El error judicial

Lic. Yaremis Flores

“Errar es de humanos”, reza un viejo proverbio que encierra una gran verdad. Los errores forman parte de nuestra cotidianeidad, todos hemos errado alguna vez, y nunca debemos avergonzarnos de reconocer una equivocación, pues significa ganar experiencia.

Lo cierto es que hay errores cuyas consecuencias son irreparables. Ejemplo de ello lo constituye el error médico, cuyo resultado más dramático está en la discapacidad o de por vida y la muerte.

Otra muestra reprochable es el error judicial, pudiendo privar a una persona de su libertad, o de su vida, mediante la aplicación de la sanción, siendo inocente.

En el mundo conocemos condenados en espera de su ejecución, que han sido liberados por probarse su inocencia; pero nunca sabremos la cifra exacta de los inocentes ejecutados, y es allí donde el error judicial es imperdonable, puesto que es irreversible.

Una pregunta obligatoria es qué ocurre en nuestro contexto con los responsables de estas horrendas equivocaciones; si es suficiente que sólo reciban en algunos casos, un fuerte regaño, una simple corrección disciplinaria o una mirada paternalista por parte de sus superiores.

En otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo en la ley de Chile, se establece que una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema  declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales.

Por nuestra parte, el Art 26 de nuestra Constitución establece que toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

Sin embargo la Ley de Trámites al regular  el Procedimiento de Revisión en su artículo 466, prevé la cancelación del antecedente penal y la restitución de los derechos y honores de los que se le haya privado en virtud de la sentencia revisada, si la nueva sentencia es absolutoria; mostrando franca omisión respecto a la responsabilidad en que pudieran incurrir los magistrados y muchos menos hace referencia a la responsabilidad por parte del Estado de indemnizar a los afectados.

Al condenado injustamente, sólo le espera una diplomática disculpa, y a seguir con su vida que aquí no ha pasado nada.

 

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