¿Solución legal de excarcelación?


Lic. Miguel Iturria

En el segundo semestre del 2010 comenzó la excarcelación de medio centenar de prisioneros políticos de la denominada Primavera Negra del 2003. La mayoría fueron desterrados a España, cuyo gobierno recibió, además, a otros opositores que cumplían condenas bajo supuestos delitos comunes.

Si bien la liberación obedece a la presión internacional ejercida a partir de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, la prolongada huelga de hambre de Guillermo Fariñas Hernández y los desafíos urbanos de las Damas de Blanco, vale la pena reflexionar sobre la disyuntiva legal dada por el gobierno a un problema que ilustra la supeditación de la justicia al poder ejecutivo.

Casi todos los miembros del Grupo de los 75 fueron sancionados en base a la Ley 88 “De Protección de la Independencia Nacional y la Económica de Cuba”, complementaria del Código Penal Cubano. Y popularmente conocida como “Ley Mordaza”. La misma es una ley que cobra vida cuando al Estado le interesa, ya que la acción penal se ejerce en correspondencia con el principio de oportunidad, es decir, la posibilidad de llevar a los tribunales solo los asuntos relevantes o convenientes. Primer indicio, en el caso de referencia, de supeditación judicial a la voluntad gubernamental.

Siete años después, ante las nuevas circunstancias y con la Iglesia Católica como mediadora, se determina excarcelar mediante vías de dudosa legalidad al resto de los confinados que cumplían las sentencias dictadas por nuestros “tribunales populares”.

Uno de los preceptos del Estado de derecho radica en la existencia de un sistema de tribunales fuertes e independientes, con poder, autoridad, recursos y el prestigio necesarios para exigir a los funcionarios gubernamentales de todos los niveles que rindan cuentas de sus actos, conforme a las leyes de la nación.

Es decir, que los tribunales deben basar sus decisiones en la ley y no en consideraciones políticas ni en la voluntad individual del gobernante, salvo dos excepciones clásicas e internacionalmente reconocidas de extinción de la responsabilidad penal: la amnistía y el indulto.

Veamos que dice la ley:

La amnistía, de acuerdo al artículo 75, inciso t de la Constitución de la República, corresponde al órgano legislativo (Asamblea Nacional) y procede a través de la Ley de Amnistía, que representa el perdón a los infractores de delitos cometidos en un tiempo determinado.

Conforme al artículo 90, inciso ll de la Carta Magna, el indulto corresponde al Consejo de Estado y representa el perdón de la pena dictada contra un ciudadano determinado.

En el caso de los 75, no ha ocurrido ninguna de estas dos excepciones. Tampoco puede hablarse de complimiento de la pena impuesta, ya que ninguno de los encarcelados arribó al término de la sanción ni se encuentran cumpliendo los beneficios de la libertad condicional.

La dudosa fórmula utilizada por el aparato estatal deviene mezcla incompatible de las instituciones Licencia Extrapenal y el Destierro al margen de los parámetros del Código Penal.

La licencia extrapenal, prevista en el artículo 31, apartado 3, inciso b, instituye la salida excepcional del sancionado por causa justificada, cuyo término coincide con el cumplimiento de la sanción. Este tipo de permiso, generalmente es concedido por deterioro de la salud o porque la salud del reo no es compatible con el régimen penitenciario. Bajo licencia extrapenal nadie podría salir definitivamente del país, pues aún fuera de la cárcel, el individuo se encuentra extinguiendo su sanción.

El destierro, previsto en el artículo 42 del Código Penal, es la prohibición de residir o permanecer en un lugar determinado, concebido en nuestro ordenamiento jurídico sólo dentro del territorio nacional, no hacia otra nación pues el destierro es una sanción accesoria.

En las recientes liberaciones tampoco fue abierto procedimiento de revisión, otro presupuesto clásico de excarcelación que implica la absolución promovida por el ministro o el viceministro de justicia, el fiscal o el vice fiscal general de la república y por el presidente o vicepresidente del Tribunal Supremo con resolución definitiva de este ultimo órgano.

Lo dicho hasta aquí ilustra la falta de independencia de los tribunales y la dudosa legalidad de la fórmula estatal para resolver el problema de los 75. Cabe preguntar, sin embargo, ¿cuál es la situación legal de los prisioneros excarcelados?

 

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Un pensamiento en “¿Solución legal de excarcelación?

  1. Lic. Miguel Iturria. Me parece excelente su artículo con gran claridad en cuanto a la situación de ilegalidad en que ha incurrido el Ejecutivo al dejar salir a los condenados y detenidos, sin realizar el obligado procedimiento jurídico que exijen las leyes cubanas vigentes.

    Usted se pregunta cual es la situación jurídica de los desterrados – que en sí misma es una figura que entiendo ni siquiera existe en el Codigo penal y la Constitución.

    Pues bien, se trata de una medida de ostracismo manumilitari -sólo aplicable en caso de guerra declarada – que no sólo desvela la infensión de los ciudadanos ante el sistema penal cubano, sino también las vergonzante actitud de magistrados, jueces, fiscales y Escuelas de leyes.

    En un país civilizado las medidas manumilitari tomadas recientemente con los 75 presos, darían pié para una huelga de magistrados, un paro de los jueces y la salida a la calle de profesores y estudiantes de leyes. ¿Por qué no sucede en Cuba?

    ¿Es que todo el estamento legal y de juristas considera que han entregado carta blanca al Gobierno para proceder como le dé la gana?

    !Ahora entiendo como se atreve una mujer de las CDR de un blog oficialista destinocuba.wordpress.com/2010/04/05/por-donde-van-los-tiros/ – 255k
    a enviarme via email copia del Código penal cubano, en una clara amenaza que esta ley cubana podría serme aplicada en Europa!

    Al no existir en Cuba un Estado de Derecho, sino un Estado de gracia militar marxista, la pobre mujer cree que las leyes cubanas son aplicables fuera de la isla.

    Esto e convence una vez más que vuestra labor difundiendo y comentando las leyes cubana al pueblo llano, es de enorme importancia para la paz de Cuba.

    UN SALUDO FRATERNAL

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