Exceso de Criminalización

Lic. Amado Calixto Gammalame.

En Cuba no se manejan públicamente los datos estadísticos sobre las personas que guardan prisión, unas decenas de miles según cálculos de estadística negra. El dato por sí solo no es impresionante, lo que sí es sorprendente la cantidad de personas que re-circulan por los establecimientos penitenciarios, procesados con medidas cautelares que luego son puestos en libertad, detenidos, procesados multados y otros que cumplen prisión fuera de los establecimientos penitenciarios o en libertad, esta sumatoria constituye el gran número de cubanos con antecedentes policiacos y penales.

Estas personas quedan etiquetadas de por vida, y , por tanto afrentadas, según los registros que se llevan a tal efecto.

La población carcelaria es en su inmensa mayoría joven y lo peor, personas con un nivel medio de instrucción, que es la palabra más adecuada, pues la educación es una asignatura que se ha quedado rezagada en estos tiempos.

Otro elemento identificativo de singular significación, son los jóvenes instruidos y primarios en los establecimientos penitenciarios.

El estado tiene la facultad de castigar a las personas que cometen delito, primero, en la posibilidad de legislar que le encarga al órgano legislativo, en Cuba, La Asamblea Nacional del Poder Popular mediante la cual se traduce la voluntad del Estado de recoger en tipos penales aquellas conductas intolerables que recaen sobre bienes jurídicos relevantes, que resultan imprescindibles proteger con mayor severidad, y lo segundo es encargar al órgano jurisdiccional su aplicación.

El Código Penal de 1978 Ley 21, que le quitó vigor al Código de Defensa Social de 1936, así como su sucesor El actual Código Penal, la Ley 62 de 29 de diciembre de 1987 están caracterizados por su contenido y la aplicación de un alto número de figuras de escasa peligrosidad social, que en el Código de Defensa Social estaban recogidas como faltas.

A nuestro juicio se trata de un exceso de criminalización que perjudica a la sociedad, (El Pueblo de Cuba) en cuyo nombre, según la constitución de la República de Cuba, se imparte justicia.

Los límites del poder del estado es un principio de rango constitucional que informa el Derecho. La única protección posible para el logro de una equidad en ese sentido lo constituiría el restablecimiento de los Tribunales de Garantías Constitucionales, que tantos beneficios trajeron para nuestra sociedad

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