Sin derecho al retorno

Por Laritza Diversent

En el 2003, Manuel Arias se acogió a la ciudadanía española gracias a que sus padres fueron inmigrantes en la isla. Cuando salió de Cuba el gobierno le impuso el abandono definitivo. Nacionalizó sus propiedades, por medio de la confiscación y sin derecho a indemnización.

No tiene carnet de identidad, ni cuota para recibir los alimentos racionados. Lógico, ya no vive en Cuba. Cuando viene de visita, tiene que pagar los servicios como extranjero. Sin embargo, para entrar en el país, necesita hacerlo con su pasaporte cubano.

Manuel quiere regresar definitivamente a Cuba, donde sigue casado por la ley. No tuvo suerte por España, está desempleado. Aquí tampoco le iba bien, pero allá está solo. No le importa empezar de cero a sus 55 años. En marzo del 2009, cuando vino de visita, y después que se le vencieran las prórrogas de estancia en el país, intentó quedarse. Las autoridades de Inmigración lo deportaron.

Se pregunta porqué el gobierno le niega el derecho a retornar. El pobre no entiende que, el día que decidió residir en otro Estado, lo sancionaron con el destierro. A la confiscación de que fue objeto suma que tiene que pagar para entrar a su tierra y para quedarse por más tiempo. Se niega a pensar que lo rechazan porque residiendo afuera, reporta ventajas al gobierno. Adentro es un estorbo. Se acerca a la tercera edad y regresa tal como se fue, sin nada.

Manuel Arias busca vías para defender su derecho a regresar definitivamente a su tierra natal. Plantea su problema: “soy un cubano de origen, con nacionalidad española y en Cuba no aceptan la doble ciudadanía”. La Constitución de la República, sin embargo, aclara que el proceso para la formalización y pérdida de la misma, así como las autoridades facultadas para decidirlo, se regula en la ley.

Para desgracia de Manuel, la Asamblea Nacional, está muy ocupada. No ha tenido tiempo de legislar, en 18 años, sobre la pérdida y recuperación de la ciudadanía cubana. El mandato fue ordenado por la Constitución de la República, después de la reforma de 1992.

No importa que en derecho, se produzca una inconstitucionalidad por omisión. El órgano legislativo, único facultado para aprobar, modificar o derogar leyes, no cumple con la obligación de legislar la normativa que permita la aplicación de los postulados constitucionales.

El señor Arias trata de entender “¿Por qué el parlamento cubano, a pesar de que su inacción afecta un derecho fundamental como el de la ciudadanía, no hace uso de sus facultades? ¿Por qué el gobierno obliga a cubanos ciudadanos de otro Estado, a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacionales? ¿Qué interés tiene el gobierno en retener sus ciudadanías, si según los dictados constitucionales, las perderían manera inmediata?” Continúa meditando.

“Negocio, puro negocio”, concluye. Lo que diga la Constitución no interesa. La decisión está en manos de las autoridades gubernamentales, que deciden qué cubanos salen y cuáles entran. Permisos por los que hay que pagar. En fin, se viola la Ley suprema, pero se ingresan por concepto de trámites migratorios, miles de pesos convertibles o divisa dura.

Manuel Arias aun no aclara todas sus dudas. Tampoco ha perdido la esperanza de regresar definitivamente a su isla querida. Pregunta si existe alguna norma legal, que le ofrezca la posibilidad de volver y busca información legal. Consulta a un abogado y este le explica que, mientras el Parlamento no legisle sobre el asunto, el Decreto 358 de 1944, Reglamento de ciudadanía, seguirá vigente en el sistema legal cubano.

Según los postulados de esta norma, respecto al procedimiento para la pérdida y recuperación de este derecho, el Ministerio de Estado, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), dispone la instrucción de un expediente, cuando tuviere conocimiento de que un ciudadano cubano haya adquirido otra ciudadanía.

En el caso del Señor Arias, el MINREX debió declarar, por medio de resolución, la pérdida de la ciudadanía cubana. Decisión que remite al Ministerio de Justicia, para que este realice la anotación marginal correspondiente, en el asiento de inscripción del Registro de Estado Civil.

Para recobrar la ciudadanía perdida, Manuel simplemente debería comparecer ante el registrador del Estado Civil de su domicilio en Cuba, para manifestar y hacer inscribir su propósito de recuperarla. Un año después, repetir el proceso.

