Impartición de justicia y estado peligroso

Lic. Yamirka Martin

Según establece nuestra ley penal, el estado peligroso es la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.

Se trata de un precepto ambiguo, un saco legal para sancionar conductas de interés gubernamental, fundamentalmente la prostitución y la oposición pacífica.

Resulta común, que el Jefe de Sector de la Policía inicie un expediente de peligro contra jóvenes que no desean colaborar como informantes, iniciándose una cruzada contra ellos, donde no gozan de certidumbre jurídica alguna.

La declaración de estado peligroso y las medidas que del mismo se derivan, pretenden evitar que el sujeto delinca, sin embargo el Dictámen No. 166 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, permite declarar en estado peligroso, a un sujeto que delinquió en el decursar de la tramitación de dicho expediente, entrando en franca contradicción con lo legislado.

Es una institución bajo la cual resultan asegurados presuntos peligrosos incluso con medidas que conllevan internamiento.

En el caso de las prostitutas, los jueces son presionados mediante indicaciones expresas de la Vicepresidencia del Tribunal Provincial Popular de La Habana de que la política penal es el internamiento, haciendo escaso uso de la medida de entrega a colectivo de trabajo que previó el legislador, incluso en casos que lo ameritan.

Hemos conocido de la imposición de una medida de dos años de internamiento a una paciente con una condición médica que le impedía ingerir alimentos con gluten, colorantes, etc. sin poder el centro penitenciario proporcionarle la dieta requerida.

¿Hasta dónde va a llegar la sumisión de los jueces a la “política penal”;  siendo en ocasiones los magistrados penosos cumplidores de las indicaciones de la superioridad?   ¿Son independientes los jueces o no?

No olvidemos que los magistrados tienen el deber de actuar evitando la predisposición y el criterio anticipado que afecten un análisis sereno y mesurado, y -ante todo- que deben impartir justicia con plena conciencia de que lo hacen a nombre y representación del pueblo cubano.

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2 pensamientos en “Impartición de justicia y estado peligroso

  1. Estimada Lic. Yamirka Martin:

    Esta figura jurídica de “proclividad peligrosa” (intelectual) no existe en ninguna legislación de este mundo. Es un invento del castrofascismo, que con creces ha superado al fascismo italiano, al nacional socialismo alemán y al stalinismo-fascista en Rusia y sus colonias. Es una figura demoníaca que todos los juristas y estudiantes de leyes debieron haberse opùesto apenas asomó sus tintas. Pero no. ¿Por qué? Precisamente porque quienes la dictaron se cuidaron de establecer el sistema policial más feroz que ha conocido la historia humana: el fascismo cubano. Esta legislación producirá consecuencias peores a aquellas de la Revolución francesa que terminó cortando las cabezas de los mismos que iniciaron El terror. Ya lo hemos constatado con los fusilamientos de Ochoa y de la Guardia. ¿Quienes son los siguientes? ¿Carlos Lage, Perez Roque o Armando Hart? ¿Sacarán a Lobaina de su restaurante porque está preparando platos IMPERIALISTAS? ¿O porque su restaurantes es sitio de encuentro de los agentes de la CIA? La espada de Damocles que pende sobre los cuellos de todos aquellos que contribuyeron a crear este monstruo no dejará títere con cabeza. Incluyendo la de esos jueces venales para quien su pellejito es más importante que su integridad como jueces, más que su autorespeto profesional y más que el respeto de sus familias y conciudadanos. Ante estas circunstancias, yo como observador imparcial en los asuntos políticos cubanos, no tengo menos que apuntar con el dedo a los creadores del monstruo y a quienes le obedecen. LA HISTORIA NO LES ABSOLVERA

    http://www.ipaebooks.org

  2. Lo mas desconcertante de todo esto es que realmente si vamos a fondo del asunto la institución es necesaria, pero como es posible que por ser proclive a la comisión de un hecho delictovo, dígase lesiones, hurto, etc donde se preveen sanciones de 3 meses a 1 año, se le imponga a esa proclividad hasta 4 años de internamiento en un centro especializado que no son más que las mismas granjas donde se cumplen los trabajos correccionales con internamiento por reclusos que ya han delinquido. es desconcertante tambien cuando se inicia un expediente por la embriaguez, nunca o casi nunca lo hacen por el tipo penal para ello sino por cinducta antisocial, cuando lo necesario es internar a esa persona enferma y no enviarlo a la “prisión”

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