¿Es ciertamente libre el ejercicio de la abogacía en Cuba? (II)


Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El análisis realizado obliga a responder negativamente a la interrogante tema de este artículo, pues el ejercicio libre de la abogacía es letra muerta en la realidad, ya que el Decreto-Ley atribuye la categoría específica de Abogado sólo a quienes ejercen desde la ONBC, por lo que es posible concluir que no es abogado el jurista que no pertenezca a dicha organización, definida por el artículo 5 de dicho Decreto-Ley, como una “…entidad autónoma nacional, de interés social y carácter profesional con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por juristas, y se rige por el presente Decreto-Ley, su legislación complementaria y los acuerdos y disposiciones de sus órganos de dirección…” permitiendo de manera excepcional ejercer como abogado sin ser miembro de la ONBC, a los juristas que se encuentre en alguna de de las cinco situaciones previstas en el artículo 4 del mencionado Decreto-Ley #81. Estas son:

a) estar vinculado laboralmente a las sociedades civiles de servicios reconocidas por la legislación vigente.

b) asuma el jurista la dirección o representación de asuntos relacionados con sus propios derechos, con los de su cónyuge o con los de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

c) representen o dirijan procedimientos en los que sea parte la entidad estatal, cooperativa, organización social y de masas donde preste sus servicios; a sus dirigentes cuando se trate de hechos relativos a las funciones a su cargo.

ch) hayan sido excepcionalmente autorizados por el Ministro de Justicia para actuar en un procedimiento determinado.

d) ejerzan la docencia en facultades de derecho.

Fuera de estos cinco supuestos, no le es posible a ningún jurista cubano, por muy capaz que sea profesionalmente, y reúna además todas las condiciones morales acordes con los principios de nuestra sociedad; ejercer la abogacía fuera de la ONBC, organización que aunque se define como autónoma, está sujeta a la inspección, supervisión y control de su actividad y la de sus miembros, por el Ministerio de Justicia, tal como lo establece la Disposición Especial primera del Decreto-Ley 81, regulación legal que como espada de Damocles cercena su autonomía y libertad, expresando, aunque de manera velada, su verdadero carácter estatal y oficialista.

 

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