar este tipo de problemas?, nadie, todo el mundo se encuentra de brazos cruzados, al contrario de esto, dieron más potestad para que todo lo que se decomisa sea utilizado para bien social, y esta es una forma más de robar. ¿No se dice en el derecho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario?, ¿Dónde está, entonces, la justicia?

Modificaciones necesarias

3 derecho corporativo

1 EdilioLic. Edilio Hernández H.

Entre las modificaciones necesarias a nuestro ordenamiento judicial está la inclusión de una vía más expedita para garantizar y proteger a los ciudadanos contra el abuso de autoridad y la prevaricación o el mal trabajo de los jueces. Aunque teóricamente la Fiscalía es la responsable de proteger la legalidad, no conocemos ningún caso en que ésta haya encausado a algún funcionario público (fiscal o juez), ni que abogado alguno haya iniciado a petición de cualquier ciudadano una acusación penal o demanda civil.

En varias sentencias revisadas en nuestra sede, tanto de los Tribunales Provinciales como del Supremo, hemos observado un pobre análisis de los puntos litigiosos expuestos, sobre todo las infortunadas soluciones alejadas de la verdad y de la legalidad. Los casos de vivienda continúan siendo los más dados a este tipo de corrupción y violación. Constituyendo un tipo de propiedad normal en cualquier legislación del mundo, en nuestro país se han distorsionado desde 1961, sus requisitos básicos como la posesión, el uso, el disfrute y la disposición.

Esta forma de propiedad posee varios sujetos actores que tienen que ver con su disposición, como son:

Administrativas- Direcciones Municipales y Provinciales de Vivienda. Gobiernos Municipales y el Instituto Nacional de la Vivienda.

Notariales- Notarios y voluntad de los propietarios.

Judiciales- Tribunales Municipales, Provinciales y Supremo.

No obstante las modificaciones positivas en el Decreto-Ley 288/2011, la Ley General de la Vivienda, contiene aún limitaciones a su disposición en su art. 75, (pues debe predominar la Ley Civil en todo lo regulado a la propiedad) y en el art. 80, cuando no contempla la transmisión a los herederos fuera del país. En la posesión también influyen y deciden actores como:

Organismos- en viviendas vinculadas y medios básicos.

Ministerio de la Agricultura- en las viviendas dentro de tierras arrendadas y cooperativas.

Fiscalía- cuando se confisca alguna vivienda según el delito tipificado, y por supuesto, el valor y la ubicación de ésta.

No podemos entender que cuando se acuda a la vía judicial con la esperanza de encontrar equidad, justicia y legalidad, el ciudadano reciba todo lo contrario y como casi siempre sucede se agoten las vías civiles y administrativas para obtener sus derechos y pretensiones.

Tenemos dos ejemplos, donde el absurdo y lo injusto, ilustran cuanto hay que rescatar en civilidad, valores y compromiso solo con la Ley.

1- Una madre de dos menores, sin abandonar su dirección original fue a vivir a casa de una tía, en la cual nacieron sus hijas (sobrinas-nietas de la propietaria original). Después de permutas y adjudicaciones dudosas de ambas viviendas, los nuevos “propietarios” le ejecutan a la madre y sus hijas una ocupación ilegal, pues no aparecían como convivientes en ninguna de las dos casas; transcurrido todo el proceso hasta el Supremo, en la Sentencia No. 325, de 30 de marzo 2012, éste tampoco le reconoce los derechos y no aplica la excepción del artículo 65 de la Ley General de la Vivienda, que expresa:

Artículo  64.  Los propietarios de las viviendas determinarán libremente qué personas convivirán con ellos y estarán facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requerirán declaración administrativa ni judicial.

Artículo  65.  La facultad que concede al propietario el artículo precedente, no podrá ejercerse contra:
-ascendientes y descendientes del propietario;
-madre con uno o más hijos habidos en el matrimonio, formalizado o no, con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia;
– madre con uno o más hijos menores que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
-ancianos que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
-cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.
Además si se hubieran ajustado a derecho, no incumplían lo preceptuado en la Instrucción No. 81/79 del TSP, en su apartado XI expresa que …será obligación inexcusable del ponente en todo expediente judicial en que intervenga, dar conocimiento al respectivo tribunal de toda infracción de la ley que adviertan durante la tramitación y examen de los procesos cualquiera que sea su clase…, De haberse revisado el expediente de permuta se hubiera advertido dolo e ilegalidad por lo siguiente:

Res 12/06, del Instituto Nacional de la Vivienda, Reglamento para las permutas.