Los pasos parecen simples, pero para él, son un imposible. No tiene forma de acreditar haber perdido la ciudadanía cubana, porque el MINREX así no lo declara. Tampoco podrá pedir que se restablezca su domicilio en Cuba. En realidad no se puede recuperar lo que nunca se ha perdido.

El gobierno hace caso omiso a las disposiciones del Decreto 358 de 1944. Viola las prerrogativas fundamentales de los cubanos y simula legitimidad en el acto. Ni privan a nadie de su derecho de cambiar de ciudadanía, ni tampoco admiten la doble, porque solo reconocen la cubana. Interpretan la ley como les conviene.

El abogado dio una esperanza a Manuel. Le sugirió que pidiera, como emigrado, “Permiso de Repatriación”. Autorización que otorga la autoridad migratoria para regresar a Cuba con carácter permanente. El proceso se inicia con una Carta de Solicitud al Consulado cubano en su país de residencia.

El señor Arias argumentó y firmó la misiva, para después enviarla al Director General de Inmigración y Extranjería. Certificó, en el Departamento de Legalizaciones del MINREX, los documentos acreditativos de su actual estado y los datos personales de su esposa, con quien conviviría en Cuba.

El ansia lo embargó ¿Cómo reaccionarían las autoridades migratorias de la Isla, cuando recibieran, el expediente que le confeccionó el Consulado en España? ¿Soportaría la espera de 3 a 5 meses por la respuesta? Encima de la mesa, aguardaba el sobre con los 60.00 euros del costo del Permiso de Entrada Definitiva. Soñaba con ver anulada la Habilitación de su pasaporte cubano.

De pronto se ensombreció su mirada. Quería ser optimista, sin embargo, en sus oídos retumbaba las palabras del abogado: “El permiso de repatriación se autoriza en casos muy específicos. A los que se encuentran clínicamente desahuciados o gravemente enfermos, mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 y menores de 16”. Él gozaba de perfecta salud y tenía 55 años de edad. Tampoco era una víctima de secuestro.

Ni siquiera entraba en el grupo de personas mayores de 60 años que garantizaran documentalmente, que podían valerse por sí mismos y compensar los gastos de seguridad social. Se había ido de Cuba sin nada y regresaba en las mismas condiciones.

Pese a las pocas probabilidades de ser aceptado, Manuel continuaba soñando. El abogado le dijo que podían otorgarle un permiso excepcional, si argumentaba razones de peso para la solicitud. Tenía la esperanza de que su soledad en España, conmoviera a las autoridades cubanas.

Arias tenía donde residir, su esposa vive en Cuba. Ambos contrajeron nupcias, hace 30 años, a la luz de las leyes cubanas. Sin embargo, lo poco que tenía, el Estado se lo confiscó cuando salió de Cuba en el 2003. En otra ráfaga de pensamiento, lo asaltaron nuevamente las dudas ¿Si regresaba le devolverían el derecho sobre sus bienes?

A la luz de la ley de familia, todos los bienes a adquiridos en casamiento formaban parte de la comunidad matrimonial. ¿Qué pasaría con la liquidación forzosa que realizó el gobierno, acto unilateral y también ilegal? Según el Código de Familia, la salida del país no es causa que extinga el matrimonio; y por ende la comunidad de bienes.

El Estado para despojarlo de todas sus propiedades, lo substituyó y liquidó la comunidad matrimonial de bienes. Su esposa, para no mantener una copropiedad forzosa con el gobierno, tuvo que pagarle la cuota que correspondía a Manuel.

Arias llamó a su abogado y este le aclaró, que en caso de Repatriación, si al emigrante cubano se le había aplicado la Ley 989/61, las autoridades le notificaban que el retorno no surtía efecto respecto a bienes, propiedades, derechos y valores confiscados.

Una semana después, tocan a la puerta. El portero del edificio le entrega una carta. Remitente: Consulado cubano en España, “Su solicitud no ha sido aceptada, no cumple los requisitos de repatriación, no tiene derecho al retorno”, leyó.

Manuel Arias volvió. Pidió un préstamo de 900 euros a un banco español para realizar los trámites migratorios. Recientemente pagó los 40 CUC que cuestan dos prórrogas para permanecer más tiempo en el país. Intentará quedarse nuevamente, esta vez verá si tiene suerte.