Ante el Silencio Administrativo, el Recurso de Alzada (paso III)


Wilfredo Vallín Almeida

Como recordarán nuestros lectores, por segunda vez consecutiva, la Asociación Jurídica Cubana había acudido al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia en solicitud, conforme a la Ley, de una certificación de esa entidad reconociendo que en el país no existe otra agrupación con ese nombre y esos propósitos.

Por segunda vez, aguardamos el tiempo reglamentario en espera de la respuesta que fue la misma que la oportunidad anterior, o sea, silencio total a nuestra solicitud, a pesar de lo que la Constitución de la nación regula al respecto.

El problema radicaba entonces en que, conforme a una larga practica, el silencio de una entidad administrativa en Cuba se interpreta en el sentido de negativa, o sea, que si un nivel administrativo dado no responde a su pregunta o ruego, usted debe tomar esto como una respuesta negativa a su solicitud.

Ante tal disyuntiva, decidimos utilizar un recurso legal que la ley nos brindaba.

En Derecho, se llama “recurso” a la reclamación que hace el que se cree perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal, para ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de su reforma o revocación.

Por otra parte, el recurso de alzada en Derecho Administrativo, es quien concede acudir ante el superior jerárquico del que dictó una resolución de carácter administrativo, a fin de que la suspenda o la modifique.

Así las cosas, decidimos acudir al Recurso de Alzada.

Este recurso que la ley cubana nos confiere como derecho y que los lectores pueden leer en la Página de legalización de la AJC de nuestro blog, fue entregado en la Recepción del Ministerio de Justicia el día 28 de abril de 2010 y tiene como Registro de Entrada el No.3342 de esa entidad estatal.

En ese documento se explican las razones del uso del recurso, la formalidad quebrantada por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia y lo que interesábamos de la Ministra del ramo: la entrega del documento del registro de Asociaciones, que no representaba siquiera el reconocimiento legal de nuestra Asociación, sino simplemente que no existía en el país otra agrupación con ese nombre y esos propósitos.

El argumento de derecho que como MOTIVO ÚNICO de nuestro recurso lo fundamentaba fue el artículo 68 del reglamento de la ley No.54, “Ley de Asociaciones”.

Ahora, y conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, había cuarenta y cinco días naturales concedidos a la autoridad administrativa para responder nuestro recurso.

Dado que una funcionaria de tan alta investidura como la Ministra del ramo había sido invocada para ponerlas cosas en su lugar, nos sentamos, por tercera vez, a esperar la aparición de la diosa Dike, con su balanza en una mano, la espada en la otra y, sobre todo, con la venda de la imparcialidad sobre sus ojos de madre justa.

vallinwilfredo@yahoo.com

 

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