Artículo 21: No se autorizan las permutas cuando:

  1. pueden estar basadas en ánimo de lucro o enriquecimiento;
  2. de su evaluación resulte presumible la existencia de subterfugios;
  3. que originen perjuicios a los convivientes a que se refiere el artículo 65 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley General de la Vivienda …

2- El otro caso es una esposa, conviviente, testada, viuda y heredera, que por obra y gracia de la Dirección de Vivienda del municipio Plaza, y los Tribunales Provinciales (sentencia 56, ago-2010) y Supremo (Casación con sentencias 304, oct-2010, y 1551 dic-2012) la convirtieron en desheredada, inconviviente e ilegal en la vivienda de su difunto esposo, en la cual entró casada, y sin más convivientes.

El medio de prueba fundamental valorado por el Tribunal Provincial fueron los testigos propuestos por la contraparte (el hijo del difunto), para declarar que la esposa no vivía en la casa, pero el sí lo hacía. Esta instancia no valoró las escrituras públicas exigidas para estos casos como el Registro de Identificación del Ministerio del Interior de ambos contendientes, así como el carné de identidad, además de los propios testigos de la viuda y heredera.

Debemos recordar de la Ley de Procedimiento (LPCALE), el artículo 348.-Los Tribunales apreciarán el valor probatorio de las declaraciones de los testigos conforme a los principios y reglas de la lógica, teniendo en consideración la razón de conocimiento que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran.
Para la valoración expresada cuidarán de evitar que por simples testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos asuntos en que de ordinario suelen intervenir escrituras públicas, documentos privados o algún principio de prueba por escrito.
Asimismo se abstendrán de dar por acreditados por ese medio, hechos para cuya existencia legal se exija que consten por escrito, o el cumplimiento de determinada formalidad que no se hubiere observado.

Otra práctica desleal y antijurídica manida en estos tiempos, es no aclarar todos los puntos litigiosos, ni definir la situación legal de los sujetos, (también se da en lo penal), cuando los ciudadanos quedan en un limbo legal, como en este caso. No se pudo adjudicar la vivienda porque “faltaba” un requisito, pero cómo queda ella, al ser viuda y ocupante con dirección ininterrumpida de más de siete años, copropietaria o conviviente? Tampoco hubo pronunciamiento en los Considerandos mencionados de los Tribunales, sobre la acción de la contraparte de abonar el precio de la propiedad que le corresponde y plasma la Ley General de la Vivienda en sus artículos 77,79 y 82.

La supramencionada Ley de Procedimiento (LPCALE), expresa: Artículo 44.-El Tribunal decidirá sobre la totalidad de las cuestiones oportunamente propuestas por las partes. Artículo 146.-Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso, y en su caso, con los nuevos aspectos apreciados por el Tribunal, con arreglo a las condiciones y formalidades establecidas en el artículo 45, haciendo las declaraciones que éstas requieran, estimándolas o desestimándolas, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos…

Además de todo lo expresado, estos funcionarios irrespetan o se burlan del sentido común y el raciocinio de los ciudadanos, por lo que es absurdo en derecho, lógica y realidad cubana suponer, que una mujer saludable de 29 años va a abandonar un apartamento en el Vedado, siendo única conviviente, esposa y heredera. La calidad humana y el poder adqui$itivo del otro heredero, desataron esta estela corruptiva.

Casos como estos se evitarían, no solo con el rescate del Tribunal de Garantía Constitucionales y Sociales, sino con la independencia del Poder Judicial de los demás poderes del Estado, y por supuesto conuna Sociedad Civil (ciudadanos, abogados, prensa independiente), fiscalizadora y denunciante de entidades o sujetos violadores del Estado de Derecho al que todos aspiramos.

