Peras al olmo

Wilfredo Vallín Almeida

El Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado el mismo día y entró en vigor el 3 de  enero de 1976.

Ambos Pactos dan forma jurídica obligatoria a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en varios casos amplían el contenido de estas disposiciones.

Estos dos importantísimos documentos de la ONU fueron firmados por el gobierno cubano en la persona del entonces Ministro de Relaciones Exteriores en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2008.

Desde que supimos de este hecho nos hemos preguntado qué llevó a las autoridades cubanas a firmar unos documentos contrapuestos al sistema socialista y que el gobierno había obviado por más de 30 años.

Algún día quizás sabremos qué motivó  tan insólita firma. De todas maneras, de lo que sí hemos estado convencidos es de que los cubanos tienen todo el derecho del mundo a conocer qué pactos firmó su gobierno y cuál es el contenido de los mismos, cosas que no son secretas pues como ya dijimos, ese hecho fue publicado por la prensa nacional aunque muy discretamente.

Así, al crear la Asociación Jurídica Cubana, este constituyó uno de los propósitos esenciales de la misma: que nuestros compatriotas conocieran todo lo relativo a esos documentos.

En la respuesta que recibimos del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia y en el que se pretende que duplicamos actividades realizadas por la Unión de Juristas de Cuba o por los Bufetes Colectivos, no se menciona esta actividad que nosotros sí realizamos y que estos organismos estatales NO.

Está claro que el Registro de Asociaciones no quiere tocar el tema de los Pactos, no tiene forma de demostrar que los organismos de marras realizan esa función  y tan sólo intentarlo sería forzar demasiado la verdad.

Como todos los lectores pueden ver en nuestra Carta de Presentación, ese aspecto ha estado siempre en el propósito de la AJC, aunque  el Registro de Asociaciones no lo refleje en su certificado-respuesta.

Por otra parte, el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia toca muy superficialmente sólo dos de las cuatro actividades que caracterizan a la AJC, lo que en caso de ser como ellos dicen, QUE NO LO ES, se referiría sólo al 50%  de la realidad.

Lo mejor sería que se decidieran a discutir el asunto llana y sinceramente, teniendo como único fundamento la ley, sin trampas ni manipulaciones, pero, y eso también lo sabemos, no se piden peras al olmo.

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