Nuevas legislaciones: ¿leyes para una clase?

Ma. Esther Reus, Ministra de Justicia de Cuba

Miriam Celaya  (de Diario de Cuba)

Con el peculiar estilo críptico de los pronunciamientos oficiales, la ministra de Justicia, María Esther Reus, ha anunciado recientemente que el gobierno “ajustará y compatibilizará” las normas jurídicas a tenor de las decisiones que se adopten en el VI Congreso del Partido Comunista, que deberá celebrarse entre los próximos 16 y 19 de abril. Dichas declaraciones, pronunciadas en el marco del Tercer Congreso Internacional Juriscuba 2011, hacen referencia a una “actualización normativa” y a un “perfeccionamiento legislativo” en correspondencia “con la nueva realidad nacional y los objetivos propuestos”, proceso que —según planteó— “elevará el papel del asesoramiento legal” y será vital para el perfeccionamiento y las contrataciones económicas de las empresas cubanas. Poco se puede dilucidar de un texto que evita las precisiones; no obstante, al subordinarse implícitamente la actualización de las normas jurídicas a las disposiciones que dimanen de un Congreso cuyos lineamientos han resultado altamente cuestionables, incluso dentro de las propias filas de militantes del PCC, es de esperar que las nuevas leyes adolezcan también de flagrantes omisiones. En otras palabras, cabría esperar leyes cosméticas o ambiguas para legitimar instrucciones oficiales imprecisas y dirigidas esencialmente a la actividad económica, tema este último en el que —obedeciendo a las directrices impuestas expresamente por la máxima dirección— se centrarán los “debates” del congreso del partido único. Para nadie es un secreto que desde mucho tiempo atrás las legislaciones cubanas han clamado a gritos por cambios profundos. Las disposiciones del nuevo Presidente durante los últimos dos años, en su desesperado intento por oxigenar una economía en perenne fase de asfixia, llevaron a la implementación de actividades que —contradictoriamente— constituyen delito según las actuales leyes, como ocurre con la contratación de mano de obra por particulares, en este momento oficialmente permitida en virtud de estimular el renacido “cuentapropismo”. De igual modo, el tema de la entrega de tierras en usufructo a campesinos particulares, que se supone ya haya superado el tiempo de experimentación desde su implementación hasta esta fecha, y que en la práctica debería pasar a una etapa de consolidación y generalización, debe estar contemplado en la agenda de los letrados que se encargarán de introducir las mencionadas modificaciones legales. Ahora bien, si parafraseando a la ministra de Justicia, el perfeccionamiento legislativo deberá estar acorde con la nueva realidad nacional, se tendría que tomar en cuenta que dicha realidad rebasa ampliamente los estrechos límites de las regulaciones económicas. En tiempos recientes se han estado produciendo en Cuba acontecimientos sociales que no están exentos de implicaciones políticas. Uno de esos importantes hechos ha sido la liberación de los 75 prisioneros políticos de la Primavera Negra (2003) —y de otros presos de conciencia, condenados en procesos diversos—, lo que implica de por sí la ilegalidad de sus condenas. Se impone, pues, la eliminación de las leyes que permiten el encarcelamiento de las personas por profesar y expresar ideas diferentes o contrarias a las del gobierno. Simultáneamente, habría que dictar leyes nuevas que permitan impulsar el libre flujo de la información, del pensamiento y de las opiniones, entre otras, relacionadas con los pactos de derechos humanos firmados, aunque nunca ratificados, por el gobierno en febrero de 2008. De no hacerse así, a lo absurdo de eludir los temas sociopolíticos en el cónclave más importante de un partido político, se sumaría también el inadmisible caso de supeditar las leyes a las directrices de la política económica de ese propio partido, que es a la vez Estado y Gobierno. Un acomodo legal de apoyo a los intereses de la clase en el poder. Si bien resulta positivo afianzar legalmente el actual proceso de tímidas reformas económicas como un primer paso en lo que tendría que ser un largo camino de transformaciones de todo tipo, resultaría totalmente contraproducente que la “actualización legislativa” no contemplara en toda su complejidad el espectro sociopolítico de estos tiempos, para poner las leyes en consonancia con las necesidades y aspiraciones de todos los cubanos.

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