 

Impunidad con exclusión

1 EdilioLic.  Edilio  Hernández  Herrera

La reciente atención al caso de los familiares de los prisioneros del Combinado del Este que cumplen privación perpetua de libertad desde 2003, (asesorando escritos de denuncia a Fiscalía militar y Dirección de Prisiones), nos reafirma nuestra decepción con  la mayoría de los funcionarios del Estado en cuanto a  cumplir con sus deberes y obligaciones, así como con el famoso código de ética que de una forma u otra abarca a todos los dirigentes y “cuadros” de los Organismos de la Administración Central del Estado.

El calvario por el que están pasando esos jóvenes y familiares (con varias denuncias anteriores), podemos resumirlo en:

1.     Violación de las condiciones mínimas para los detenidos.

2.      Negación de los derechos de atención médica.

3.      Incumplimiento en la  progresión de los regímenes de los prisioneros.

La Jefatura del Establecimiento Penitenciario Combinado del Este, ha violado del Reglamento Interno de Prisiones del MININT:

Artículo 6, Queda terminantemente prohibido someter a las personas privada de libertad a cualquier clase de vejámenes, castigos corporales, tratos crueles e inhumanos o degradantes……,

Artículo 7, A los funcionarios y autoridades que, en el ejercicio de sus funciones, quebranten las garantías y límites establecidos en este Reglamento, se les exigirá la responsabilidad penal y administrativa correspondiente y el restablecimiento de la legalidad quebrantada….,

Artículo 29.1, El sistema educativo comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a propiciar el desarrollo del proceso educativo y estimular la buena conducta observada por los internos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario…..,

Artículo 45, Para la progresión en régimen o fase se deben observar los mínimos de tiempo de permanencia siguientes:

1. Los clasificados en el régimen de Mayor Severidad:

a) 1 año como mínimo de permanencia en la primera fase.

b) 1 año como mínimo de permanencia en la Segunda Fase para progresar al régimen severo.

2. Los sancionados a privación perpetua de libertad en su tránsito por el Régimen Progresivo podrán progresar a la Segunda Fase del régimen de Mayor Severidad a los cinco años, posteriormente al término de otros cinco años al régimen Severo, y en igual término al régimen de Media Severidad. De continuar con buena conducta podrán progresar al término de 10 años al régimen de Mínima Severidad….

Una de las conclusiones de este caso es que, los daños  derivados del delito cometido por aquellos  jóvenes en el 2003, en su desespero e inmadurez por abandonar el país son sumamente inferiores a los originados por estos oficiales, funcionarios experimentados, conocedores y conscientes de las leyes y del papel social que el pueblo y la máxima dirección del país depositaron en ellos.

Estas conductas se repiten en todos los Organismos, sobre todo los más sensibles a la población, la PNR, la Fiscalía, los Tribunales, la Vivienda, los monopólicos, llámese Comunicaciones, Casas de Cambio,  Turismo, Comercio, entre otros. El denominador común, la impunidad, como forma cubana de Exclusión a sus ciudadanos que, además de vetados a conocer y garantizarle los derechos humanos básicos que le asisten, tampoco le reconocen los  judiciales y sociales (administrativos), cuyo marco legal existe en nuestras Instituciones.

Básicamente la legislación complementaria vigente por la cual los funcionarios, “cuadros” y hasta los  Ministros, están obligados a responder y resolver en la vía social-administrativa, previamente a la judicial cualquier asunto de derecho agraviado es el Decreto- Ley No. 67 de 19 de abril de 1983, “De la Organización de la Administración Central del Estado”, tal y como quedó modificado por el Decreto-Ley No. 147 de 21 de abril de 1994, el cual plantea:

Artículo 52, Los organismos de la Administración Central del Estado tienen los deberes, atribuciones y funciones comunes siguientes:

a)       Cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del  Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y la disciplina estatal en las empresas y dependencias del organismo….

…r) prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta dias, a las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias señaladas.

No responder, no aplicar justicia, dilatar para no ceder, en fin violar la legalidad, y sobre todo la ausencia de una reconocida Sociedad civil y prensa independiente, nos acerca más al caos que a un Estado de Derecho.

