El respeto a los términos procesales en el sistema jurídico cubano

Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

Coincido con el concepto de ¨término¨ del Teniente Coronel Pedro L. González Chávez, Juez Profesional de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular, en su ¨Glosario Mínimo de Términos Jurídicos¨, definiéndolo como el tiempo o plazo determinado, hora y día precisos de hacer algo, concordante con la totalidad de nuestros cuerpos legales.

Para no extenderme sólo voy a referirme a dos de estos cuerpos legales: la Ley de Procedimiento Penal, que en su artículo 33 prevé: Son improrrogables los términos judiciales cuando la ley no disponga expresamente lo contrario.

Y la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, que en su artículo 104 establece: Los términos o plazos que esta Ley señala serán improrrogables, a menos que otra cosa disponga la ley.

Es obligatoria la observancia de los términos para todos sin excepción, pero lamentablemente, se ha convertido en una práctica por completo contraria; en cuanto a los términos procesales, los funcionarios administrativos, estatales, de gobierno y de los órganos de administración de justicia (entiéndase sistema de Tribunales Populares), parecen no estar en el deber ineludible de observar y respetar los términos judiciales, pronunciando sus decisiones dentro del plazo fijado por la ley.

Prueba de lo expresado, la encontramos en la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular respecto al Recurso de Casación interpuesto con fecha 22 de noviembre del 2010 por el licenciado Wilfredo Vallín Almeida, contra el auto No. 164 dictado a los 18 días del propio mes y año, por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, y que debió tener una respuesta dentro de los diez días siguientes a la celebración de la vista.

Como se recordará, se trata del Proceso Administrativo No. 338 del 2010, proceso radicado por la Sala en cuestión para sustanciar la Demanda formulada por Vallín Almeida contra el SILENCIO ADMINISTRATIVO de la Dra. María Esther Reus González, Ministra de Justicia, Casación Administrativa radicada al número 1603 del 2010 en la Sala de similar materia del Tribunal Supremo Popular.

La máxima autoridad judicial de la nación cubana, que tiene que CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO, por las Salas del Tribunal Supremo Popular de las leyes, no cumple con ese mandato legal, aseveración comprobable con la más que demorada resolución que resuelva la Casación Administrativa en cuestión.

El artículo 636 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral Y Económico, prevé que tramitado el recurso y celebrada la vista en su caso, el Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes. La vista correspondiente a dicha Casación Administrativa fue celebrada el 21 de enero del 2011, y hasta la fecha en que se redacta este trabajo, 4 de marzo del propio año, han trascurrido TREINTA DIAS sin que se vislumbre el pronunciamiento de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular.

Con relación al pendiente recurso, la Sala de Casación incurre en el mismo Silencio Administrativo que la titular del Ministerio de Justicia, órgano encargado de asistir en materia jurídica al Estado, al Gobierno y a los restantes organismos de la Administración Central del Estado para lo que, entre otras funciones, ejerce la supervisión de la organización y el funcionamiento general de los tribunales.

La propia Ley No.82, ya mencionada con anterioridad, en el inciso e) artículo 7, establece la obligación de los tribunales de dictar los fallos o sentencias definitivas y demás resoluciones judiciales, sin que sea admisible excepción o excusa alguna. Al parecer, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular no se siente obligada con tal mandato legal, pues es más que habitual el no respeto a los términos judiciales.

El licenciado Vallín Almeida no ha recibido respuesta por el escrito que presentara con fecha 25 de enero del 2011 ante la Sala de Casación, pidiendo lo que es una garantía procesal: que le fueran dados a conocer el, o los motivos de la celebración de una vista pública a puerta cerrada. Es mi opinión, que la Sala, en franco irrespeto a lo previsto en el citado inciso, no dictará resolución alguna al respecto.

Me pregunto cómo la MAXIMA INSTANCIA JUDICIAL de la nación cubana, exige de otros (instituciones y ciudadanos) el cumplimiento de algo con lo que ella no cumple: los términos procesales.

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