Sin tribunal constitucional, imposible perfección del modelo social cubano

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.26 combo 1

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer  y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a  la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo  sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, ante y en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese, para mí, tan importante órgano, perfectamente podría insertarse al Sistema de Tribunales Populares, concretamente al Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182: El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

-          a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

-          b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

-          c)  Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

-          d)  La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

-          e)  Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

-          f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimara afectada por un acto o disposición que considerara inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima  instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución Socialista de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad Hermanos Saiz  de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, dejando en manos de la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor eficiente que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible que, solo en instituciones de esa naturaleza, pueda radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir  la inobservancia de la legalidad, advertido ya por el Presidente de la República, en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer que se torna incurable,  al no ser posible su erradicación con operativos policiales circunstanciales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, y sí con el establecimiento de un sistema mixto, múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, llamados estos últimos a constituirse en ejemplo y paradigma en tan crucial tarea, para el respeto a la Ley, a la Constitución.

El control constitucional en Cuba (II)

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Mucho se ha escrito y dicho sobre el tema de cómo hacer efectivo el carácter erga omnes de las disposiciones constitucionales en Cuba. Unos abogan por un control difuso de constitucionalidad, implicando a órganos como la Fiscalía, el legislativo, (entiéndase la Asamblea Nacional), los propios tribunales, pues de la lectura del artículo 5 de la Ley 82 de los Tribunales Populares se dispone que Los tribunales están en la obligación de cumplir la Constitución, por lo que estarían obligados a fallar de conformidad con ésta. Otros apuestan por un sistema concentrado de defensa de la Constitución, mediante la habilitación de un órgano judicial independiente e imparcial que garantice la eficacia de las disposiciones del magno texto.

Sea cual fuere el modelo de control de constitucionalidad a adoptar, lo que sí debe quedar claramente definido para los constitucionalistas cubanos, es que el modelo de control que se decida, para que sea REALMENTE efectivo, deberá establecerse en el marco de un auténtico Estado de Derecho, donde todos los cubanos seamos REALMENTE iguales ante la ley (artículo 41 CR) y donde ésta prime por encima de todos, donde REALMENTE los jueces sean independientes y no deban obediencia más que a la ley (artículo 122 CR), donde los fallos judiciales REALMENTE sean de ineludible cumplimiento por todos (artículo 123 CR), donde el cumplimiento de la Constitución y las leyes REALMENTEsea un deber inexcusable de todos (artículo 66 CR), donde la ley primera de nuestra República REALMENTEsea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre (preámbulo CR).

La ausencia en Cuba de un Estado de derecho conlleva a que los mecanismos establecidos para el control constitucional no funcionen y que ésta se constituya en letra muerta. Más que el necesario Tribunal de Garantías Constitucionales por el que aboga, no sin razón, el colega Lic. Julio A. Ferrer, sería imprescindible en Cuba una real, efectiva y verdadera independencia del Poder Judicial.

Espera interminable

espeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Juan José regresa a la Asociación Jurídica Cubana en busca de asesoramiento pues la Caja de Resarcimiento solamente le ha pagado 3000 pesos moneda nacional de los 39.000 que dictara en su sentencia el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por Ernesto, chofer del camión del Ministerio de la Agricultura que se proyectó contra su vehículo.

Nos dice que ha ido en múltiples ocasiones a la Caja y que la respuesta es siempre: –no tenemos dinero para pagar-

Su situación de salud producto del accidente ha empeorado, por lo cual ha tenido que ser sometido a 2 operaciones del brazo, así como a dos cirugías de la columna vertebral, no habiéndose hecho una tercera por el riesgo de invalidez total.

Para mal de males, su esposa ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente por un cáncer de mama, con el consiguiente gasto en transportación y alimentación que su pensión de jubilado no puede cubrir.

Juan alega que de haber cobrado la mayor parte de la indemnización, al menos hubiera podido arreglar su vehículo, y esto le hubiera permitido sacar una licencia de taxista para así mejorar su situación económica.

En carta recibida por la Dirección de la Caja de Resarcimiento en fecha 13 de marzo de 2012 se le informa a Juan entre otras cosas que el obligado o deudor no ha comenzado a pagar la responsabilidad civil que le impuso el Tribunal Municipal de Arroyo.

Agrega dicha misiva que a la Caja sirve de intermediaria para que los perjudicados puedan cobrar, pero no le corresponde suplantar la responsabilidad de los deudores en el pago de las indemnizaciones, y por tanto, no cuenta con fondos para asumir esa responsabilidad.

La sentencia que declaró responsable a Ernesto se encuentra firme desde el 6 de julio de 2011 y Juan José solo ha cobrado una ínfima parte en mayo de 2012.

Según lo establece la Constitución en su artículo 26, a Juan le asiste el derecho a realizar petición de restablecimiento de la legalidad por el dilatado cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Arroyo Naranjo, ya que no se ha tenido en cuenta lo regulado en el artículo 474 en relación con el 473 de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral y Económico; así como a lo establecido en la Ley 82 de los Tribunales Populares en sus artículos 6 y 7 inciso a), b), c) y f) el cual expresa textualmente:

La obligación de los Tribunales de ejecutar efectivamente los fallos firmes que se dicten y de vigilar el cumplimiento de éstos por los organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución; así como realizar las actuaciones que dispongan las leyes procesales correspondientes, cuando la ejecución de sus fallos incumba a otros organismos del Estado.

¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar Juan para cobrar la indemnización que en su día dictara el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en sentencia firme?

Si los organismos encargados de hacer cumplir la ley no toman carta en el asunto, la espera de Juan será interminable.

 

La supremacía de la Constitución y el control constitucional

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliagabalanza

Si bien es cierto que la Constitución define los órganos del Estado, sus funciones y el marco legal dentro del cual estos pueden actuar, también es cierto que estos órganos y poderes pueden actuar de forma anticonstitucional.

Ante esta realidad se erige la institución del control constitucional, que surge de las garantías legales que la propia Constitución instituye, por un lado, para afianzar su supremacía sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, y por otro lado, para juzgar el actuar inconstitucional de los órganos y poderes que crea.

Se ha dicho que el control constitucional califica como inconstitucionales las leyes generales y ordinarias, según sea, que en el proceso de su elaboración omitan elementos necesarios para que esta nazca a la vida jurídica, o bien, que una vez vigente la ley ordinaria, esta modifique o derogue la norma de rango constitucional. En el primero de los supuestos el control debe recaer en el órgano legislativo, encargado de aprobar solo aquellas leyes que se avengan a los preceptos constitucionales, en el segundo caso el control puede iniciarse por algún órgano del estado, por el tribunal que conoce del asunto o por los ciudadanos con el objetivo de reclamar la defensa de un derecho fundamental violado.

El control constitucional supone la imagen de un guardián que vela porque la sociedad se ordene y funcione en el marco del más estricto apego a las disposiciones constitucionales, lo que cobrará validez en el seno de un verdadero Estado de Derecho, en el que se someten por igual gobernantes y gobernados y en el que ningún individuo, ya sea el presidente o un ciudadano cualquiera puede estar por encima de la ley.

El Estado de Derecho de erige como garantía de un efectivo control constitucional, al fragmentar el poder omnímodo del estado, y así debilitarlo, de manera que tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y el judicial interactúen en función de que cada uno respete las reglas constitucionales. Además de la consagración de la seguridad jurídica entre gobernantes y gobernados, eliminar los rastros de arbitrariedad en el funcionamiento del estado, asegurar el sometimiento de éste a la ley, y velar por la afirmación de los derechos de las personas. Solo así cobrará sentido el espíritu y la letra de la llamada Ley de leyes.

Sin tribunal constitucional, imposible prefeccionamiento del modelo jurídico

.Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese importante órgano podría insertarse dentro del Sistema de Tribunales Populares, concretamente el Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182.´´ El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  • a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

  • b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

  • c) Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

  • d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

  • e) Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

  • f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimará afectada por un acto o disposición que considerará inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe hoy en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano, no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad “Hermanos Saiz” de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargando a la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible concebir y creer que, solo en instituciones de esa naturaleza, puede radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, a los ciudadanos, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir la inobservancia de la legalidad socialista, advertido y denunciado por el Presidente de la República, en su intervención en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer incurable, del que son responsables funcionarios estatales y ciudadanos; que no es posible su erradicación con tan solo realizar operativos policiales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, los llamados bandazos y si con el establecimiento de un sistema mixto , múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, los llamados a constituirse en ejemplo y paradigma a seguir en tan crucial tarea, para la supervivencia del modelo social cubano, el respeto a la Ley, a la Constitución.